Dos empresas neerlandesas investigadas por sus actividades vinculadas con el desarrollo petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas, fueron contratadas durante el gobierno de Javier Milei para realizar trabajos en el oleoducto Vaca Muerta Sur. La situación quedó expuesta mientras el Ejecutivo endurece su política contra compañías relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en las islas y profundiza una agenda de “malvinización” en medio de la crisis económica y social
Dos compañías neerlandesas vinculadas con servicios petroleros que actualmente son investigadas por el Gobierno nacional debido a sus actividades relacionadas con las Islas Malvinas participaron, durante la propia gestión de Javier Milei, de trabajos vinculados con el desarrollo del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), uno de los principales proyectos de infraestructura energética del país. Se trata de Fugro NV y Bluewater Energy Services, empresas que prestaron servicios para la construcción de la infraestructura destinada a transportar y exportar el petróleo producido en Vaca Muerta desde Punta Colorada, en Río Negro.
El dato adquiere especial relevancia porque la administración nacional comenzó ahora a exigir que las empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas elijan entre esos negocios y sus operaciones en la Argentina. Sin embargo, las dos compañías ya habían intervenido en el proyecto VMOS durante el actual gobierno, sin que hasta ahora se hubiera producido una acción pública de la administración nacional sobre esa participación.
Una ley vigente desde 2011
Fugro figura entre las 45 empresas incluidas en una investigación anunciada por la Cancillería por un eventual incumplimiento de la Ley 26.659, sancionada en 2011.
La norma establece restricciones para empresas que desarrollen actividades o mantengan vínculos con personas físicas o jurídicas involucradas en operaciones no autorizadas por la Argentina en la Plataforma Continental.
En el caso de Fugro, la propia compañía informó en octubre de 2025 que había realizado estudios geotécnicos del lecho marino en el golfo de San Matías para el oleoducto de exportación de Vaca Muerta Sur.
La empresa confirmó de esa manera su participación en el proyecto VMOS, pese a que fuentes de YPF consultadas previamente habían señalado que no había trabajado para el consorcio.
Bluewater, en tanto, fue contratada para construir las monoboyas que serán instaladas frente a Punta Colorada, una infraestructura clave para permitir la exportación del petróleo de Vaca Muerta.
La compañía también aparece entre las empresas que prestaron servicios al proyecto offshore Sea Lion, en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Desde VMOS explicaron que la contratación de Bluewater se realizó de acuerdo con los procedimientos internos de compliance y con la legislación argentina. Además, indicaron que cuando se firmó el contrato, el 12 de junio de 2025, la empresa no mantenía vínculos con compañías relacionadas con Sea Lion.
El caso de Fugro presenta otro elemento: sus propios registros públicos dan cuenta de trabajos realizados para el proyecto durante 2025, en plena gestión de Milei.
Una obra estratégica para Vaca Muerta
El VMOS contempla la construcción de un oleoducto de casi 600 kilómetros, con una inversión estimada en US$ 3.000 millones y beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto es impulsado por YPF junto con Pluspetrol, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol.
La infraestructura permitirá transportar inicialmente unos 120.000 barriles diarios de petróleo y está diseñada para alcanzar los 550.000 barriles diarios, con una capacidad potencial de hasta 700.000.
La participación de proveedores internacionales especializados resulta particularmente relevante en una obra de esta magnitud. De hecho, especialistas del sector energético advirtieron que el universo de empresas capaces de prestar determinados servicios de alta complejidad no es ilimitado.
El director de Aleph Energy, Daniel Dreizzen, señaló que la oferta de proveedores especializados “es acotada, pero no tanto” y consideró que las grandes empresas ya eligieron Argentina y Vaca Muerta por razones económicas, aunque Sea Lion podría conseguir proveedores, “no los más importantes”.
La nueva política sobre Malvinas
La controversia aparece en momentos en que la Cancillería decidió endurecer su posición frente a las compañías que participan de actividades hidrocarburíferas en las islas.
El canciller Pablo Quirno anunció investigaciones y advirtió que el Gobierno no permitirá que empresas o contratistas vinculados con Sea Lion desarrollen actividades que, según la posición oficial, afecten los reclamos argentinos de soberanía.
La ofensiva incluye además modificaciones vinculadas con el RIGI. El titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, cuestionó que el Gobierno haya incorporado, mediante un decreto, una declaración jurada de no participación en actividades relacionadas con Malvinas, un requisito que originalmente no figuraba en la ley del régimen.
“Es llamativo que el Gobierno introduzca cambios el RIGI, a través del último decreto por el tema Malvinas, porque agrega un requisito de una declaración jurada de no participación en Malvinas que no estaba originalmente exigida en la ley”, sostuvo Carbajales.
La pregunta que deja planteada el caso es por qué esa vigilancia sobre los vínculos empresariales con Malvinas aparece con tanta intensidad ahora, cuando las compañías investigadas ya habían participado en proyectos estratégicos argentinos durante la actual administración.
De la bandera del Mundial a una nueva “malvinización”
La recuperación de la cuestión Malvinas ocupa un lugar cada vez más visible en el discurso oficial, después de que el Gobierno comenzara a utilizarla como uno de los ejes de su agenda política.
La escena de la bandera de Malvinas exhibida durante el Mundial funcionó como uno de los antecedentes recientes de esta renovada centralidad del tema, que ahora se traduce también en advertencias y posibles sanciones a empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas.
La ofensiva se desarrolla, además, en un contexto muy diferente al de los primeros meses de la gestión: una economía atravesada por el ajuste, dificultades para recomponer los ingresos y una situación social que mantiene bajo presión a amplios sectores de la población.
En ese escenario, la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un espacio destacado en la agenda oficial. Y el caso de Fugro y Bluewater introduce una paradoja difícil de soslayar: mientras el Gobierno endurece ahora las condiciones para las empresas relacionadas con proyectos petroleros en las islas, esas mismas compañías pudieron participar de una obra estratégica de Vaca Muerta durante la administración de Milei, pese a que la legislación que regula este tipo de vínculos está vigente desde hace 15 años.


























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