El ministro Pablo Cococcioni expuso en Diputados sobre un proyecto que permitiría a las provincias asumir nuevas competencias en causas de narcomenudeo. La iniciativa toma como referencia la experiencia santafesina y apunta a evitar superposiciones con la Justicia Federal
El debate sobre cómo enfrentar el narcomenudeo sumó un nuevo capítulo en el Congreso, donde Santa Fe planteó la necesidad de ampliar las competencias de las provincias para investigar y perseguir delitos vinculados con el microtráfico de estupefacientes. El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, expuso ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación sobre un proyecto impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia.
La iniciativa propone brindar nuevas herramientas a las provincias que decidan adherir al régimen para intervenir en casos de narcomenudeo y microtráfico que actualmente pueden quedar bajo competencia de la Justicia Federal. La adhesión, de acuerdo con el proyecto, será voluntaria para cada jurisdicción.
El planteo tiene como antecedente directo la experiencia desarrollada en Santa Fe, donde la persecución del microtráfico fue incorporada como uno de los componentes de la política de seguridad provincial.
El argumento de Santa Fe
Durante su exposición, Cococcioni sostuvo que la venta barrial de drogas no puede analizarse de manera aislada porque, en determinados territorios, aparece vinculada con otros delitos violentos.
El funcionario relacionó el microtráfico con la circulación de armas, los homicidios y las disputas territoriales entre organizaciones criminales. Desde esa perspectiva, defendió que las investigaciones puedan mantenerse dentro de una estrategia integral cuando los hechos se producen en el ámbito local.
Uno de los argumentos centrales planteados por el ministro fue que el traspaso de determinadas causas a la Justicia Federal puede fragmentar investigaciones que forman parte de un mismo fenómeno criminal. Para Santa Fe, contar con herramientas para actuar sobre la venta minorista permite intervenir sobre una de las capas más cercanas al territorio donde operan las organizaciones.
Una experiencia que busca proyectarse a otras provincias
La provincia viene utilizando la persecución del microtráfico como parte de su estrategia de seguridad, particularmente en Rosario, donde el combate contra las estructuras vinculadas al narcotráfico constituye uno de los principales ejes de la política criminal.
Cococcioni vinculó esa estrategia con la reducción de los homicidios registrada en la ciudad y sostuvo que la posibilidad de investigar el microtráfico a nivel local tuvo incidencia en ese resultado. Se trata, sin embargo, de una evaluación realizada por el propio Gobierno provincial y que forma parte de su fundamentación política para extender el modelo.
La discusión nacional plantea así si una herramienta desarrollada en Santa Fe puede trasladarse a otras jurisdicciones con realidades delictivas y estructuras judiciales diferentes.
Qué cambiaría con la nueva ley
El proyecto busca modificar el esquema actual para que las provincias que adhieran puedan intervenir en determinadas investigaciones vinculadas con estupefacientes que hoy corresponden a la órbita federal.
Scaglia explicó ante la comisión que el objetivo es evitar que determinadas causas queden en una zona de superposición o indefinición entre competencias y permitir que las provincias puedan actuar sobre delitos de microtráfico que tienen una expresión concreta en barrios y ciudades.
La propuesta no obligaría a todas las jurisdicciones a adoptar el nuevo esquema. Cada provincia debería decidir si adhiere y asume esas facultades, una característica que busca contemplar las diferencias entre los sistemas de seguridad y justicia de cada distrito.
Una discusión sobre federalismo y seguridad
El proyecto abre una discusión que excede la cuestión estrictamente penal. En el fondo, pone sobre la mesa cómo se distribuyen las responsabilidades entre Nación y provincias frente a un fenómeno criminal que combina escalas locales y estructuras de alcance mucho mayor.
Para Santa Fe, la experiencia de Rosario demuestra la importancia de contar con capacidad de intervención sobre los mercados minoristas de drogas. El desafío legislativo será determinar con precisión cuáles serían las nuevas competencias provinciales, cómo se coordinarían con la Justicia Federal y qué recursos necesitarían las provincias para ejercerlas de manera efectiva.
El debate recién comienza en el Congreso y deberá atravesar ahora el proceso legislativo. Su eventual aprobación podría modificar el mapa de responsabilidades en la lucha contra el narcomenudeo y convertir una política aplicada en Santa Fe en un modelo disponible para otras provincias.