La investigación penal por la muerte del niño, que quedó atrapado en un ducto sin protección de la pileta del club en enero de 2024, fue cerrada sin imputar al presidente de la institución ni a otros responsables de la conducción. Se apunta únicamente a la responsabilidad de los empleados y responsables operativos. La familia presentó un escrito de 20 páginas en el que señala contradicciones, omisiones y antecedentes que, según sostiene, demostrarían que el riesgo era conocido
La investigación penal por la muerte de Facundo Gorga, el niño de 10 años que murió luego de quedar atrapado por la succión de un ducto de la pileta “La Dulce” del Jockey Club de Rosario, sumó un nuevo capítulo con el cierre dispuesto por la Fiscalía y una dura respuesta de la querella. Los fiscales Mariana Prunotto, Valeria Piazza Iglesias y Matías Edery resolvieron cerrar la investigación preparatoria sin imputar a los principales directivos de la institución.
La decisión fue cuestionada por los abogados de la familia, Víctor Corvalán y Evelyn Quain, quienes presentaron ante el Fiscal Regional Matías Merlo un escrito de 20 páginas en el que objetan los fundamentos de la resolución N° 275/2026. Según la querella, el planteo fiscal contiene errores sobre la ubicación del ducto, omisiones de reglamentos internos y argumentos que terminan favoreciendo a quienes ocupaban los principales cargos de conducción.
Una muerte provocada por la succión de un ducto
Facundo murió luego de quedar atrapado en el fondo de la pileta por un ducto de filtrado de unos 16 centímetros de diámetro que no contaba con la protección correspondiente. La investigación estableció además que el sistema estaba conectado a una bomba de 20 caballos de fuerza, una potencia que la querella considera excesiva para las características del natatorio.
El niño permaneció varios minutos bajo el agua hasta que pudo ser retirado y trasladado a un centro asistencial, donde finalmente falleció. El accidente ocurrió el 2 de enero de 2024.
El punto central que ahora plantea la familia es por qué, ante la existencia de antecedentes anteriores y responsabilidades establecidas en la estructura del club, la investigación terminó concentrándose únicamente en empleados y responsables operativos.
Con la resolución cuestionada quedaron imputados la guardavidas, el encargado de mantenimiento, el responsable de operaciones y dos intendentes. En cambio, la Fiscalía descartó avanzar contra el presidente del Jockey Club, Charles Roberts, el titular de la Comisión del Country, Jorge Sánchez Almeyra, y el gerente general, Luis Luzzini. Este último, señala la querella, tiene según el reglamento del Country la supervisión directa de las piletas y los bañeros.
Un antecedente que la querella considera clave
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con un episodio ocurrido años antes de la muerte de Facundo. En 2019, un socio había sufrido el atrapamiento de un brazo por el mismo sistema de filtrado. Según la presentación de la familia, el episodio fue comunicado a las autoridades del club y llegó personalmente a conocimiento de Roberts.
Sin embargo, la resolución fiscal habría considerado que aquel hecho no permitía establecer que el presidente conociera la persistencia del peligro porque el socio había manifestado posteriormente que había visto colocada una protección. La querella sostiene que esa protección –la denominada «reja»– nunca pudo ser acreditada. De acuerdo con los peritajes citados en el escrito, no se encontraron perforaciones ni anclajes que permitieran confirmar que hubiese sido instalada.
Los abogados también cuestionan otro episodio: durante la temporada 2020/2021, un menor introdujo un toallón en el mismo ducto y provocó inconvenientes en el sistema. En lugar de tomar el episodio como evidencia de una condición peligrosa del filtro, el club sancionó al joven por su conducta, según surge de los antecedentes incorporados a la causa.
Para la querella, ambos hechos son relevantes porque demostrarían que el riesgo no apareció de manera imprevista el día en que murió Facundo, sino que existían antecedentes sobre el comportamiento peligroso del ducto.
La ubicación del ducto, otro punto de conflicto
La familia también cuestiona uno de los argumentos utilizados por los fiscales para considerar que el desenlace fatal no podía haber sido previsto por las autoridades. Según la resolución, el incidente de 2019 habría ocurrido en un ducto ubicado en la pared sur de la pileta, mientras que Facundo quedó atrapado en uno situado en la pared norte.
Los abogados sostienen, en cambio, que la pileta cuenta con un único ducto de filtrado, ubicado en el lateral norte desde 2003. Para fundamentarlo citan planimetrías y peritajes realizados por Bomberos Zapadores. La diferencia no sería un detalle menor: si se trataba del mismo ducto, el antecedente de 2019 adquiriría una relevancia directa para determinar qué sabían las autoridades del club sobre el riesgo.
Qué cuestiona la familia sobre la conducción del club
La querella también pone en discusión la idea de que el presidente y los integrantes de la Mesa Directiva carecían de responsabilidades concretas sobre el funcionamiento cotidiano del club.
Para ello cita el testimonio del excamarista penal Otto Crippa García, autor del Estatuto del Jockey Club, quien declaró que la Mesa Directiva tiene funciones ejecutivas y de control diario. Según los abogados, ese testimonio contradice la interpretación de que los presidentes cumplen únicamente funciones institucionales o «abstractas».
El escrito incorpora además otros elementos posteriores a la muerte de Facundo que, según la familia, deberían ser considerados para evaluar el comportamiento institucional: la ausencia de un sumario interno, la permanencia de empleados imputados en sus puestos y el funcionamiento de la pileta con un solo guardavidas cuando la normativa municipal exigía dos.
También se menciona el funcionamiento de un motor de 20 HP ubicado bajo llave y sin un botón de corte de emergencia, una cuestión que la querella considera especialmente relevante frente a una emergencia como la que sufrió el niño.
La familia cuestiona incluso que, apenas un mes después de la tragedia, el club mantuviera sus instalaciones para la realización de un torneo internacional de tenis –la Copa Davis– a pocos metros de la pileta donde había muerto Facundo, sin realizar, según denuncian, ningún acto público de homenaje o recordatorio.
Ahora los padres de Facundo y sus abogados esperan que el Fiscal Regional revise la resolución y reconsidere la exclusión de los integrantes de la conducción del Jockey Club. La controversia, así, ya no pasa solamente por determinar qué ocurrió aquel 2 de enero de 2024, sino también por establecer qué sabían las autoridades del club sobre los riesgos de la pileta, qué responsabilidades tenían y si los antecedentes existentes fueron suficientemente considerados antes de cerrar la investigación.


























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