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Europa se incendia: Francia impone toques de queda y crece la protesta social en el continente

Francia atraviesa una de las crisis de orden público más delicadas de los últimos años. Después de un fin de semana de saqueos, incendios y enfrentamientos en distintas ciudades, el gobierno de Emmanuel Macron dispuso toques de queda parciales y localizados para intentar contener la violencia. La crisis también golpeó al gabinete: el ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su renuncia, que fue rechazada por el presidente, después de admitir fallas de anticipación y una “pérdida de control” en algunas zonas.

El balance oficial da cuenta de casi 2.400 detenciones y más de 600 policías y gendarmes heridos. Unos 3.000 comercios resultaron afectados, con pérdidas estimadas en cientos de millones de euros. La jornada del sábado reunió, según el Ministerio del Interior, a unas 550.000 personas en todo el país.

Las protestas habían comenzado con reclamos estudiantiles por la falta de docentes, las condiciones edilicias y el deterioro de la educación pública, pero se extendieron hacia una agenda más amplia contra los recortes, la desigualdad y la pérdida de poder adquisitivo. También reaparecieron sectores vinculados con los chalecos amarillos, el movimiento que en 2018 se levantó contra el aumento de los combustibles y el costo de vida. Mientras Macron promete endurecer la respuesta contra los saqueos, desde distintos sectores políticos crecen las críticas a la gestión de la crisis.

Italia, entre los salarios bajos y los disturbios

Italia también registró dos jornadas de incidentes en Milán y otras ciudades. Las manifestaciones expresaron el malestar por el aumento del costo de vida, los bajos salarios y el deterioro de los servicios públicos. En las inmediaciones de la plaza del Duomo, grupos de manifestantes levantaron barricadas, arrojaron objetos contra la Policía y saquearon comercios. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Los incidentes dejaron decenas de detenidos y reavivaron la discusión sobre la respuesta del gobierno de Giorgia Meloni. La primera ministra condenó los hechos violentos, aunque reconoció el derecho a manifestarse pacíficamente. En paralelo, la principal central sindical italiana convocó a una huelga general para el 20 de noviembre, en un escenario de creciente tensión por los ingresos y las prioridades presupuestarias.

Portugal y España, con la vivienda en el centro del conflicto

En Portugal, miles de personas marcharon en Lisboa para reclamar mejores salarios y pensiones, servicios públicos más sólidos y medidas frente al encarecimiento de la vida. La crisis habitacional ocupó un lugar central, con protestas contra los alquileres y las dificultades para comprar una vivienda, especialmente entre jóvenes y trabajadores. Según datos citados por la prensa británica, los precios de las viviendas portuguesas aumentaron un 124% entre 2015 y 2024, aproximadamente el doble que el promedio de la Unión Europea. Las movilizaciones también alcanzaron a Oporto y Coimbra.

En España, el acceso a una vivienda digna se convirtió en uno de los principales focos de tensión. Hubo concentraciones en Barcelona, Valencia, Sevilla y La Coruña contra la especulación inmobiliaria y el aumento de los alquileres. El conflicto se agravó tras la muerte de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda después de que el fondo de inversión propietario reclamara un incremento del alquiler del 230%. Su caso se transformó en un símbolo de las dificultades que enfrentan los inquilinos con ingresos limitados.

La crisis también adquirió una dimensión política. Las propuestas del gobierno de Pedro Sánchez para facilitar el acceso a la vivienda chocaron con obstáculos parlamentarios, mientras el encarecimiento de los alquileres mantiene la presión sobre las autoridades.

Bélgica, protestas por la educación y los recortes

En Bélgica, las movilizaciones estudiantiles contra el aumento de las tasas universitarias se combinaron con un malestar más amplio por el costo de vida y el financiamiento de los servicios públicos. Las protestas en Bruselas y Lieja derivaron en enfrentamientos con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. También se informaron cerca de 200 detenciones durante las manifestaciones del sábado, en las que confluyeron cuestionamientos a los recortes, al gobierno federal y al avance de la extrema derecha.

El conflicto muestra cómo las dificultades económicas se cruzan con las demandas educativas y las críticas a las prioridades del gasto público.

Albania, de los reclamos estudiantiles a la exigencia de renuncia

En Albania, las protestas escalaron hasta convertirse en una crisis política abierta. En Tirana, miles de personas reclamaron la renuncia del primer ministro Edi Rama, además de denunciar presuntos hechos de corrupción y cuestionar los costos de la educación y las condiciones de estudio.

Los enfrentamientos incluyeron incendios y daños en edificios públicos, mientras la Policía recurrió a gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Según el Ministerio de Salud albanés, desde el inicio de las movilizaciones se registraron cientos de heridos, entre ellos numerosos agentes de seguridad. Rama rechazó los pedidos de renuncia y atribuyó las protestas a una supuesta intervención externa, una explicación que no desactivó el conflicto.

Un malestar común, sin una conducción unificada

La extensión geográfica de las protestas no significa que Europa esté ante una única revuelta organizada. Las diferencias son importantes: en Francia, los reclamos educativos se ampliaron hacia el ajuste y la desigualdad; en Italia predominan las demandas vinculadas con los ingresos y los servicios públicos; en España y Portugal, la vivienda concentra buena parte del descontento; en Bélgica, la educación y los recortes están en el centro de la disputa, mientras que en Albania la movilización apunta directamente contra el gobierno.

El denominador común es la dificultad de amplios sectores para sostener sus condiciones de vida frente al encarecimiento de los gastos cotidianos, los ingresos insuficientes y las barreras para acceder a derechos básicos. A eso se suma la percepción de que las respuestas oficiales no alcanzan para resolver problemas que afectan especialmente a jóvenes, trabajadores e inquilinos.

Los episodios de violencia, saqueos y enfrentamientos abrieron, además, una disputa sobre los límites de la protesta y la respuesta policial. Pero reducir el fenómeno a los disturbios dejaría afuera el trasfondo económico y social que alimenta las movilizaciones.

¿Europa se incendia? Más que una insurrección continental coordinada, el panorama muestra una sucesión de conflictos nacionales atravesados por una misma pregunta: cuánto tiempo pueden sostenerse sociedades en las que la vivienda, los servicios y los gastos esenciales se vuelven cada vez más difíciles de afrontar sin que el malestar termine trasladándose a las calles.