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El Gobierno tuvo que dar marcha atrás con los prácticos de buques y se reactivan los puertos

El Gobierno nacional suspendió la aplicación del decreto que desregulaba el servicio de practicaje y alcanzó un acuerdo con los representantes del sector que permitió levantar el conflicto y reanudar inmediatamente la asistencia a los buques que permanecían detenidos en la Hidrovía y los principales puertos argentinos.

La negociación incluyó una reducción del 20% en las tarifas del servicio y la conformación de una mesa técnica integrada por funcionarios nacionales, representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa y organismos competentes para revisar el contenido de la reforma.

La decisión significó un retroceso para una de las iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que fue apartado de las negociaciones. El decreto, que había sido presentado como una medida para fomentar la competencia y reducir costos logísticos, terminó provocando el efecto contrario: alrededor de 160 buques quedaron paralizados y se vio afectado el movimiento de exportaciones de granos, aceites y combustibles por la principal vía de salida del comercio exterior argentino.

Por qué los práctcos no pueden reemplazarse de un día para otro

El conflicto también puso de manifiesto el desconocimiento oficial sobre una actividad extremadamente especializada.

Los prácticos –conocidos también como pilotos de buques– son marinos profesionales que asisten al capitán cuando una embarcación ingresa o sale de un puerto o navega por pasos complejos como los de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Su intervención no reemplaza al capitán del barco, sino que aporta un conocimiento específico del río y de cada tramo de navegación que resulta indispensable para realizar maniobras seguras.

Para acceder a esa función deben reunir una extensa trayectoria profesional: haber ejercido previamente como capitanes de buques de ultramar, aprobar exigentes evaluaciones técnicas y obtener una habilitación específica de la autoridad marítima. Además, mantienen una capacitación permanente porque las condiciones de navegación cambian continuamente.

En ríos como el Paraná, donde los bancos de arena, las profundidades, las corrientes y los canales se modifican de manera constante por la dinámica natural y las tareas de dragado, ese conocimiento debe actualizarse casi diariamente. De allí que el practicaje sea considerado un servicio estratégico vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la continuidad del comercio exterior.

Por esa razón, especialistas del sector advirtieron desde el comienzo que el ingreso inmediato de nuevos operadores o el reemplazo de los prácticos experimentados no era una posibilidad real. La formación de un práctico demanda años de experiencia y certificaciones que no pueden improvisarse mediante una simple modificación normativa.

Una decisión que terminó generando más costos

La Hidrovía Paraguay-Paraná concentra cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. Cada día de paralización implica demoras en la carga y descarga de mercaderías, mayores costos por sobreestadías de los buques, alteraciones en la programación logística y retrasos en el ingreso de divisas.

Paradójicamente, una medida que había sido anunciada para reducir el denominado «costo argentino» terminó incrementándolo. Las pérdidas económicas derivadas de las demoras, sumadas al impacto sobre la imagen del país como proveedor confiable de alimentos y combustibles, terminaron neutralizando el objetivo que el propio Gobierno decía perseguir.

De las amenazas a la negociación

La secuencia política también dejó en evidencia la improvisación con la que se manejó el conflicto.

Durante la mañana del martes, el vocero presidencial Adrián Ravier defendía públicamente el Decreto 690/2026, aseguraba que la desregulación permitiría incorporar nuevos competidores y hasta deslizaba la posibilidad de aplicar sanciones contra quienes participaban de la medida de fuerza.

Horas más tarde, la Casa Rosada anunciaba exactamente el camino contrario: suspensión de la norma, apertura de una mesa de negociación y acuerdo con el sector para normalizar la navegación.

El comunicado oficial tampoco precisó mediante qué instrumento jurídico quedará suspendido el decreto ni cuánto tiempo permanecerá sin aplicación.

El costo de una desregulación improvisada

El episodio terminó convirtiéndose en uno de los retrocesos más evidentes de la política de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger.

Más allá del debate sobre la necesidad de revisar costos o introducir mayor competencia, el conflicto dejó al descubierto que la reforma fue impulsada sin dimensionar la complejidad técnica de una actividad crítica para el comercio exterior argentino.

La combinación de soberbia política, impericia y desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema de practicaje derivó en un escenario que terminó perjudicando al propio país. En lugar de agilizar las exportaciones y reducir costos, la iniciativa paralizó durante varios días la principal vía de salida de la producción argentina y obligó al Gobierno a desandar, en apenas cuatro días, una reforma que había presentado como un cambio histórico.