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El lado oscuro de la IA: América Latina enfrenta la amenaza de convertirse en el patio trasero de los gigantes tecnológicos

La carrera global por desarrollar inteligencia artificial (IA) empieza a mostrar una contracara que las grandes compañías tecnológicas preferirían mantener fuera de escena. Los centros de datos, esas enormes instalaciones que concentran miles de servidores y requieren cantidades extraordinarias de electricidad y agua, se convirtieron en un foco de resistencia social en Estados Unidos. Y lo que hasta hace poco parecía una oportunidad de inversión y modernización comienza a transformarse también en un problema político.

Los resultados de las elecciones de medio término estadounidenses dejaron una señal contundente: el rechazo a estas megaestructuras tuvo incidencia en votaciones de 29 jurisdicciones. En al menos tres estados –Texas, Ohio y Georgia–, candidatos que prometieron regular su instalación lograron imponerse. Hasta Elon Musk, uno de los principales referentes del universo tecnológico, ironizó sobre el resultado con una sugestiva frase en su red social X: «Los centros de datos en el espacio se ven bastante atractivos ahora».

Detrás del malestar hay razones concretas. Las comunidades que conviven con estas instalaciones denuncian aumentos en las tarifas eléctricas, una competencia creciente por el acceso al agua dulce, contaminación y ruido permanente.

Un estudio de la Reserva Federal de Dallas estimó que los centros de datos elevaron un 6,9% los precios mayoristas nacionales de la electricidad durante 2025, en comparación con un escenario sin esa demanda. En el norte de Virginia, el impacto habría llegado al 15%. El problema es que los costos de ampliar y mantener la infraestructura eléctrica terminan trasladándose, en buena medida, a los usuarios.

El consumo de agua tampoco es menor. Las estimaciones citadas en el informe indican que estas instalaciones requieren 7,1 metros cúbicos por cada megavatio-hora consumido, considerando tanto el uso directo como el indirecto para generar electricidad. En 2024, los centros de datos representaron alrededor del 1,5% del consumo eléctrico mundial, unos 415 teravatios-hora. La Agencia Internacional de la Energía proyecta que esa demanda podría duplicarse hacia 2030.

El negocio busca nuevos territorios

Frente a la resistencia de las comunidades estadounidenses, las grandes corporaciones tecnológicas no parecen dispuestas a frenar sus planes de expansión. La estrategia consiste, más bien, en buscar nuevos territorios donde instalar sus infraestructuras con menores costos y exigencias. América Latina aparece entonces como una nueva frontera de negocios, pero también como un escenario de competencia entre países dispuestos a ofrecer condiciones cada vez más favorables.

Beatriz Busaniche, directora ejecutiva de la Fundación Vía Libre, advirtió que Argentina reúne varias de las características que buscan estas compañías: disponibilidad territorial, recursos naturales y, especialmente, un esquema regulatorio que el gobierno de Javier Milei presenta como una ventaja para atraer inversiones.

Las provincias patagónicas de Chubut y Neuquén aparecen entre los posibles destinos. Pero esa supuesta oportunidad abre interrogantes importantes: ¿qué garantías tendrán las comunidades?, ¿quién controlará el consumo de recursos naturales? y, sobre todo, ¿qué recibirá el país a cambio de poner su infraestructura energética y ambiental al servicio de empresas globales?

El caso de Paraguay ofrece un anticipo de esa competencia. Pablo Serdán, fundador del Observatorio Tengo Data, señaló que el proyecto Stargate, vinculado a Peter Thiel, terminó instalándose en Iguazú City, Paraguay, después de que su emplazamiento estuviera previsto originalmente en Argentina. Según explicó, allí encontró energía más barata y menores exigencias regulatorias.

Los recursos locales, los beneficios globales

En Argentina ya funcionan 52 centros de datos que, según los relevamientos del Observatorio, consumen una cantidad de energía equivalente a la que utilizan unos 391.000 habitantes, una población cercana a la de La Rioja o Catamarca. Sin embargo, conocer cuánto agua utilizan sigue siendo una tarea difícil. La falta de información pública y de mecanismos de consulta a las comunidades constituye uno de los principales puntos de preocupación.

El caso de Trelew, en Chubut, resulta especialmente ilustrativo. Allí se anunció la instalación de uno de estos emprendimientos en una zona que atraviesa situaciones recurrentes de estrés hídrico. Las empresas sostienen que no habrá consecuencias ambientales, pero el antecedente estadounidense muestra por qué esas afirmaciones necesitan controles independientes y datos transparentes.

La discusión excede, además, el impacto ambiental. También está en juego la soberanía tecnológica. Contar con capacidad de procesamiento de datos es una condición importante para desarrollar investigación científica, servicios propios y conocimiento local.

Busaniche advirtió que Brasil, por ejemplo, cuenta con regulaciones que exigen monitorear el consumo energético y el impacto hídrico de estas instalaciones. También planteó la necesidad de que los países latinoamericanos desarrollen capacidad de cómputo propia, en lugar de convertirse exclusivamente en proveedores de recursos para las grandes tecnológicas.

En ese escenario aparece otra preocupación: el acuerdo Pax Cíclica con Estados Unidos, que establece prioridades para las compañías estadounidenses frente a empresas chinas o de otras nacionalidades. Para Serdán, la región debería evitar quedar atrapada en una disputa entre potencias y negociar condiciones propias, incluso mediante una estrategia común del Mercosur.

A esto se suma la posibilidad de ampliar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mediante el denominado super RIGI. Serdán advirtió que el blindaje jurídico de las inversiones por períodos de hasta 30 años podría dejar a las comunidades y al Estado con escaso margen para revisar compromisos y condiciones frente a una tecnología cuyos efectos todavía no se conocen por completo.

La paradoja es evidente: mientras en Estados Unidos los votantes empiezan a exigir límites a un modelo que encarece servicios y compromete recursos naturales, en América Latina algunos gobiernos compiten por atraer esas mismas instalaciones ofreciendo ventajas regulatorias. En la Argentina de Milei, donde la desregulación se presenta como una política de Estado, el riesgo es que la carrera por captar inversiones termine convirtiendo una oportunidad tecnológica en un negocio extraordinario para las corporaciones y una cuenta demasiado pesada para la sociedad.