Varios padres estuvieron años sin ver a sus hijos pese a fallos judiciales favorables. La complejidad del caso obligó a la intervención de la Corte Suprema provincial
Una demanda colectiva presentada en Rosario por un grupo de padres divorciados, que fueron denunciados por presunto abuso infantil y por tal motivo vieron interrumpida la relación con sus hijos, llegó a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que convocó a una reunion con el Colegio de Abogados, fiscales y otros órganos del Poder Judicial.
Lo que está bajo sospecha es el accionar de tres profesionales psicólogas que habrían elaborado informes psicológicos, presuntamente falsos, con contenidos similares en distintos expedientes.
Todo surgió a partir de la gran cantidad de casos que tiene como corolario una denuncia penal colectiva por falso testimonio agravado contra las tres profesionales rosarinas, quienes pertenecen a una agrupación conducida por un reconocido exjuez federal. Piden que se investigue la comisión del delito de asociación ilícita y corrupción de menores, que tendría por objeto la emisión de estos falsos informes.
En el cónclave convocado por el máximo tribunal santafesino se acordó organizar una primera etapa de recopilación de información para trabajar sobre bases estadísticas más concretas y abordar la problemática, según precisaron desde el Colegio de Abogados de la 2ª circunscripción.
La denuncia penal que tomó la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Guillermina Aiello, lleva el patrocinio letrado de Viviana Cosentino, Ramiro Coso, Carina Lurati, Juan Lewis, Froilán Ravena, Renzo Biga, José Nanni, Rafael Tamous, Estela Marelli y Andriana Torchio, en representación de los papás P.B., J.J., M.L., R.V., G.V., S.L.S., y A.D.S.
Un caso complejo, explicado
En una entrevista periodística, el abogado José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, puso en foco esta presunta operatoria irregular en causas de abuso infantil, a partir de la detección de informes psicológicos con contenidos similares («calcados») en distintos expedientes. El planteo advierte sobre el impacto de estos dictámenes en procesos judiciales que derivaron en la interrupción del vínculo entre padres separados y sus hijos.
La denuncia, que ya tiene carácter penal, apunta a al menos tres psicólogas que habrían intervenido en múltiples expedientes con dictámenes de contenido similar, describiendo situaciones de abuso con terminología repetida y sin correlato con otras pruebas del proceso.
Un patrón que encendió las alarmas
De acuerdo con lo señalado por Nanni –en declaraciones al programa Expediente 24, del medio SL24, de San Lorenzo–, la irregularidad comenzó a detectarse cuando abogados defensores compararon distintos expedientes y advirtieron coincidencias llamativas en los informes profesionales. En varios casos, los diagnósticos contrastaban con otros elementos probatorios, como testimonios escolares o entrevistas en Cámara Gesell, donde los menores no relataban situaciones de abuso.
El caso que impulsó la investigación es el de un padre que permaneció siete años sin contacto con su hija, en base a uno de estos informes. La causa llegó a juicio oral y terminó con la absolución del acusado, luego de que el tribunal concluyera que la prueba central carecía de sustento.
Denuncias, archivos y revinculaciones que no llegan
El fenómeno, según la presentación, no se limita a un solo expediente. Existen múltiples casos en los que hombres denunciados por abuso fueron finalmente sobreseídos o vieron archivadas las causas, pero aun así no lograron retomar el vínculo con sus hijos.
Los casos relevados muestran un patrón de procesos extensos, con demoras en la realización de Cámaras Gesell, reaperturas de causas ya desestimadas y decisiones contradictorias dentro del Ministerio Público de la Acusación. En términos generales, los tiempos de desvinculación parental oscilan entre dos y más de siete años.
En varios expedientes, incluso después de resoluciones judiciales favorables a los acusados, la revinculación no se concretó, ni siquiera en ámbitos supervisados dentro de Tribunales.
El rol de la Justicia de Familia
Uno de los ejes más críticos de la denuncia apunta al funcionamiento del sistema judicial en su conjunto, especialmente a la interacción entre los fueros Penal y de Familia. Según explicó Nanni, la existencia de una causa penal abierta —aunque luego se demuestre infundada— habilita a los tribunales de Familia a dictar medidas cautelares de impedimento de contacto.
Estas decisiones, tomadas bajo el principio de protección del menor, pueden extenderse durante años y generan, en la práctica, la ruptura del vínculo familiar. El resultado, advierten, es la exclusión no solo del padre sino también de su entorno cercano, como abuelos y tíos.
Sospechas sobre una red organizada
La investigación también busca determinar posibles conexiones entre las profesionales denunciadas. Según indicó el abogado, hay indicios de vínculos con una organización no gubernamental con sede en La Plata, que tendría una filial en Rosario y estaría presidida por un ex juez federal.
En este contexto, la hipótesis es que podría tratarse de una estructura organizada que intervenía en distintos casos con un mismo esquema de actuación.
Cuestionamientos al Colegio de Psicólogos
Otro punto señalado en la denuncia es la actuación del Colegio de Psicólogos. Nanni afirmó que se realizaron presentaciones formales ante la entidad, pero cuestionó lo que calificó como una actitud “pasiva” frente a la gravedad de los hechos denunciados.
Según el letrado, la falta de respuestas institucionales contribuye a sostener prácticas que podrían afectar tanto a las familias involucradas como a la credibilidad del sistema.
Pruebas bajo sospecha y una causa en desarrollo
Entre los elementos observados en la investigación también aparecen indicios de posibles irregularidades en pruebas materiales. Se mencionaron, por ejemplo, dibujos atribuidos a niños muy pequeños que, según peritajes, no se corresponden con las capacidades evolutivas de esa edad.
La denuncia penal continúa en etapa de investigación y podría derivar en imputaciones si se comprueba la existencia de delitos vinculados a la producción de pruebas falsas.
Mientras tanto, el caso abre un debate complejo sobre el funcionamiento de la Justicia, el rol de los peritos y las consecuencias que pueden tener los procesos judiciales prolongados en la vida de niños y familias.