Bienvenidos a Todavía no es tarde

Los intendentes del interior llevaron a Diputados la disputa por los recursos que Nación concentra en el AMBA

La discusión por el reparto de los recursos nacionales sumó un nuevo capítulo en el Congreso. Unos 90 intendentes del interior del país, de diferentes pertenencias políticas, llevaron a la Cámara de Diputados un reclamo conjunto al gobierno de Javier Milei por dos cuestiones que tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana: el financiamiento del transporte público y la provisión de medicamentos esenciales a través del Plan Remediar.

La presentación tuvo un dato político significativo: la convergencia de dirigentes que no necesariamente comparten un mismo espacio partidario, pero que coinciden en cuestionar el impacto territorial de las decisiones del Gobierno nacional. El planteo no se limitó a solicitar mayores transferencias, sino que apuntó a discutir los criterios con los que se distribuyen los recursos y las responsabilidades entre la Nación, las provincias y los gobiernos locales.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó de la exposición ante la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja, presidida por la diputada cordobesa de Provincias Unidas, Carolina Basualdo. Allí puso el foco en lo que considera una desigualdad estructural entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y las ciudades del interior, tanto en materia de transporte como en la disponibilidad de fondos nacionales.

Transporte público y una discusión por el federalismo fiscal

El reclamo por los subsidios tiene como eje el Fondo Compensador del Transporte, cuya financiación está vinculada con la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Los intendentes sostienen que el Gobierno nacional incumple el destino previsto para una parte de esos recursos: el 2,55% de la recaudación debe dirigirse al financiamiento del transporte del interior.

El presidente del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), Daniel Passerini, planteó que existen 460 millones de dólares destinados al sistema del AMBA, mientras que las ciudades del interior no reciben transferencias equivalentes. También advirtió que el incumplimiento podría derivar en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia.

La discusión no pasa solamente por el volumen de los subsidios, sino por el criterio de distribución. Los municipios del interior cuestionan que los recursos provenientes de un impuesto que pagan los consumidores de todo el país terminen sosteniendo principalmente el sistema de transporte de una región determinada.

Javkin expresó esa diferencia en términos de costos para los usuarios. Según sostuvo, resulta injusto que un ciudadano del AMBA reciba un nivel de asistencia estatal muy superior al de quien utiliza el transporte público en Rosario o en otras ciudades del interior. La brecha, afirmó, termina siendo absorbida por los gobiernos locales o trasladada al precio del boleto.

El intendente rosarino recordó que los municipios asumieron desde enero de 2024 una parte del financiamiento que dejó de aportar la Nación, inicialmente equivalente al 30% del sistema. Sin embargo, cuestionó que, mientras el interior quedó limitado a la cobertura de determinados atributos sociales de la tarjeta SUBE, el Gobierno nacional avanzó con nuevos subsidios a la oferta para el transporte metropolitano.

El planteo también incluyó una propuesta concreta: eliminar los impuestos nacionales aplicados a los combustibles para permitir que los municipios reduzcan el valor del boleto. Passerini estimó que esa medida podría traducirse en una rebaja del 35%.

La consecuencia de este esquema es una presión creciente sobre las cuentas municipales. Los gobiernos locales deben sostener servicios que consideran responsabilidades compartidas, pero sin contar con los mismos recursos que antes aportaba la administración central. En ciudades como Rosario, el problema se traduce en una tensión permanente entre el costo real de funcionamiento del sistema, el valor del boleto y la capacidad de financiamiento del municipio.

La discusión, además, pone en evidencia una contradicción en el modelo de descentralización que impulsa el Gobierno: mientras reduce su participación en determinados servicios, las administraciones locales deben responder ante los vecinos por sus consecuencias.

Remediar, otro frente de conflicto con los municipios

El segundo eje del reclamo estuvo vinculado con la reducción del Programa Remediar, una herramienta nacional destinada a garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de atención primaria de todo el país.

Los intendentes cuestionaron que la oferta se haya reducido de aproximadamente 129 medicamentos a apenas seis. La intendenta de San Miguel de Tucumán, Roxana Chahla, advirtió sobre las consecuencias sanitarias de esa modificación y mencionó, entre otros ejemplos, la exclusión de la metformina, utilizada por pacientes con diabetes, y de tratamientos vinculados con el hipotiroidismo.

La preocupación excede la disponibilidad de determinados productos farmacéuticos. El programa constituía un mecanismo de asistencia para sectores que dependen de los centros de salud públicos y que, ante la falta de cobertura, deben afrontar el costo de los tratamientos o interrumpirlos.

Para los municipios, la reducción de los medicamentos disponibles implica una presión adicional sobre sus propios presupuestos sanitarios. Los gobiernos locales quedan expuestos a una demanda que no desaparece cuando se modifica una política nacional: los pacientes siguen necesitando atención y tratamientos.

A ese reclamo se sumó la deuda que el PAMI mantiene con distintas comunas por prestaciones realizadas a sus afiliados. El intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, señaló que existen compromisos impagos desde hace más de 13 meses, lo que obliga a los gobiernos locales a sostener servicios para adultos mayores con recursos propios.

El Presupuesto, próximo escenario de la disputa

La exposición de los intendentes también tuvo una dimensión parlamentaria. El diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, planteó que los reclamos por transporte, medicamentos y financiamiento universitario deben incorporarse al debate del Presupuesto nacional.

El legislador mencionó la posibilidad de reasignar partidas de la jurisdicción 91, que concentra recursos por 14,8 billones de pesos, para atender esas necesidades. La propuesta anticipa que la discusión por el financiamiento federal será uno de los puntos de conflicto durante el tratamiento presupuestario.

La presentación de los intendentes busca, en ese sentido, convertir un reclamo territorial en una discusión legislativa concreta. La posibilidad de acudir a la Corte Suprema por el Fondo Compensador del Transporte agrega otra dimensión institucional: ya no se trata únicamente de una diferencia política sobre las prioridades del gasto, sino también de una controversia sobre el cumplimiento de los mecanismos legales de distribución de recursos.

Una tensión que atraviesa la relación entre Nación y gobiernos locales

El episodio refleja uno de los principales conflictos del esquema de gestión impulsado por Milei. La reducción de transferencias nacionales y la revisión de programas públicos modifican la distribución de responsabilidades, pero no eliminan las necesidades que esos programas atendían. En muchos casos, el costo termina trasladándose a las provincias y, especialmente, a los municipios, que son el primer nivel de contacto con los ciudadanos.

La particularidad de este reclamo es su amplitud política. La presencia de intendentes de distintas fuerzas muestra que las diferencias partidarias no impiden la construcción de posiciones comunes cuando están en juego servicios esenciales y recursos que impactan directamente sobre las administraciones locales.

Para Rosario, el debate tiene una implicancia concreta: el transporte público constituye uno de los servicios de mayor incidencia sobre las finanzas municipales, mientras que la atención primaria y la asistencia social también demandan recursos crecientes. La discusión sobre cuánto debe aportar la Nación no es, por lo tanto, una controversia abstracta sobre federalismo, sino una disputa que repercute en el presupuesto local y en el bolsillo de los usuarios.

El desafío político para los intendentes será sostener esa convergencia más allá de una presentación parlamentaria y traducirla en resultados concretos. Para el Gobierno nacional, el reclamo plantea una pregunta de fondo: hasta dónde puede avanzar la reducción de su participación en los servicios públicos sin profundizar las desigualdades entre el AMBA y el resto del país.

La discusión vuelve así al centro de la relación entre Nación y municipios: quién recauda, quién distribuye y, sobre todo, quién termina pagando cuando los recursos no llegan a los territorios donde se necesitan.