Bienvenidos a Todavía no es tarde

El Gobierno cede en la Ley de Tierras para evitar una derrota política en el Senado

La estrategia del Gobierno para avanzar con la reforma de la Ley de Tierras encontró un nuevo límite en el Senado. Luego de varios días de negociaciones y frente a la evidencia de que no contaba con los votos necesarios para aprobar el proyecto, el oficialismo aceptó retirar del temario el capítulo que modificaba el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. La decisión fue adoptada tras la presión ejercida por bloques aliados, que advirtieron que no acompañarían la iniciativa en esas condiciones.

La marcha atrás representa un revés político para el Gobierno en uno de los proyectos que buscaba convertir en bandera de su agenda de desregulación. Hasta último momento, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, intentó mantener el tratamiento del capítulo, pero la resistencia de legisladores dialoguistas terminó inclinando la balanza.

Los aliados marcaron el límite

El conflicto se gestó en torno a la propuesta oficial para flexibilizar la legislación vigente sobre propiedad de tierras rurales. Aunque el Ejecutivo ya había introducido modificaciones respecto de la versión original del proyecto —entre ellas, mantener restricciones para los Estados extranjeros y elevar algunos límites en lugar de eliminarlos completamente—, esas concesiones no alcanzaron para asegurar los apoyos necesarios.

Senadores de espacios provinciales, del radicalismo y de otros bloques considerados aliados transmitieron que el tema había adquirido un alto costo político y que preferían excluirlo del debate antes que exponer al oficialismo a una derrota en el recinto.

Una señal sobre la dinámica del Congreso

El episodio vuelve a poner de manifiesto una característica que se repite desde el inicio de la gestión libertaria: la necesidad permanente de negociar cada proyecto con fuerzas que, si bien acompañan parte de la agenda oficial, conservan autonomía para fijar sus propios límites.

Con una representación minoritaria en ambas cámaras, La Libertad Avanza depende del respaldo de bloques dialoguistas para aprobar iniciativas de peso. Esa realidad obliga al Ejecutivo a revisar proyectos, introducir cambios y, en algunos casos, postergar o retirar artículos que generan mayor resistencia política.

La discusión no desaparece

Que el capítulo haya sido retirado no implica que el debate sobre la propiedad de tierras rurales haya quedado cerrado. El Gobierno mantiene el objetivo de reformar el régimen vigente como parte de una estrategia orientada a ampliar las condiciones para la inversión privada, mientras que distintos sectores políticos sostienen que cualquier modificación debe preservar mecanismos de control sobre recursos considerados estratégicos.

En las últimas semanas, la discusión también trascendió el ámbito parlamentario. Encuestas de opinión mostraron un amplio respaldo ciudadano a mantener algún tipo de límite para la compra de tierras por parte de extranjeros, un dato que influyó en el posicionamiento de varios legisladores durante las negociaciones.

Un oficialismo obligado a recalcular

Más allá del contenido específico de la Ley de Tierras, el episodio deja una enseñanza política para el Gobierno. La capacidad de sostener su programa legislativo dependerá, una vez más, de su habilidad para construir consensos y administrar las diferencias con los sectores que suelen acompañar sus iniciativas, pero que no están dispuestos a respaldarlas sin modificaciones.

La decisión de retirar el capítulo evitó una derrota en el recinto, aunque también dejó en evidencia que los aliados conservan un poder de negociación decisivo en un Congreso donde ninguna fuerza cuenta por sí sola con los números suficientes para imponer su agenda.