El presidente anticipó que enviará al Congreso un proyecto para impedir que el Estado continúe ejecutando gastos una vez agotadas las partidas presupuestarias. La iniciativa, inspirada en el sistema estadounidense, genera interrogantes sobre su aplicación en la Argentina y su compatibilidad con el marco constitucional vigente
El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para incorporar en la Argentina un mecanismo similar al «government shutdown» de Estados Unidos, mediante el cual el Estado dejaría de ejecutar gastos cuando se agotaran las partidas presupuestarias autorizadas. La propuesta forma parte de un paquete de reformas orientadas a consolidar el equilibrio fiscal y limitar el crecimiento del gasto público, uno de los ejes centrales de la administración libertaria.
Durante una entrevista, el mandatario explicó que la intención es que, «cuando se agota el presupuesto, no se pueda gastar más y se apague el Estado», en alusión al mecanismo que rige en el sistema federal estadounidense cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento. La iniciativa será enviada al Congreso junto con otros proyectos vinculados a la reforma del Banco Central y al funcionamiento de la administración pública.
Qué es el «shutdown» y cómo funciona en Estados Unidos
En Estados Unidos, el cierre parcial del gobierno ocurre cuando el Congreso no logra aprobar a tiempo las leyes de presupuesto o una autorización transitoria para financiar el funcionamiento del Estado.
En esos casos, numerosas agencias suspenden actividades consideradas no esenciales, miles de empleados públicos son licenciados temporalmente o continúan trabajando sin percibir salarios hasta que se destrabe el conflicto político. Permanecen operativos únicamente los servicios considerados esenciales, como las Fuerzas Armadas, la seguridad pública o determinadas prestaciones sanitarias.
El mecanismo ha sido utilizado en distintas oportunidades como consecuencia de desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, convirtiéndose en una herramienta de fuerte presión política durante las negociaciones presupuestarias.
Las diferencias con el sistema argentino
El anuncio abrió rápidamente un debate entre especialistas en derecho constitucional y administración pública debido a las diferencias que existen entre ambos sistemas institucionales.
En la Argentina, la Constitución prevé que, cuando el Congreso no aprueba una nueva Ley de Presupuesto, continúa vigente el presupuesto del ejercicio anterior, con las adecuaciones que puede realizar el Poder Ejecutivo. Ese mecanismo permitió, por ejemplo, que la administración de Milei gobernara durante dos años consecutivos sin contar con un presupuesto sancionado por el Parlamento.
Por ese motivo, distintos constitucionalistas consideran que trasladar el modelo estadounidense requeriría modificaciones legales de alcance considerable e incluso podría plantear conflictos con principios constitucionales vinculados a la continuidad de los servicios públicos y el funcionamiento regular del Estado.
Una nueva pieza de la estrategia fiscal
El eventual proyecto se inscribe en la política de disciplina fiscal que el Gobierno presenta como el principal instrumento para sostener el superávit de las cuentas públicas.
En ese mismo paquete de reformas, Milei anticipó que buscará modificar la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia, impedir el financiamiento monetario del Tesoro y establecer sanciones para quienes autoricen emisiones destinadas a cubrir déficit fiscales.
La propuesta también aparece en un contexto en el que el Ejecutivo procura recuperar la iniciativa política y avanzar con reformas estructurales antes del inicio del próximo período legislativo.
Un proyecto que anticipa una discusión de fondo
Más allá de su viabilidad jurídica, el anuncio introduce un debate sobre el alcance que deberían tener las herramientas destinadas a garantizar el equilibrio fiscal y el papel que corresponde al Congreso en la definición del gasto público.
La iniciativa deberá atravesar el debate parlamentario y, probablemente, el análisis de especialistas en derecho constitucional. Allí se pondrá en discusión no solo la posibilidad de adaptar una figura propia del sistema estadounidense al ordenamiento argentino, sino también el equilibrio entre las facultades del Poder Ejecutivo, el control legislativo del presupuesto y la continuidad de las funciones esenciales del Estado.