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El Gobierno convirtió el mensaje del Papa en una defensa del ajuste y evitó discutir sus consecuencias sociales

La despedida del papa León XIV de la Argentina dejó algo más que el recuerdo de una visita histórica. Sus discursos instalaron una serie de definiciones sobre la economía, el trabajo, la democracia y la responsabilidad de quienes gobiernan que rápidamente ingresaron en el debate político nacional. La respuesta del Gobierno de Javier Milei fue intentar desactivar cualquier lectura crítica de esas intervenciones y, al mismo tiempo, incorporarlas a su propio relato sobre los resultados del programa económico.

La estrategia tuvo distintas voces, pero un denominador común: separar el mensaje religioso de sus posibles implicancias políticas. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que las palabras del Pontífice «nada tuvieron que ver con la política», mientras que Karina Milei eligió destacar el carácter espiritual y emotivo de los cuatro días de actividades. Sin embargo, cuando el oficialismo debió explicar qué significaban aquellas declaraciones para la gestión, terminó ofreciendo una interpretación que reivindicó precisamente las medidas cuestionadas por buena parte de los sectores sociales.

La operación discursiva quedó más expuesta durante la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Allí aseguró que el Gobierno compartía los principios expresados por León XIV y sostuvo que las políticas implementadas desde diciembre de 2023 habían tenido como objetivo poner la economía al servicio de las personas. De ese modo, la administración libertaria buscó apropiarse de una definición que, por su contenido y por el contexto en el que fue pronunciada, también podía funcionar como una interpelación a las prioridades de la Casa Rosada.

Dos interpretaciones sobre el sentido de la economía

La frase del Papa —la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía— fue uno de los pasajes más significativos de su discurso ante las autoridades argentinas. León XIV no mencionó directamente a Milei ni formuló una impugnación explícita de su programa, pero puso el foco en realidades que atraviesan la Argentina y que se encuentran en el centro de las controversias sobre el ajuste.

Habló de las familias que viven bajo la incertidumbre, de quienes buscan empleo, de los adultos mayores que contribuyeron durante años a construir la sociedad y de las personas que, aun teniendo trabajo, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares. También reclamó fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación científica, además de prestar especial atención a quienes atraviesan situaciones de enfermedad o discapacidad.

El Gobierno eligió responder desde otra dimensión del problema. Ravier argumentó que el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario y la estabilidad cambiaria no son objetivos meramente técnicos, sino instrumentos para reducir la inflación, a la que definió como un flagelo que golpea especialmente a los sectores de menores recursos. Desde esa perspectiva, la estabilización macroeconómica sería la condición necesaria para mejorar las condiciones de vida de la población.

El razonamiento tiene un punto de contacto con una preocupación que excede al oficialismo: la inflación deteriora los ingresos, castiga particularmente a quienes tienen menos capacidad de protegerse y dificulta cualquier planificación familiar o productiva. Sin embargo, el debate no termina allí. La discusión central consiste en determinar quiénes soportan los costos de la estabilización, cuánto tiempo pueden sostenerlos y qué políticas acompañan el proceso para evitar que la recuperación económica quede desligada de las necesidades sociales.

Ese es precisamente el aspecto que la respuesta oficial dejó en segundo plano. La defensa del equilibrio fiscal no responde por sí sola a los interrogantes sobre la pérdida de poder adquisitivo, la calidad del empleo, el acceso a prestaciones esenciales o las dificultades que enfrentan los sectores que dependen de la asistencia estatal.

Las coincidencias que eligió destacar la Casa Rosada

En su exposición, Ravier enumeró una serie de puntos de contacto entre el pensamiento del Pontífice y las posiciones del Gobierno: la defensa de la vida desde la concepción, la familia como núcleo de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo individual, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la limitación del poder político y el rechazo a la corrupción.

La selección no fue casual. El oficialismo encontró en esos conceptos un terreno de coincidencia con su propia agenda ideológica y los utilizó para construir una lectura favorable de la visita. El problema es que esa enumeración también dejó afuera buena parte de las preocupaciones sociales que León XIV había expresado durante sus intervenciones.

El reconocimiento del valor de la iniciativa privada, por ejemplo, estuvo presente en el discurso papal, pero acompañado de una condición: que el crecimiento económico alcance también a quienes encuentran mayores dificultades. No se trata de una diferencia menor. El Pontífice no planteó una oposición entre actividad privada y compromiso social, sino la necesidad de que el desarrollo económico tenga como horizonte el bienestar de toda la comunidad.

En ese punto aparece una de las principales diferencias entre ambos enfoques. Mientras el Gobierno considera que la estabilización y la reducción del gasto público constituyen el camino para recuperar la economía, la doctrina social de la Iglesia incorpora una dimensión adicional: el crecimiento debe traducirse en oportunidades concretas, dignidad laboral y protección de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La autoridad, el Estado y los límites del poder

La discusión tampoco se limita a la economía. Durante su discurso en el Palacio Libertad, León XIV dedicó varios pasajes a la responsabilidad institucional y al ejercicio de la autoridad. Sostuvo que gobernar implica prestar un servicio, actuar con prudencia, reconocer los límites del poder y orientar las decisiones hacia el bien de toda la comunidad.

También reivindicó la democracia, el diálogo y la necesidad de escuchar a quienes piensan diferente. Fueron definiciones que adquirieron una resonancia particular en un escenario político caracterizado por la confrontación permanente entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición, además de los frecuentes cuestionamientos del Presidente a dirigentes, periodistas y organizaciones sociales.

El Papa no personalizó sus observaciones ni convirtió su visita en una intervención partidaria. Sin embargo, sus palabras instalaron una concepción de la política que coloca la responsabilidad pública por encima de la confrontación y exige que las decisiones de gobierno contemplen al conjunto de la sociedad.

La respuesta de la Casa Rosada mostró, en cambio, una intención de circunscribir el significado de la visita a los aspectos que podían integrarse sin contradicciones a su discurso político. La diferencia entre ambas miradas no supone necesariamente un enfrentamiento institucional, pero sí expone dos formas distintas de entender las obligaciones de quienes ejercen el poder.

El costo social que sigue sin respuesta

La dificultad del Gobierno para absorber sin tensiones el mensaje papal tiene que ver con el contexto en el que se desarrolla su programa económico. El ajuste fiscal produjo transformaciones profundas en el funcionamiento del Estado y abrió conflictos en áreas sensibles como las jubilaciones, la discapacidad, la educación y la investigación científica.

A eso se suman las dificultades de numerosos sectores productivos, las tensiones en el mercado laboral y el deterioro de los ingresos de familias que todavía no encuentran una mejora concreta en sus condiciones de vida. Son realidades que no desaparecen por la desaceleración de la inflación ni quedan resueltas con la presentación de resultados fiscales positivos.

La estabilidad macroeconómica puede ser una condición importante para recuperar la actividad, pero su legitimidad también depende de cómo se distribuyen sus beneficios y de qué respuestas reciben quienes atraviesan el período de mayor dificultad. Allí aparece una pregunta que el oficialismo todavía debe responder con hechos: cómo garantizar que el esfuerzo que demanda el programa económico no termine profundizando las desigualdades que dice querer superar.

La visita de León XIV dejó planteado ese interrogante sin necesidad de confrontar directamente con el Presidente. Y la reacción posterior del Gobierno terminó demostrando que el mensaje tenía una dimensión política que la Casa Rosada prefería relativizar.

En definitiva, la discusión no pasa solamente por quién interpreta mejor las palabras del Papa, sino por el modelo de sociedad que se construye a partir de las decisiones económicas. El equilibrio de las cuentas públicas, la libertad de mercado y la iniciativa privada pueden formar parte de un proyecto de desarrollo, pero no constituyen por sí solos una respuesta a las demandas de una sociedad atravesada por desigualdades y necesidades urgentes.

León XIV se fue de la Argentina, pero dejó una definición que seguirá funcionando como referencia para evaluar la gestión. Porque más allá de los discursos y las interpretaciones oficiales, el verdadero alcance de una política económica no se mide únicamente por sus indicadores macroeconómicos, sino también por su capacidad para mejorar la vida cotidiana de las personas.