El Gobierno puso en marcha un programa que permite acceder a la ciudadanía argentina mediante aportes de hasta 350.000 dólares o la compra de un bono por 800.000 dólares. La participación de la consultora británica Henley & Partners en el diseño del esquema y sus antecedentes en otros programas de “pasaportes dorados” abrieron un nuevo frente de discusión política sobre controles, transparencia y soberanía
La decisión del Gobierno de Javier Milei de habilitar una vía para obtener la ciudadanía argentina mediante una inversión económica introduce un cambio profundo en la relación entre nacionalidad y residencia. El programa, anunciado en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de este año y establece dos alternativas: un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de un título público por 800.000 dólares.
La iniciativa no surgió de la nada. En mayo de 2025, el Decreto de Necesidad y Urgencia 366 modificó la Ley de Ciudadanía 346 e incorporó la posibilidad de acceder a la naturalización mediante una “inversión relevante”, sin establecer un período mínimo de residencia. Dos meses después, el Decreto 524 reglamentó el procedimiento y creó una arquitectura institucional en la que intervienen la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, Migraciones, la UIF, el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia, Renaper y la SIDE.
El vínculo con Henley & Partners
La controversia política tomó otra dimensión a partir de la investigación publicada por elDiarioAR y retomada por El Ciudadano. Según esa investigación, Henley & Partners, una de las principales firmas internacionales dedicadas a los programas de ciudadanía y residencia por inversión, mantuvo durante los últimos 18 meses reuniones con funcionarios argentinos mientras se desarrollaba el nuevo esquema.
Los registros oficiales de Casa Rosada consignan dos visitas de su CEO, Juerg Steffen, durante 2025: una reunión con Guillermo Francos y otra con Lisandro Catalán. La propia empresa difundió posteriormente que había mantenido numerosas reuniones con el Gobierno y que sus aportes habían contribuido al desarrollo del marco regulatorio.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que trabaja con un conjunto de firmas internacionales especializadas y que el programa fue diseñado bajo criterios de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos compatibles con estándares internacionales. Economía también negó específicamente haber mantenido contacto con Henley & Partners, una contradicción que alimenta las preguntas políticas sobre quién participó efectivamente en la elaboración del sistema.
La cuestión adquiere relevancia porque Henley no funciona simplemente como una consultora convencional. Su modelo de negocios está vinculado precisamente con la promoción y gestión de programas de migración por inversión, por lo que existe un evidente interés económico en la expansión de este mercado.
El antecedente de los pasaportes dorados
La discusión tampoco se limita a la Argentina. Los llamados “pasaportes dorados” han generado cuestionamientos internacionales por los riesgos asociados al lavado de dinero, la corrupción y la posibilidad de que personas con antecedentes problemáticos accedan a una ciudadanía a través de su capacidad económica.
En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró contrario al derecho comunitario el programa de ciudadanía por inversión de Malta, uno de los casos más conocidos de este tipo. La investigación periodística que puso el foco sobre Henley también recupera denuncias de organismos especializados sobre algunos de sus antiguos clientes y sobre sus vínculos con programas caribeños. La empresa rechazó esas acusaciones y sostuvo que algunas de ellas tienen motivaciones políticas.
El Gobierno argentino intenta responder a ese riesgo mediante un sistema de evaluación que contempla información proveniente de distintos organismos de seguridad, inteligencia y control financiero antes de que Migraciones tome una decisión. En términos formales, por lo tanto, no se trata simplemente de transferir dinero y recibir automáticamente un pasaporte: existe un procedimiento de evaluación y la solicitud puede ser rechazada.
Una discusión que recién comienza
El debate político de fondo excede a una consultora y alcanza a la propia definición de ciudadanía. La Argentina pasa de un modelo tradicionalmente asociado con la residencia y los vínculos efectivos con el país a incorporar una vía en la que la capacidad de inversión se convierte en una condición central para acceder a la nacionalidad.
Para el Gobierno, se trata de una herramienta para atraer capitales, ampliar la integración internacional y generar recursos en un momento en que el país necesita dólares. Para sus críticos, el esquema plantea interrogantes sobre igualdad ante la ley, controles y los incentivos que genera para quienes buscan una segunda ciudadanía.
La discusión será especialmente sensible por una razón: la ciudadanía no es solamente un activo económico ni un mecanismo de movilidad internacional. También determina derechos políticos, pertenencia jurídica y acceso a una comunidad nacional. Por eso, a medida que el programa empiece a recibir solicitudes, la pregunta central no será únicamente cuánto dinero puede ingresar al país, sino qué controles está dispuesto a aplicar el Estado para decidir quién puede convertirse en argentino y bajo qué condiciones.


























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