Unas 50 mil personas marcharon bajo la lluvia hasta el Monumento a la Bandera para defender la educación pública, la ciencia y la soberanía. Docentes y no docentes denunciaron salarios pulverizados y un sistema al límite, mientras crece el rechazo al ajuste y al incumplimiento de una ley ratificada por el Congreso y la Justicia
Rosario volvió a convertirse en escenario de una multitudinaria defensa de la universidad pública. Unas 50 mil personas, según estimaciones de los organizadores, participaron este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria, que recorrió entre 13 y 15 cuadras desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera. Ni la lluvia ni el frío lograron frenar una movilización que reunió a estudiantes, docentes, no docentes, graduados, investigadores, familias, sindicatos y organizaciones sociales y políticas.
El reclamo central apuntó al gobierno de Javier Milei y a su decisión de no cumplir con la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tanto por el Poder Legislativo como por la Justicia. La protesta también expresó el rechazo al desmantelamiento de la ciencia, el deterioro salarial y una política económica que pone en riesgo el funcionamiento de instituciones fundamentales para el desarrollo del país.
Bajo la consigna “Por la educación, la soberanía y la democracia”, la movilización condensó demandas que exceden el ámbito universitario. Las banderas en defensa de la educación gratuita convivieron con carteles contra el ajuste, la precarización laboral y la entrega de recursos nacionales. También hubo referencias a la soberanía territorial y a la causa Malvinas, con la presencia del excombatiente Julio Más al frente de la columna.
La marcha llegó después de varios días de protesta estudiantil en Rosario. Las facultades de Humanidades y Artes, Ciencia Política y Relaciones Internacionales y Psicología habían sido escenario de tomas y actividades de visibilización. Sin suspender el dictado de clases, en algunas de esas jornadas las aulas se trasladaron a los espacios públicos, en una forma de mostrar que la universidad también se construye con la comunidad.
Salarios que no alcanzan y una universidad al límite
La magnitud de la movilización tuvo su correlato en los testimonios de quienes sostienen cotidianamente el sistema universitario. Guillermo Montero, secretario general de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), describió un panorama crítico, tanto por la falta de recursos para mantener actividades como por el deterioro de los ingresos del personal.
“Estamos furiosos porque da bronca pensar que da lo mismo cumplir con las leyes o no”, sostuvo, al advertir que los salarios de los trabajadores universitarios acumulan una pérdida significativa de poder adquisitivo y que el presupuesto disponible amenaza la continuidad de distintas tareas académicas y de investigación.
La situación de los no docentes refleja esa crisis. Trabajadores de la UNR señalaron que los aumentos salariales quedaron muy por detrás de los incrementos en tarifas y otros gastos esenciales. Incluso entre quienes tienen antigüedad y ocupan categorías mejor remuneradas, los ingresos resultan insuficientes; para los sectores de menores salarios, la necesidad de buscar un segundo empleo se volvió parte de la rutina.
El deterioro no afecta solamente a quienes trabajan en las universidades. También golpea a los estudiantes, que deben combinar cursadas con uno o más empleos para sostenerse, y a quienes dependen de becas y programas de asistencia. En el documento leído al cierre de la marcha se cuestionó, entre otros puntos, el congelamiento de las Becas Progresar en 35 mil pesos desde 2024.
El ajuste también golpea a la ciencia
La protesta puso en primer plano otro de los efectos del recorte presupuestario: la paralización o reducción de proyectos científicos y de extensión universitaria que vinculan el conocimiento académico con las necesidades concretas de la sociedad.
Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, comparó el deterioro del sistema con un organismo que se desangra. Advirtió que la falta de recursos compromete investigaciones y programas territoriales, entre ellos iniciativas relacionadas con los impactos ambientales y sanitarios de los agrotóxicos.
El investigador cuestionó, además, que el ajuste se presente como una reducción indiscriminada de gastos. A su entender, sus consecuencias afectan especialmente a líneas de trabajo que ponen en discusión intereses corporativos, una situación que vinculó con los recortes en áreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La defensa de la universidad pública también tuvo un componente de respaldo a la ciencia nacional. Entre los participantes se destacó una persona disfrazada de la estrella marina conocida por las transmisiones del CONICET desde las profundidades del océano, una imagen que aportó color a la movilización y reivindicó la curiosidad científica frente a las políticas de desfinanciamiento.
Una multitud para defender mucho más que las aulas
La movilización reunió a distintas generaciones y sectores sociales. Estudiantes secundarios del Politécnico y del Superior de Comercio marcharon junto a universitarios, profesores, graduados y familias. También participaron referentes de la cultura, entre ellos el actor Darío Grandinetti, quien cuestionó duramente al Gobierno por desconocer las leyes aprobadas por las instituciones democráticas.
“Parece mentira que hay que explicar que defendemos que se cumpla una ley que se votó seis veces”, afirmó Grandinetti durante la marcha, en declaraciones a Rosario3.
La consigna de la protesta encontró una síntesis en el documento consensuado por la comunidad universitaria. Allí se advirtió que el proyecto de presupuesto nacional presentado por el Ejecutivo contempla una inversión educativa inferior al 1% del Producto Bruto Interno y se reclamó un incremento del 33,4% para las universidades nacionales respecto de esa propuesta.
El texto definió a la universidad pública como una herramienta de justicia social, movilidad ascendente y soberanía nacional. No se trata solamente de preservar edificios, carreras o puestos de trabajo, sino de sostener una estructura que permite formar profesionales, producir conocimiento y ampliar las oportunidades de quienes no podrían acceder a una educación privada.
La multitud que avanzó bajo la lluvia dejó así un mensaje político que el Gobierno difícilmente pueda ignorar. La defensa de la educación pública volvió a reunir a miles de personas en las calles de Rosario, mientras crece la preocupación por el futuro de las universidades y la ciencia.
El reclamo, en definitiva, no fue únicamente por más presupuesto. Fue también por el respeto a una ley vigente y por la continuidad de un sistema que buena parte de la sociedad considera indispensable para el desarrollo nacional. Cuando una comunidad debe movilizarse masivamente para exigir que el Estado cumpla una norma aprobada por sus propias instituciones, el problema ya no es solamente presupuestario: es también institucional.


























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