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“Los hijos de puta se tienen que quemar en la hoguera”

El presidente Javier Milei celebró el cierre judicial del caso $LIBRA con una nueva descarga de insultos contra el periodismo. En una cena de recaudación de la Fundación Faro, el viernes por la noche, calificó la investigación como una operación política y mediática con “fines golpistas”, apuntó contra periodistas que cubrieron el escándalo y lanzó una advertencia que retrata su particular concepción de la libertad de expresión: “Los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad”. Luego remató: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

El exabrupto llegó después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera al mandatario, a su hermana Karina Milei y a todos los demás involucrados en la causa por la criptomoneda que el propio Presidente promocionó en sus redes sociales en febrero de 2025. El fallo dio por terminado un expediente que investigaba una posible estafa y otras conductas delictivas, pero lo hizo sin que los acusados fueran llamados a indagatoria y con distintas medidas de prueba que no pudieron completarse.

Para Milei, la resolución dejó al descubierto una “tremenda operación política y mediática” destinada a “dañar la investidura presidencial con fines golpistas”. También acusó a sectores de la oposición y a periodistas de LA NACION de intentar extorsionar al Gobierno y evadir impuestos, sin que en su discurso presentara pruebas que respaldaran esas graves imputaciones.

Entre los profesionales señalados mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes calificó de “ensobrados y corruptos”. Después, prometió combatirlos con “mayor audacia” y reclamó que se hagan responsables de lo que, según él, fue una campaña de mentiras.

La secuencia es significativa. Mientras el Presidente reclama que se reconozca su buen nombre y honor, utiliza la tribuna de un encuentro con empresarios y militantes libertarios para estigmatizar a quienes investigaron y difundieron información sobre un caso que lo tuvo en el centro de la escena. La crítica periodística, en su relato, deja de ser una actividad legítima y pasa a integrar una supuesta conspiración contra el Gobierno.

Los amigos de Milei, ahora absueltos: Terrones Godoy, al frente; atrás, Novelli y Hayden Davis, antes del lanzamiento de $LIBRA

Un sobreseimiento con demasiadas preguntas pendientes

La resolución de Martínez de Giorgi, de 60 carillas, coincidió con el pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Eduardo Taiano. El juez concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal y descartó que se hubieran acreditado los delitos de estafa, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Sin embargo, el cierre de la investigación deja una serie de interrogantes. La causa no llegó a la instancia de indagatoria de los acusados y algunas tareas de rastreo de fondos digitales quedaron inconclusas por falta de herramientas técnicas. Además, los inversores damnificados habían sido apartados como querellantes por decisión de la Cámara Federal, lo que limitó su posibilidad de impulsar la investigación y discutir las conclusiones de la fiscalía.

El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió el proyecto $LIBRA y presentó la iniciativa como una herramienta para financiar emprendimientos y pequeñas empresas. La publicación presidencial disparó la atención sobre el criptoactivo, cuyo precio se desplomó después. Según la propia resolución judicial, más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas, mientras unas pocas billeteras retiraron alrededor de 100 millones de dólares.

El magistrado consideró que esa desigual distribución de ganancias y pérdidas no alcanzaba, por sí sola, para probar una estafa. También sostuvo que la visibilidad que aportó la investidura presidencial no demostraba necesariamente la existencia de un engaño penalmente relevante. Son argumentos jurídicos que explican el sentido del fallo, pero no eliminan los interrogantes sobre cómo se organizó el lanzamiento ni sobre los contactos entre sus protagonistas.

La investigación había registrado reuniones de Milei con el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y con el trader Mauricio Novelli antes de la difusión del token, incluido un encuentro en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025. También detectó comunicaciones telefónicas entre el Presidente y Novelli en torno al lanzamiento, así como contactos de este último con Karina Milei.

En el teléfono de Novelli aparecieron, además, documentos y anotaciones vinculados con un posible acuerdo económico. Una nota mencionaba un supuesto entendimiento por cinco millones de dólares, aunque su alcance y autenticidad no quedaron establecidos judicialmente. También se hallaron registros de movimientos de dinero entre distintos participantes y visitas de Novelli y familiares a una sucursal bancaria con bolsos, antes y después del derrumbe de la criptomoneda. Cuando se allanaron las cajas de seguridad vinculadas con el trader, estaban vacías.

Nada de esto demuestra por sí mismo que se haya cometido un delito. Pero se trata de elementos que alimentaron las sospechas y que contribuyen a explicar por qué el cierre del expediente generó cuestionamientos entre los damnificados y organizaciones especializadas en criminalidad económica.

El juez también puso en duda el valor probatorio de informes técnicos afectados por un ingreso indebido de una empleada a documentación reservada. Según la resolución, ese episodio comprometió parcialmente la cadena de custodia. A ello se sumaron respuestas incompletas de empresas vinculadas con los criptoactivos y dificultades para reconstruir algunos movimientos de fondos.

El resultado fue el sobreseimiento de todos los investigados sin que se completara el esclarecimiento de varios aspectos de la maniobra. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) cuestionó la decisión por considerarla prematura y sostuvo que el papel del Presidente en la difusión del activo debía ser debatido en un juicio oral y público. Su director ejecutivo, Pedro Biscay, reclamó una revisión integral para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.

Del fallo judicial a la hoguera verbal

Milei eligió interpretar la resolución como una reivindicación total y convertirla en munición contra sus críticos. “¿Ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias?”, preguntó durante la cena de la Fundación Faro, el espacio libertario encabezado por su allegado Agustín Laje.

El Presidente también rechazó las propuestas de emitir dinero para impulsar la actividad económica, a la que reconoció en desaceleración. “Es tirar más leña al fuego”, sostuvo, y calificó de “piromaníacos” a los economistas que plantean esa alternativa. Pero el tramo más agresivo de su exposición estuvo dedicado a los periodistas, a quienes presentó como parte de una conspiración destinada a desestabilizar su administración.

La descalificación no es un detalle menor. Un fallo judicial puede cerrar una causa y establecer que no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal. No convierte automáticamente en falsas todas las preguntas formuladas durante la investigación ni transforma en ilegítima la tarea de quienes informaron sobre los hechos.

La resolución beneficia legalmente a Milei, a su hermana y a los demás investigados. Eso es lo que decidió el juez. Otra cosa es afirmar que el caso quedó completamente esclarecido o que toda crítica constituyó una operación golpista. Son conclusiones diferentes, que el fallo no permite dar por demostradas.

La causa $LIBRA expuso una trama de contactos entre el poder político y actores del negocio cripto, movimientos millonarios y pérdidas que afectaron a miles de inversores. El sobreseimiento clausura el expediente en esta instancia, pero las dudas sobre esos vínculos y sobre las pruebas que no pudieron completarse siguen formando parte del debate público.

En ese contexto, la hoguera que propone Milei no es una respuesta a los interrogantes del caso. Es una amenaza verbal dirigida contra quienes los plantean. Y el hecho de que el Presidente se sienta reivindicado por una resolución judicial no le otorga el derecho de convertir al periodismo en enemigo ni de reemplazar la discusión sobre los hechos por una lista de insultos.