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El Gobierno profundiza la apertura del mercado automotor con nuevas reglas para autos y autopartes

El Gobierno nacional avanzó un nuevo paso en su estrategia de desregulación de la economía al modificar las reglas para la homologación de vehículos cero kilómetro y liberar la importación, producción y comercialización de autopartes. La medida, formalizada mediante el Decreto 796/2026 publicado en el Boletín Oficial, busca reducir trámites y costos para las terminales e importadores, al tiempo que incorpora estándares internacionales al sistema argentino.

El cambio alcanza tanto a vehículos fabricados en el país como a unidades importadas y modifica particularmente el mecanismo mediante el cual se acredita el cumplimiento de las normas de seguridad. En paralelo, elimina la autorización previa para el ingreso y venta de piezas y repuestos destinados al parque automotor.

Homologaciones con estándares estadounidenses

Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento directo de determinadas certificaciones de seguridad emitidas en Estados Unidos.

A partir de ahora, Argentina aceptará las homologaciones respaldadas por la denominada “Blue Ribbon Letter”, un documento emitido por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), mediante el cual el fabricante declara que sus vehículos cumplen con las normas federales estadounidenses de seguridad activa y pasiva.

Con este mecanismo, el Estado argentino ya no exigirá ensayos adicionales a los realizados bajo las normas norteamericanas. La correspondencia técnica de cada vehículo importado será verificada mediante su Número de Identificación Vehicular, conocido como VIN.

La modificación se suma a otras decisiones adoptadas durante el último año para simplificar los procedimientos de importación y homologación de vehículos. El Gobierno ya había avanzado en el reconocimiento de homologaciones extranjeras y en la reducción de requisitos administrativos para determinados modelos.

Qué controles permanecen

La flexibilización no significa que los vehículos puedan ingresar al mercado sin ningún tipo de requisito.

Los autos de producción seriada y cero kilómetro deberán continuar contando con la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), vinculada con las condiciones de seguridad, y con la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), relacionada con emisiones, ruidos y radiaciones.

El trámite será iniciado mediante una declaración jurada presentada por la terminal o el importador. También seguirán siendo válidas las homologaciones efectuadas bajo normas reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas.

La diferencia fundamental está en el mecanismo de acreditación: en determinados casos, el Estado argentino reconoce directamente certificaciones extranjeras en lugar de repetir localmente ensayos que ya fueron realizados en otros países.

Autopartes sin autorización previa

La otra modificación de peso está vinculada con las autopartes.

El decreto establece que los componentes, piezas y repuestos destinados a vehículos fabricados o importados en Argentina tendrán libre comercialización, producción e importación. Esto implica eliminar la autorización previa que hasta ahora era necesaria para determinados productos.

La responsabilidad por el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias quedará en manos de fabricantes e importadores.

El argumento oficial detrás de la medida es reducir barreras burocráticas, ampliar la oferta disponible y facilitar la competencia en el mercado de repuestos. Para los consumidores, uno de los efectos buscados es que exista una mayor variedad de piezas disponibles y potencialmente mejores condiciones de precio.

El cambio, sin embargo, también modifica el esquema de control: parte de las verificaciones que antes se realizaban antes de la comercialización pasan a un sistema en el que gana importancia la responsabilidad posterior de quienes introducen los productos al mercado.

Responsabilidad y controles posteriores

La desregulación no elimina las sanciones. Por el contrario, el nuevo esquema establece mecanismos de responsabilidad para fabricantes e importadores.

En el caso de los vehículos homologados mediante certificaciones estadounidenses, las empresas deberán comunicar a las autoridades argentinas cualquier sanción, investigación, defecto de fabricación o campaña de retiro informada por la NHTSA.

Además, deberán aplicar en el mercado argentino las mismas medidas correctivas que se dispongan en Estados Unidos. El incumplimiento puede derivar en la suspensión o revocación de la homologación.

La normativa también considera falta grave el ocultamiento de información, la omisión de datos o la presentación de documentación falsa en las declaraciones juradas.

Una nueva etapa para la industria automotriz

La decisión forma parte de una política más amplia que el Gobierno viene aplicando sobre el sector automotor. Durante 2025 y 2026 se sucedieron distintas modificaciones destinadas a simplificar homologaciones, reconocer certificaciones extranjeras y reducir costos administrativos para la importación de vehículos.

La lógica oficial apunta a que una mayor apertura permita incorporar modelos y tecnologías con mayor rapidez y reduzca costos derivados de regulaciones consideradas redundantes.

La discusión, sin embargo, excede el trámite burocrático. Para la industria automotriz nacional, la apertura de las importaciones puede representar una mayor competencia para las terminales locales y sus proveedores, al mismo tiempo que facilita el acceso a vehículos y componentes fabricados en otros mercados.

En el caso de las autopartes, el impacto también puede trasladarse a una cadena productiva que incluye fabricantes nacionales, importadores, talleres y consumidores.

Apertura, competencia y el debate por la producción nacional

El Gobierno presenta estas reformas como parte de una transformación estructural destinada a bajar costos y eliminar obstáculos que, según su diagnóstico, encarecen los productos y reducen la competencia.

El desafío será determinar si esa apertura efectivamente se traduce en menores precios y mayor variedad para los consumidores, sin provocar al mismo tiempo un deterioro de la producción autopartista nacional o una mayor dependencia de proveedores externos.

La discusión vuelve a instalar así una tensión histórica de la política económica argentina: cuánto abrir el mercado para favorecer la competencia y cuánto proteger una industria local que genera empleo y agrega valor.

Con esta nueva reforma, el Gobierno vuelve a inclinar la balanza hacia la apertura y la desregulación. Ahora será el mercado el que deberá mostrar si la simplificación de reglas se convierte en mayor competencia, menores costos y una renovación más rápida del parque automotor, o si los beneficios quedan concentrados principalmente en importadores y grandes operadores del sector.