Las medidas cautelares aplicadas por ARCA aumentaron 56% este año y tres de cada cuatro alcanzan a las firmas más pequeñas. Un informe de la Fundación Apertura advierte sobre el impacto que tiene la inmovilización de fondos en comercios y emprendimientos que dependen de la caja diaria para sostener salarios, proveedores y gastos corrientes
La presión fiscal sobre las empresas más pequeñas adquirió una nueva dimensión en Rosario. Los embargos aplicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aumentaron 56% durante 2026 respecto del año anterior y el 75% de esas medidas recayó sobre microempresas, según un informe elaborado por la Fundación Apertura a partir de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública.
El relevamiento, realizado en el marco de la Red de Entidades por la Producción de Rosario, permite observar la evolución de una herramienta de cobro que puede tener consecuencias particularmente fuertes sobre los establecimientos de menor tamaño. Entre 2021 y julio de este año, la Delegación Regional Rosario de ARCA registró 27.045 embargos sobre 11.458 empresas. Del total de medidas, 20.421 correspondieron a microempresas.
La dimensión del cambio aparece con mayor claridad al comparar los distintos períodos. La participación de las microempresas entre las firmas alcanzadas pasó del 37,3% en 2021 al 87,4% en 2026. Es decir, una herramienta que afecta la disponibilidad inmediata de fondos se concentra cada vez más sobre las estructuras empresarias con menor capacidad financiera.
El problema no termina en la deuda
Para un comercio o una empresa pequeña, un embargo no representa únicamente la existencia de una deuda fiscal pendiente. La inmovilización de dinero puede comprometer el capital de trabajo necesario para afrontar gastos cotidianos y alterar el funcionamiento de negocios que trabajan con márgenes reducidos y dependen de una caja de movimiento permanente.
El informe señala que resolver un embargo demanda, en promedio, 181 días, alrededor de seis meses. Ese plazo adquiere especial relevancia para las microempresas, que habitualmente no cuentan con estructuras jurídicas, contables o fiscales propias para gestionar rápidamente este tipo de situaciones.
La consecuencia puede extenderse además a la relación con proveedores y clientes. Cuando una firma pierde capacidad de pago, también puede deteriorarse su crédito comercial, dificultando la compra de insumos, el cumplimiento de compromisos y la continuidad normal de la actividad.
Una aceleración que se refleja en los números
El crecimiento no se limita a la cantidad de medidas. Entre 2021 y 2026, el monto nominal de los embargos en Rosario se multiplicó 55,8 veces, mientras que la inflación acumulada del período fue de 23,3 veces. En el caso específico de las microempresas, el monto real promedio reclamado pasó de $8,8 millones en 2024 a $19,6 millones en 2026, un incremento del 122%.
También aumentó la cantidad de medidas por empresa. El promedio pasó de 1,1 embargos por firma en 2021 a 3,2 en 2026. Para los primeros siete meses de este año se contabilizaron 3.713 medidas y la Fundación Apertura proyecta que el número podría llegar a 6.365 al cierre de 2026, lo que implicaría un crecimiento del 57,8% respecto de 2025.
En el segmento de las microempresas, la proyección es todavía mayor: de los 3.244 embargos registrados hasta julio se pasaría a unas 5.561 medidas durante todo el año, un aumento estimado del 61,5% frente a 2025.
Qué reclaman las entidades productivas
El escenario llevó a las entidades que integran la Red de Entidades por la Producción de Rosario a plantear modificaciones en el mecanismo de cobro. La discusión no apunta a cuestionar la facultad del Estado para reclamar las deudas fiscales, sino a establecer herramientas que permitan evitar que una medida cautelar termine agravando la situación financiera de una empresa que todavía se encuentra en condiciones de continuar funcionando.
Entre las propuestas aparece la necesidad de una notificación previa efectiva, con un plazo suficiente para que el contribuyente pueda regularizar su situación antes de que se concrete el embargo. También se plantean planes de facilidades de pago más extensos y adaptados a la capacidad de las empresas pequeñas.
Las entidades productivas también propusieron evaluar un esquema diferenciado según el tamaño de cada empresa, junto con mecanismos de alivio fiscal o suspensión de medidas cautelares para aquellas firmas que mantengan sus fuentes de trabajo.
Para Rosario, donde una parte importante de la actividad comercial y productiva depende de pequeñas unidades económicas, la evolución de estos números abre una discusión que excede la relación entre el fisco y los contribuyentes. El desafío consiste en determinar cómo sostener el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin convertir una deuda en un obstáculo adicional para empresas que necesitan preservar su capital de trabajo para seguir abiertas, pagar salarios y mantener activa la cadena de proveedores.