La Fiscalía paraguaya encontró un compartimento oculto detrás de una pared falsa en la residencia de verano del exmandatario, en San Bernardino. El sistema de seguridad, que incluiría reconocimiento biométrico y tecnología de origen israelí, impide hasta ahora conocer qué hay en su interior. El hallazgo se produjo en el marco de una causa que investiga los vínculos financieros entre Peña y Ueno Bank, entidad cuya crisis derivó en un escándalo de alcance institucional
El allanamiento de una residencia privada terminó convirtiéndose en uno de los episodios más llamativos de la investigación que sacude a Paraguay. En la mansión de Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en San Bernardino, los fiscales encontraron una bóveda de alta seguridad escondida detrás de una pared falsa. El recinto cuenta con un sistema de acceso tan complejo que, pese a la intervención de técnicos y especialistas, las autoridades todavía no consiguieron abrir su segunda puerta blindada.
El hallazgo se produjo durante un procedimiento judicial realizado el domingo 8 de noviembre, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas con Ueno Bank. Los investigadores lograron atravesar una primera compuerta, pero se encontraron con un segundo dispositivo que combina distintos mecanismos de verificación: claves digitales, llaves físicas y lectores biométricos, entre ellos reconocimiento del iris y huella dactilar. Según las informaciones difundidas por medios paraguayos, el equipamiento sería de fabricación israelí.
Por el momento, no existe información oficial sobre el contenido de la bóveda. Tampoco se confirmó que allí se encuentren documentos, dinero u otros elementos relacionados con la causa. La Fiscalía mantiene la propiedad bajo vigilancia y analiza cómo completar la diligencia sin comprometer la integridad del lugar ni aquello que pudiera estar guardado en su interior.
Un acceso que desafía a los investigadores
La complejidad del sistema obligó al Ministerio Público a evaluar distintas alternativas. Una de ellas consiste en consultar a Leticia Ocampos, esposa del exmandatario, para determinar si su iris se encuentra registrado entre las credenciales habilitadas para ingresar. También se mencionó la posibilidad de recurrir a otros familiares, aunque los fiscales reconocieron que no están legalmente obligados a colaborar.
Otra opción, de mayor riesgo, es realizar una detonación controlada para vencer la barrera de seguridad. Sin embargo, esa alternativa requiere una evaluación técnica, ya que la estructura se encuentra debajo de una piscina y una intervención de ese tipo podría provocar daños tanto en la construcción como en los eventuales elementos resguardados.
Los fiscales descartaron, al menos por ahora, trasladar a Peña hasta la residencia para que él mismo habilite el acceso. El expresidente permanece bajo prisión preventiva en Asunción, luego de su destitución mediante juicio político. La investigación también incluyó el secuestro de un teléfono celular que estaba en su poder.
La posibilidad de que el recinto sea una habitación de seguridad o de pánico forma parte de las hipótesis mencionadas por los investigadores. Esa explicación, sin embargo, tampoco está confirmada. La incógnita sobre su función y su contenido permanece abierta.
La mansión y los créditos de Ueno
La bóveda no constituye un episodio aislado: la residencia ya estaba bajo la lupa por el origen de los fondos utilizados para construirla. La propiedad, situada en un terreno de más de 5.000 metros cuadrados, cuenta con aproximadamente 1.015 metros cuadrados edificados y fue valuada en torno de los 7.700 millones de guaraníes, aunque algunas estimaciones periodísticas ubican su valor de mercado cerca de los dos millones de dólares.
Según los datos incorporados a la investigación, la obra fue financiada mediante dos préstamos simultáneos otorgados por Ueno Bank en mayo de 2024, cuando Peña todavía ejercía la Presidencia. Los créditos sumaron 3.548 millones de guaraníes y las cuotas mensuales alcanzaban aproximadamente 239 millones, un monto que representaba varias veces el salario presidencial informado oficialmente.
El financiamiento de una propiedad de esas dimensiones por parte de una entidad financiera que posteriormente quedó en el centro de una crisis de enorme repercusión pública se convirtió en uno de los puntos sensibles del expediente. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y los vínculos entre el banco y el exmandatario. Peña, por su parte, había sostenido que la construcción se solventó con recursos propios, inversiones y los préstamos declarados.
El caso Ueno excede la situación patrimonial de una figura política. La intervención de la entidad financiera dejó a millones de clientes afectados y puso bajo revisión el manejo de fondos y las relaciones entre el sistema bancario, el sector público y los actores con responsabilidades institucionales. La Fiscalía calcula un perjuicio potencial de alrededor de 809 millones de dólares, cifra vinculada con los depósitos estatales involucrados en la investigación y que no debe confundirse con una pérdida judicialmente acreditada.
Una investigación que pone a prueba la transparencia institucional
La aparición de una bóveda oculta agrega un componente de alto impacto público, pero su verdadero significado dependerá de lo que logren establecer los investigadores. La existencia de un recinto blindado no demuestra por sí misma la comisión de un delito ni permite anticipar qué podría encontrarse detrás de la puerta. Lo relevante, desde el punto de vista judicial, es determinar su función, quiénes tenían acceso y si su contenido guarda alguna relación con los hechos investigados.
El episodio también vuelve a poner en discusión el alcance de los controles sobre el patrimonio de los funcionarios y la necesidad de que las explicaciones sobre el origen de los bienes puedan ser verificadas mediante procedimientos transparentes. Cuando una residencia construida durante el ejercicio del poder aparece vinculada con créditos de una entidad financiera posteriormente investigada, las preguntas dejan de ser exclusivamente privadas y adquieren una dimensión institucional.
La causa deberá avanzar con pruebas y procedimientos que permitan establecer responsabilidades sin convertir las sospechas en conclusiones anticipadas. Abrir la bóveda puede aportar información, pero no reemplaza la tarea de reconstruir las operaciones financieras, verificar la documentación y determinar si existieron beneficios indebidos.
Por ahora, la puerta sigue cerrada. Y mientras la Fiscalía busca la manera de acceder al compartimento, el caso Ueno continúa exponiendo una trama en la que se cruzan patrimonio personal, financiamiento bancario y responsabilidades públicas. La respuesta sobre qué guarda esa estructura será una pieza más de una investigación cuyo alcance todavía está lejos de quedar definido.


























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