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El deterioro del empleo y el cierre de empresas profundizan la tensión sobre el modelo económico de Milei

El mercado laboral argentino atraviesa una contracción que ya supera, en algunos indicadores, los registros de períodos críticos como la gestión de Mauricio Macri y la pandemia. La pérdida de puestos de trabajo registrados coincide con una reducción sostenida del número de empresas y con un fenómeno que preocupa especialmente al universo pyme: negocios que, ante la imposibilidad de sostener sus estructuras y cumplir con los costos de la formalidad, reducen su actividad o pasan a operar fuera del sistema.

Las cifras permiten dimensionar el alcance del proceso. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 desaparecieron 32.429 unidades productivas en el país, una caída del 6,3%. En ese mismo período, el número de trabajadores registrados vinculados a esas unidades se redujo en 467.989, equivalente a una contracción del 4,7%.

Por otra parte, los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que el empleo asalariado privado perdió 274.339 puestos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, un retroceso del 4,3%. Esta última medición ubica la destrucción de puestos privados por encima de la registrada durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, de acuerdo con la comparación difundida por InfoPlatense.

Aunque se trata de indicadores con universos y metodologías diferentes, ambos relevamientos describen una misma tendencia: el achicamiento del empleo formal y una pérdida de capacidad del entramado productivo para sostener puestos de trabajo.

Una crisis que alcanza a casi todo el país

La retracción empresarial tiene una distribución territorial extendida. Según los datos publicados por Ámbito, 23 de las 24 jurisdicciones registraron una reducción en la cantidad de unidades productivas desde el inicio de la actual gestión.

En términos absolutos, Buenos Aires encabezó las bajas, con 9.084 empresas menos. Le siguieron Córdoba, con 5.082; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3.383; y Santa Fe, con 3.335. En el extremo opuesto aparece Neuquén, que sumó 136 unidades productivas, un crecimiento del 1,8%, impulsado principalmente por la actividad vinculada con Vaca Muerta.

La distribución muestra que el retroceso no se limita a una región ni a una actividad específica. La industria manufacturera, el comercio, la construcción y diferentes segmentos de servicios enfrentan dificultades para sostener sus niveles de producción y empleo.

El caso textil aparece entre los más comprometidos. Según datos de la Fundación Pro Tejer citados por Ámbito, la actividad cayó un 33,9% entre enero y agosto de 2026 respecto del mismo período de 2023. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 40,6% y el sector perdió casi 29.000 puestos de trabajo.

La combinación de menor demanda interna, mayores dificultades para competir con productos importados y costos operativos elevados configura un escenario particularmente complejo para las empresas que dependen del mercado doméstico.

Pymes que sobreviven fuera de la formalidad

Uno de los aspectos más preocupantes del proceso es que el cierre de establecimientos no refleja por completo la dimensión del problema. Dirigentes empresariales advierten que numerosas pequeñas y medianas empresas no desaparecen definitivamente, sino que reducen sus estructuras y trasladan parte de sus operaciones a la informalidad para poder continuar funcionando.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, explicó que muchas firmas familiares, especialmente talleres y pequeños establecimientos industriales, se ven obligados a achicarse ante la falta de demanda y las dificultades para afrontar salarios, impuestos y obligaciones financieras. En algunos casos, los negocios quedan reducidos al trabajo de sus propios integrantes, sin capacidad para mantener personal registrado.

Una situación similar describió Roberto Fermani, titular de la Cámara Argentina de Ópticas, quien cuestionó que la reconversión productiva planteada por el Gobierno pueda concretarse en las condiciones actuales. Según su análisis, buena parte de las empresas del sector enfrenta como alternativas el cierre, la reducción al mínimo de su estructura o el traslado hacia actividades informales.

El fenómeno introduce una dimensión adicional en las estadísticas laborales. Cuando una empresa deja de registrar trabajadores, pero continúa funcionando de manera precaria, el deterioro no siempre aparece reflejado como un cierre definitivo, aunque sí implica pérdida de derechos laborales, menor protección social y una reducción de los recursos fiscales.

La industria, en el centro del retroceso laboral

La caída del empleo tiene un impacto especialmente marcado en la actividad industrial. De acuerdo con el relevamiento citado por InfoPlatense, el sector acumula 22 meses consecutivos de retroceso y casi 100.000 puestos de trabajo perdidos en tres años, lo que representa más del 8% de su dotación.

El comercio también muestra dificultades, mientras que las pérdidas se extienden a los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias y la intermediación financiera. En conjunto, estos rubros representan una porción significativa del empleo privado registrado.

La construcción constituye otro de los sectores afectados por la paralización de la obra pública y la menor actividad en distintos segmentos de la inversión privada. El impacto se transmite a proveedores, fabricantes de materiales, transportistas y trabajadores vinculados con toda la cadena.

En este contexto, la evolución del empleo independiente y del monotributo aparece como otro punto de discusión. El Gobierno destacó que durante agosto se incorporaron 19.046 monotributistas y que el empleo formal privado total, al incluir asalariados e independientes, mostró una mejora del 0,1%. Sin embargo, especialistas y organizaciones empresariales advierten que el crecimiento de estas modalidades no necesariamente implica la creación de puestos equivalentes a los empleos asalariados que se pierden.

La diferencia es relevante: el trabajo independiente no garantiza las mismas condiciones que una relación de dependencia, particularmente en materia de aguinaldo, vacaciones pagas, estabilidad y aportes patronales.

El desafío de transformar la estabilización en actividad

El Gobierno sostiene que el ordenamiento macroeconómico, la reducción de la inflación y los cambios regulatorios permitirán recuperar la inversión y generar empleo formal. Desde esa perspectiva, la economía atraviesa una etapa de transición en la que algunos sectores pierden peso mientras otros, vinculados con la energía, la minería y las actividades exportadoras, tienen mejores perspectivas de expansión.

Sin embargo, los datos sobre empresas y empleo plantean un interrogante sobre los tiempos y los alcances de esa transformación. El crecimiento de determinadas actividades no garantiza por sí mismo que los puestos de trabajo perdidos en la industria, el comercio y las economías regionales puedan recuperarse ni que los nuevos empleos tengan características similares en cantidad, distribución territorial y calidad.

La discusión también tiene una dimensión política. La evolución del mercado laboral constituye uno de los principales indicadores con los que la oposición, los sindicatos y las organizaciones empresariales cuestionan los resultados del programa económico. Al mismo tiempo, la administración de Milei apuesta a que la estabilidad macroeconómica termine generando condiciones para una recuperación más amplia.

El desafío será determinar si esa recuperación consigue extenderse al conjunto del aparato productivo o si se consolida una economía con sectores dinámicos y competitivos, pero con una base empresarial más reducida y un mercado laboral cada vez más fragmentado. La cantidad de empresas que sobreviven, la capacidad de las pymes para sostener empleo registrado y la recuperación del consumo serán variables centrales para evaluar el alcance social del modelo económico.