A tres años del ataque de Hamás que dejó alrededor de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, Israel todavía no cuenta con una comisión estatal independiente que determine cómo se produjo el mayor fallo de seguridad de su historia. Mientras las familias reclaman respuestas, Benjamín Netanyahu vuelve a las urnas el 27 de octubre
El tercer aniversario del ataque del 7 de octubre encuentra a Israel frente a una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cómo fue posible que el país considerado una de las principales potencias militares y de inteligencia de Medio Oriente no pudiera anticipar ni detener la ofensiva de Hamás? Tres años después, esa pregunta continúa atravesada por una disputa política que involucra directamente al hombre que estaba al frente del Gobierno aquel día: Benjamín Netanyahu.
El ataque dejó alrededor de 1.200 muertos en el sur de Israel y 251 personas fueron llevadas como rehenes a Gaza. El fracaso no quedó circunscripto al dispositivo militar: en los meses y años posteriores aparecieron cuestionamientos sobre las advertencias recibidas, el funcionamiento de los servicios de inteligencia y la estrategia política sostenida durante años frente a Hamás.
Una investigación que todavía no llegó
Uno de los reclamos centrales de familiares de las víctimas y sectores de la oposición es la creación de una comisión estatal de investigación con independencia del poder político. Hasta ahora, Netanyahu se ha negado a impulsar ese mecanismo bajo la estructura tradicional, argumentando que el Poder Judicial —que debería intervenir en la designación de sus integrantes— está sesgado en su contra.
El Gobierno llegó a plantear una alternativa: una comisión nacional cuyos miembros serían designados por los partidos políticos. Sin embargo, el Parlamento terminó su período legislativo sin aprobar la norma necesaria para ponerla en funcionamiento. El resultado es que, tres años después, no existe todavía una investigación estatal independiente que establezca de manera integral qué ocurrió antes y durante aquel 7 de octubre.
La ausencia de esa investigación contrasta con las consecuencias que sí alcanzaron a parte de la estructura militar y de inteligencia. El entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, asumió públicamente su responsabilidad, presentó su renuncia y varios comandantes fueron desplazados. El jefe de la inteligencia interior también dejó su cargo.
Netanyahu, en cambio, ha rechazado asumir responsabilidad personal. Su argumento es que las fallas correspondieron fundamentalmente a los responsables de seguridad y que él no recibió información que permitiera anticipar la magnitud del ataque.
La paradoja electoral
Y allí aparece la dimensión política que convierte el aniversario en un asunto central de la campaña electoral. Netanyahu se presenta nuevamente como candidato mientras mantiene como uno de los ejes de su discurso la capacidad de garantizar la seguridad de Israel.
Las elecciones generales están previstas para el 27 de octubre, las primeras desde el ataque de 2023 y después de casi tres años marcados por las guerras en Gaza, Líbano e Irán.
El contraste es inevitable. El primer ministro que gobernaba cuando se produjo el mayor fracaso de seguridad de la historia del Estado de Israel busca renovar su mandato antes de que una investigación independiente determine plenamente las responsabilidades políticas, militares y de inteligencia que desembocaron en aquella jornada.
Eso no significa que la elección pueda reducirse exclusivamente al 7 de octubre. La guerra, la relación con Estados Unidos, Irán, Gaza, el servicio militar de los ultraortodoxos y la situación interna del país forman parte de una agenda mucho más amplia. Pero el ataque y la respuesta posterior constituyen una herida política que sigue abierta.
Entre la responsabilidad y el argumento de la seguridad
Netanyahu intenta sostener su candidatura sobre una idea que lo acompañó durante buena parte de su carrera: su experiencia y dureza serían necesarias para enfrentar las amenazas que rodean a Israel. Sus adversarios, en cambio, colocan el foco precisamente en el fracaso que ocurrió bajo su conducción y reclaman que antes de volver a pedir el voto exista una rendición de cuentas completa.
La campaña muestra así dos interpretaciones enfrentadas de los últimos tres años. Para los seguidores del primer ministro, la guerra posterior al 7 de octubre demuestra su capacidad para enfrentar a Hamás, Hezbolá e Irán. Para sus críticos, la discusión comienza mucho antes: en las decisiones políticas y de seguridad que permitieron que Hamás conservara durante años capacidad operativa y llegara a ejecutar un ataque de semejante magnitud.
La cuestión de fondo, por lo tanto, no es solamente quién gobernará Israel después del 27 de octubre. También está en juego si una democracia puede elegir a sus próximos dirigentes sin haber establecido todavía, mediante una investigación independiente, qué ocurrió cuando el Estado falló de manera tan dramática en su principal obligación: proteger a sus ciudadanos.
A tres años de aquella mañana, las víctimas tienen memoria, las familias siguen reclamando respuestas y la política ya tiene fecha para volver a las urnas. Lo que todavía no tiene fecha es la investigación que debería ayudar a explicar cómo pudo ocurrir.


























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