La Provincia frenó trabajos con maquinaria en Punta Armado, donde se pretendía instalar un parador turístico sin autorización ambiental. Días después se registró un foco en el extremo sur de la isla, mientras crece el reclamo para definir un esquema de protección que preserve este territorio santafesino del Paraná
La Isla de los Mástiles volvió a quedar en el centro de la discusión ambiental de Santa Fe después de que la Provincia interviniera para detener trabajos no autorizados en el extremo norte y, poco después, se registrara un incendio en la zona sur. Los dos episodios ocurrieron con pocos días de diferencia y renovaron las advertencias sobre la situación de uno de los principales territorios insulares frente al Gran Rosario.
El primer episodio ocurrió en Punta Armado, aguas arriba del puente Rosario-Victoria, cuando varias personas desembarcaron con una retroexcavadora, mesas, sillas y otros elementos para intervenir el terreno. La zona es de dominio público y constituye uno de los sectores del humedal con acceso libre.
El aviso de puesteros, kayakistas y organizaciones ambientales activó la intervención del Ministerio de Ambiente de Santa Fe. Personal de esa cartera y efectivos de la Guardia Rural Los Pumas llegaron al lugar y constataron que se estaban realizando movimientos de suelo y desmontes sin la documentación correspondiente. Por disposición provincial se ordenó detener las tareas y retirar tanto la maquinaria como los elementos instalados.
Según lo informado, una mujer que se presentó como responsable de los trabajos manifestó que existía un convenio con la Municipalidad de Capitán Bermúdez para instalar un parador turístico. Sin embargo, los agentes provinciales señalaron que no existía un estudio de impacto ambiental ni autorización provincial para avanzar con la intervención.
El episodio derivó además en un pedido de informes en el Concejo de Capitán Bermúdez para determinar quién impulsó los trabajos y bajo qué condiciones se pretendía desarrollar el emprendimiento. Las actuaciones administrativas quedaron en manos del Ministerio de Producción de Santa Fe.
Una isla bajo jurisdicción santafesina
La discusión tiene una particularidad que explica buena parte de las responsabilidades en juego. La Isla de los Mástiles es uno de los pocos territorios insulares de este sector del Paraná que pertenece a Santa Fe y no a Entre Ríos.
La Provincia cedió en comodato aproximadamente 427 hectáreas de la zona sur a Granadero Baigorria en 1997 y otras 387 hectáreas de la parte norte a Capitán Bermúdez en 2003. Como contrapartida, los municipios asumieron compromisos vinculados con la preservación del territorio y su biodiversidad.
Ese esquema es precisamente uno de los puntos que volvieron a quedar bajo discusión. Los comodatos fueron establecidos hace décadas y, con posterioridad, se incorporaron nuevas normas nacionales y provinciales de protección ambiental. En ese marco, la coexistencia entre la administración municipal de determinados sectores y las facultades regulatorias de la Provincia genera zonas grises sobre los usos que pueden autorizarse.
La controversia no es nueva. En 2025, por ejemplo, la decisión de Granadero Baigorria de licitar la concesión de un parador generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, que plantearon que el comodato provincial prioriza el aprovechamiento comunitario y la conservación del territorio por sobre la explotación comercial. Meses después también hubo cuestionamientos en torno a estudios de factibilidad para un emprendimiento privado en Punta Armado.
El desafío de definir qué se puede hacer en la isla
El problema de fondo excede entonces el episodio puntual de la retroexcavadora. La Isla de los Mástiles continúa sin un esquema de protección ambiental que termine de despejar qué actividades están permitidas, cuáles requieren autorización provincial y cuáles resultan incompatibles con la conservación del humedal.
En la Legislatura santafesina existen iniciativas que plantean avanzar hacia una categorización de la isla como Área Natural Protegida bajo la figura de Parque Provincial. Esa alternativa modificaría el esquema actual y otorgaría a la Provincia un papel más directo en la regulación de los usos del territorio. También existen proyectos legislativos que reclaman precisiones sobre la situación de las concesiones municipales y los emprendimientos comerciales en el área.
La cuestión adquiere especial relevancia por las características del territorio. Las islas del Paraná forman parte de un humedal dinámico, sometido a variaciones del nivel del río, incendios, cambios en la vegetación y presión creciente de actividades humanas. Cualquier modificación permanente del suelo puede tener efectos que excedan ampliamente el lugar puntual donde se realiza.
Un incendio que vuelve a encender las alarmas
A esta situación se sumó un incendio registrado en el extremo sur de la isla. El foco comenzó después de que la Provincia interviniera para frenar las tareas en Punta Armado y requirió la actuación de Bomberos de Granadero Baigorria. Posteriormente se mantuvo una guardia de cenizas para evitar una reactivación de las llamas.
Organizaciones ambientalistas reclamaron que se investigue el origen del fuego y que, si se determina que fue provocado, se identifique a los responsables. Hasta el momento, no existe información oficial que permita establecer una relación entre el incendio y el episodio de ocupación irregular ocurrido en el extremo norte.
La coincidencia temporal, sin embargo, volvió a poner a la isla bajo la mirada de las organizaciones que desde hace años advierten sobre incendios, intervenciones no autorizadas y proyectos de explotación comercial.
El desafío para Santa Fe vuelve a ser, en definitiva, algo más amplio que detener una maquinaria o controlar un foco de incendio. Se trata de definir con mayor precisión qué destino tendrá uno de los territorios naturales más sensibles del Gran Rosario y cómo se garantizará que las actividades que se desarrollen allí sean compatibles con la preservación del humedal.