Un proyecto que propone prohibir en toda la provincia el turismo cinegético y los establecimientos destinados a la caza deportiva comercial busca ahora una audiencia pública en la Cámara de Diputados. Sus impulsores plantean una reconversión hacia el turismo de naturaleza, mientras el debate pone bajo la lupa un modelo que hoy cuenta con regulación oficial y operadores habilitados
La discusión sobre el turismo cinegético comenzó a ganar espacio en la Legislatura de Santa Fe. Un proyecto presentado en junio propone prohibir en todo el territorio provincial los cotos de caza y la actividad organizada como negocio turístico alrededor de la caza de fauna silvestre. La iniciativa es impulsada por 36 organizaciones vinculadas con la protección animal y ambiental, que buscan ahora formalizar un pedido de audiencia pública para ampliar el debate antes de que el proyecto avance en comisión.
El pedido de audiencia está previsto para el 14 de octubre y será presentado ante la Cámara de Diputados. El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Agricultura y Ganadería, por lo que la discusión comienza a trasladarse del ámbito de las organizaciones al escenario institucional donde deberá definirse si la propuesta consigue avanzar.
Qué actividad se busca prohibir
Uno de los aspectos centrales del debate es la definición del alcance de la iniciativa. Sus autores aclaran que no plantean una prohibición general de toda forma de caza deportiva, sino específicamente de la modalidad organizada comercialmente a través de cotos y paquetes de turismo cinegético.
Según los impulsores, esos servicios pueden incluir alojamiento, traslados, guías, permisos y el acceso a establecimientos donde se desarrolla la actividad. Buena parte de la demanda provendría de turistas extranjeros que llegan a la provincia atraídos por una práctica que en sus países de origen enfrenta restricciones mayores.
De acuerdo con información obtenida por las organizaciones a través de pedidos de acceso a la información pública, Santa Fe cuenta con 11 operadores cinegéticos registrados y 36 campos identificados como habilitados para la práctica de caza deportiva. Ocho de los operadores se concentran en el departamento San Javier, uno de los principales puntos donde se desarrolla esta actividad.
Un modelo que hoy está regulado
La iniciativa llega en un momento en el que la provincia no mantiene una política de prohibición, sino un sistema de regulación y control. La normativa vigente establece temporadas, especies autorizadas, cupos diarios, zonas habilitadas y requisitos para quienes participan de la actividad.
En abril de este año, por ejemplo, el Gobierno provincial redujo las áreas habilitadas para la caza deportiva de anátidos y fijó cinco departamentos donde podía desarrollarse, entre ellos San Javier. También estableció un máximo de 12 piezas por cazador por día y mantuvo la prohibición del uso de municiones de plomo. Las empresas de turismo cinegético deben, además, facilitar las tareas de registro y fiscalización de los agentes provinciales.
Ese esquema constituye uno de los puntos que necesariamente deberá atravesar la discusión legislativa. El debate no parte de una actividad sin regulación, sino de una pregunta diferente: si las reglas existentes alcanzan para compatibilizar la explotación turística de la fauna con la conservación de la biodiversidad o si directamente debe abandonarse ese modelo de negocio.
De la caza al turismo de naturaleza
Las organizaciones que impulsan el proyecto proponen que una eventual prohibición sea acompañada por un proceso de reconversión de los establecimientos actualmente vinculados con la actividad. La alternativa planteada apunta al turismo de naturaleza, el avistaje de fauna y otras propuestas que permitan generar movimiento económico sin utilizar la caza como atractivo turístico.
La discusión tiene así una dimensión económica además de ambiental. Para quienes cuestionan el turismo cinegético, la provincia podría aprovechar sus humedales, su biodiversidad y sus paisajes para desarrollar otro tipo de oferta turística. Para los sectores vinculados con la actividad regulada, en cambio, la cuestión pasa por garantizar controles y cumplimiento de las normas existentes.
El contexto ambiental también suma argumentos al debate. Durante los primeros ocho meses de 2026, la Guardia Rural Los Pumas decomisó más de 300 ejemplares de fauna silvestre en procedimientos vinculados con la caza ilegal. Ese fenómeno es diferente de la actividad cinegética autorizada, pero vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de fiscalización y protección de los recursos naturales provinciales.
La audiencia pública que buscan las organizaciones puede convertirse entonces en una instancia para ordenar una discusión que hasta ahora aparece fragmentada entre posiciones ambientales, productivas, turísticas y regulatorias. La Legislatura deberá determinar si existe consenso suficiente para modificar el esquema vigente y, en ese caso, cómo se instrumentaría una eventual transición.
Por ahora, el proyecto recién inicia su recorrido. Pero el debate ya instala una cuestión de fondo para Santa Fe: qué modelo de aprovechamiento turístico quiere desarrollar la provincia sobre sus territorios de humedales y su fauna silvestre, y hasta dónde debe llegar la regulación estatal cuando una actividad económica se apoya directamente en los recursos naturales.


























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