El juez federal Lino Mirabelli procesó a José Luis Espert por el presunto lavado de 200.000 dólares que recibió de una firma vinculada a Fred Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos. También le impuso un embargo de $1.000 millones. La resolución pone bajo la lupa el origen de los fondos y el contrato que el exdiputado presentó para justificarlos
José Luis Espert, uno de los dirigentes que supo ocupar un lugar destacado en el universo libertario de Javier Milei, quedó procesado por presunto lavado de activos. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli consideró que existen elementos suficientes para sostener que el exdiputado recibió dinero de origen ilícito y buscó incorporarlo al sistema financiero mediante distintas operaciones. Además, le prohibió salir del país y dispuso un embargo de $1.000 millones.
La causa gira alrededor de una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria en Miami. El dinero fue enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que, según el magistrado, era utilizada por la organización del empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por delitos vinculados con el fraude y el lavado de activos.
En la misma resolución, el juez procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino como presunto partícipe necesario y a la sociedad Varianza SA, vinculada a la familia Espert. Los embargos fijados fueron de $700 millones para el contador y $500 millones para la empresa.
Un contrato bajo sospecha
Uno de los puntos centrales del expediente es el contrato de consultoría por un millón de dólares que Espert presentó para explicar el pago. El acuerdo estaba supuestamente relacionado con una minera de Guatemala, pero el juez concluyó que se trató de un documento simulado, sin una prestación real de servicios por parte del exdiputado.
Entre los indicios mencionados en el fallo figuran la vaguedad de las tareas comprometidas, la ausencia de trabajos concretos y de una factura de exportación, además de inconsistencias en la firma del contrato. El documento fue encontrado roto y descartado en una bolsa de residuos en la vivienda donde Machado cumplía arresto domiciliario.
El magistrado también destacó que Machado habría firmado como gerente general de la minera sin ocupar ese cargo y que Espert mantenía comunicaciones con quien sí era el verdadero responsable de la empresa.
Para Mirabelli, el exdiputado conocía la posibilidad de que los fondos provinieran de actividades ilegales y, aun así, realizó operaciones destinadas a introducirlos en el circuito financiero y ocultar su origen.
El recorrido de los dólares
De acuerdo con la investigación, Espert transfirió 50.000 dólares a una cuenta del BBVA en Martínez y retiró el dinero en efectivo. Tres días después pagó 47.800 dólares por un BMW M240i. En 2024 vendió ese vehículo por 62.000 dólares y utilizó ese dinero para comprar un Lexus RX 350, de casi 130.000 dólares.
El juez cuestionó, además, una certificación de origen de fondos firmada por Cosentino, porque omitía deliberadamente la procedencia que se investiga. Otros 50.000 dólares ingresaron a la Argentina en junio de 2020 y también fueron retirados en efectivo.
Otro elemento que llamó la atención del magistrado fue la referencia incluida en la transferencia original: la matrícula de un avión que Machado le había prestado a Espert durante la campaña presidencial de 2019. Para el juez, esa conexión contradice la explicación de que el pago respondía a un trabajo de consultoría ajeno a aquella relación.
Mirabelli, sin embargo, descartó dos aspectos de la acusación. No consideró probado que el dinero de Machado se hubiera utilizado para pagar la seña de un lote en Costa Esmeralda ni que los fondos destinados a la parte en pesos de la compra del Lexus provinieran de esa transferencia.
La defensa de Espert
El exdiputado sostuvo que el contrato fue real, que se firmó ante escribano y que cobró un anticipo no reintegrable. También afirmó que conoció la situación judicial de Machado cuando esta tomó estado público.
La causa se inició en octubre de 2025 a partir de una denuncia de Juan Grabois, luego de que se conociera la relación entre Espert y Machado y el cobro de los 200.000 dólares. El escándalo terminó golpeando su carrera política y lo llevó a renunciar a su candidatura electoral.
El procesamiento no equivale a una condena, pero representa un avance significativo en una investigación que compromete a una figura que tuvo un lugar central en el espacio de Milei. El caso vuelve a poner bajo escrutinio los vínculos entre dirigentes políticos, financiamiento y fondos de origen sospechoso, mientras la Justicia intenta determinar qué sabía Espert y cuál fue el destino real del dinero.


























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