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Meta enfrenta en Estados Unidos un juicio histórico por el impacto de las redes en los jóvenes

Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, comenzó este martes en California uno de los procesos judiciales más importantes de su historia. Una coalición de estados estadounidenses acusa al gigante tecnológico de haber diseñado sus plataformas para generar un uso compulsivo entre niños y adolescentes, pese a conocer los posibles efectos negativos sobre su salud mental.

El juicio se desarrolla ante un tribunal federal de Oakland y constituye el principal frente judicial hasta ahora contra Meta por el impacto de sus redes sociales en los menores. La demanda también sostiene que la empresa recopiló datos personales de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en posible violación de la legislación estadounidense de protección de la privacidad infantil.

Una acusación que apunta al modelo de negocio

El planteo de los estados no se limita a cuestionar determinados contenidos publicados por los usuarios. La acusación apunta directamente al diseño de las plataformas y a mecanismos como el desplazamiento infinito, las notificaciones constantes y otros recursos destinados a prolongar el tiempo de permanencia frente a las pantallas.

Los fiscales sostienen que Meta conocía las vulnerabilidades psicológicas de los usuarios jóvenes y utilizó ese conocimiento para aumentar el nivel de interacción y, con ello, sus ingresos publicitarios. La acusación plantea que la compañía priorizó el crecimiento y las ganancias por encima de la protección de los menores.

El expediente incorpora además cuestionamientos por la recopilación de información de menores sin autorización parental. De comprobarse esas conductas, el caso podría tener consecuencias que excedan ampliamente el debate sobre salud mental y alcanzar también la regulación de los datos personales.

Una posible multa de hasta 1,4 billones de dólares

La dimensión económica del proceso es extraordinaria. Los estados demandantes reclaman sanciones que, en el máximo escenario planteado, podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares. Sin embargo, especialistas consideran poco probable que una eventual condena alcance esa cifra y señalan que el proceso tendrá consecuencias más relevantes por las posibles modificaciones que podría imponer sobre el funcionamiento de las plataformas.

Entre las medidas reclamadas aparecen restricciones de edad, mayores controles para las cuentas de menores y modificaciones de determinadas funciones de las plataformas, incluido el sistema de desplazamiento infinito.

El resultado podría convertirse en un antecedente para otros litigios similares que avanzan en Estados Unidos y en otros países.

El antecedente que cambió el escenario

Meta llega al juicio después de sufrir otros golpes judiciales durante este año. En Nuevo México, un proceso terminó con una sanción de 567 millones de dólares y medidas destinadas a reforzar la seguridad de los usuarios jóvenes. Además, un jurado de Los Ángeles responsabilizó a Meta y a Google por el impacto que sus plataformas tuvieron sobre la salud mental de una joven que comenzó a utilizarlas durante su infancia y otorgó una indemnización de seis millones de dólares.

Estos antecedentes fortalecieron la estrategia de los estados que ahora llevan el caso a un tribunal federal. La intención es demostrar que los problemas denunciados no corresponden a episodios aislados, sino que estarían relacionados con decisiones estructurales de diseño y funcionamiento.

La comparación con los históricos litigios contra las empresas tabacaleras comenzó a aparecer en el debate público estadounidense: una industria que durante años defendió sus prácticas hasta que distintos procesos judiciales pusieron en discusión su responsabilidad sobre daños a la salud.

Meta rechaza las acusaciones

La compañía de Mark Zuckerberg niega haber diseñado sus productos para perjudicar deliberadamente a los menores. Meta sostiene que implementó herramientas de seguridad y controles específicos para adolescentes y cuestiona que los estados puedan atribuirle de manera directa una crisis de salud mental que, según su posición, tiene múltiples causas.

También considera desproporcionada la eventual sanción económica reclamada y sostiene que las acusaciones no demostrarían un daño concreto atribuible exclusivamente a sus plataformas.

El proceso será seguido de cerca por la industria tecnológica porque una decisión adversa podría establecer nuevas obligaciones para las redes sociales y modificar la manera en que las compañías diseñan productos destinados a usuarios jóvenes.

Un debate que ya es global

El juicio contra Meta se produce mientras distintos gobiernos avanzan con regulaciones para limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. Australia ya estableció restricciones para menores de 16 años, mientras otros países analizan límites de edad, controles parentales y mecanismos de verificación.

La discusión enfrenta dos derechos difíciles de equilibrar: la protección de los menores y su libertad de acceso y expresión en internet. El problema adicional es que las redes dejaron de ser espacios exclusivamente recreativos y se convirtieron en ámbitos centrales de socialización, información y construcción de identidad.

Por eso, el juicio contra Meta puede marcar un antes y un después. Si los tribunales concluyen que las plataformas fueron diseñadas de manera consciente para generar comportamientos adictivos y que sus responsables conocían los riesgos, el debate dejará de centrarse únicamente en cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla.

La pregunta pasará a ser otra: hasta dónde puede llegar la responsabilidad de una empresa tecnológica cuando el diseño de su producto puede afectar la salud y el desarrollo de millones de menores.