El Gobierno nacional reglamentó la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y establece un nuevo sistema de sanciones y supervisión. Sin embargo, la Justicia bonaerense suspendió su aplicación durante 60 días por la falta de infraestructura y recursos para afrontar los cambios
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a transitar sus primeras horas de vigencia en medio de una fuerte controversia judicial. Mientras el Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de la Ley 27.801 y puso en marcha los mecanismos necesarios para su implementación, la Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender preventivamente su aplicación durante 60 días.
La situación expone, apenas iniciado el nuevo esquema, uno de los principales desafíos de la reforma: la distancia entre la sanción de una nueva legislación y la capacidad concreta de las jurisdicciones para llevarla a la práctica.
El régimen, que alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años, no se limita a la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La normativa establece un sistema integral de responsabilidad penal juvenil, con una escala de respuestas que incluye desde sanciones alternativas hasta distintas modalidades de privación de la libertad.
Una nueva escala de sanciones
La reglamentación, aprobada mediante el Decreto 875/2026, designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito de la Justicia nacional y federal y estableció mecanismos de coordinación con las provincias.
Entre las sanciones previstas se encuentran la amonestación, la prohibición de acercamiento a las víctimas, restricciones para concurrir a determinados lugares, servicios a la comunidad, reparación del daño, monitoreo electrónico y penas privativas de la libertad.
Además, las medidas pueden complementarse con herramientas orientadas a la educación, la capacitación laboral, la formación ciudadana, las actividades deportivas y culturales y la atención sanitaria.
Cuando corresponda una pena de encierro, el nuevo régimen contempla tres alternativas: la privación de la libertad en el domicilio, en un instituto abierto o en un establecimiento especializado de detención.
La ley prohíbe las penas de prisión perpetua para adolescentes y establece un máximo de 15 años para las condenas privativas de la libertad.
Supervisores para acompañar y controlar las medidas
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es la creación de un registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Estos profesionales tendrán a su cargo el seguimiento, la asistencia y el control de los adolescentes sometidos a las diferentes medidas previstas por la ley.
Para integrar ese cuerpo deberán contar con formación en áreas como educación, pedagogía, psicología, trabajo social o abordaje de consumos problemáticos, además de acreditar experiencia profesional y realizar capacitaciones específicas en justicia penal juvenil y derechos de niños, niñas y adolescentes.
La reglamentación también prevé una etapa transitoria mientras se conforma el registro definitivo y establece mecanismos de articulación con organismos de protección de derechos, instituciones educativas, equipos de salud y programas de formación laboral.
La intención declarada es que la respuesta estatal no quede reducida exclusivamente al castigo, sino que incorpore herramientas de seguimiento y reinserción social.
Un freno de 60 días en la provincia de Buenos Aires
Pero mientras el Gobierno avanzaba con la puesta en marcha del nuevo régimen, la Justicia bonaerense dispuso su suspensión preventiva en todo el territorio provincial durante 60 días.
La medida fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado en favor de adolescentes privados de la libertad.
El principal argumento de la resolución es la falta de condiciones materiales, infraestructura y recursos suficientes para recibir a una mayor cantidad de jóvenes dentro del sistema.
La magistrada advirtió que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen penal podría incrementar la demanda sobre dispositivos que ya presentan dificultades para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, educación, capacitación y reinserción.
La resolución también convocó a las autoridades bonaerenses a informar qué medidas adoptarán para adecuar el sistema a las exigencias del nuevo régimen.
El desafío de convertir la ley en una política efectiva
El rápido conflicto que rodeó la entrada en vigencia de la reforma puso en evidencia que el debate sobre el régimen penal juvenil no termina con la aprobación de una ley.
La baja de la edad de imputabilidad fue uno de los puntos más visibles de la discusión pública, pero la implementación del nuevo sistema plantea desafíos mucho más amplios: contar con establecimientos adecuados, profesionales especializados, programas de seguimiento y recursos suficientes para cumplir con los objetivos de educación, resocialización e integración social establecidos por la propia normativa.
La suspensión dispuesta en la provincia de Buenos Aires abre ahora un escenario de tensión entre la decisión política de aplicar el nuevo régimen y las condiciones reales de las instituciones que deberán hacerlo funcionar. Apenas días después de su puesta en marcha, la reforma ya enfrenta su primera gran prueba: demostrar que el cambio legislativo puede transformarse en una política pública capaz de responder a la complejidad de la problemática juvenil.


























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