El Gobierno nacional profundiza su giro en la política social con la baja del programa Volver al Trabajo y su reemplazo por capacitaciones. Entre el discurso de la “empleabilidad” y el recorte del gasto, crecen las críticas por el impacto inmediato.
En una decisión que combina ajuste fiscal y redefinición ideológica del rol del Estado, el gobierno de Javier Milei avanzó con la eliminación de unos 900 mil planes sociales y su reemplazo por vouchers de capacitación laboral.
La medida, que pone fin al programa Volver al Trabajo, deja sin ingreso directo a cientos de miles de beneficiarios y traslada la asistencia hacia un esquema condicionado a la formación, aún sin garantías concretas de inserción en el mercado laboral.
Desde la Casa Rosada insisten en que se trata de terminar con un sistema “clientelar” y promover la autonomía, pero en los hechos la iniciativa recorta de manera inmediata el gasto social y desplaza el eje de la contención hacia una promesa futura.
Organizaciones sociales y sectores de la oposición advierten que el cambio no sólo profundiza la pérdida de ingresos en los sectores más vulnerables, sino que además abre un nuevo frente de conflicto en un contexto de deterioro económico, donde la capacitación, por sí sola, difícilmente compense la falta de empleo real.