La Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del DNU que modificaba aspectos centrales del régimen migratorio, entre ellos las restricciones para el acceso de extranjeros a la salud y la educación públicas. El fallo representa un nuevo revés judicial para el Gobierno y vuelve a poner en discusión el alcance de los decretos de necesidad y urgencia
La Justicia volvió a marcarle un límite al gobierno de Javier Milei. En un fallo de fuerte impacto institucional, la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había introducido una amplia reforma del régimen migratorio, incluyendo modificaciones en el acceso de extranjeros a la salud y la educación públicas, además de cambios en los criterios para obtener la ciudadanía argentina. El tribunal consideró que el Ejecutivo excedió sus atribuciones al legislar sobre materias reservadas al Congreso Nacional y que no quedaron acreditadas las circunstancias excepcionales que justificaran el uso de un DNU.
Un decreto que generó polémica desde su origen
La reforma migratoria había sido presentada por el Gobierno como una herramienta para fortalecer el control de las fronteras, combatir los denominados «tours sanitarios» y endurecer las condiciones para el acceso a distintos beneficios estatales por parte de extranjeros no residentes.
Entre otras disposiciones, el decreto establecía la obligatoriedad de contar con un seguro de salud para ingresar al país, habilitaba a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, endurecía los criterios para la radicación y la ciudadanía y ampliaba las causales para la expulsión de extranjeros condenados por delitos. Desde la Casa Rosada se argumentó que las medidas buscaban proteger los recursos públicos y ordenar la política migratoria.
Sin embargo, desde el momento de su publicación, diversos especialistas en derecho constitucional, organizaciones de derechos humanos y sectores académicos cuestionaron la constitucionalidad del decreto al entender que modificaba leyes vigentes mediante un mecanismo excepcional y sin la intervención del Congreso.
Los fundamentos del fallo
Los jueces sostuvieron que el Ejecutivo no demostró la existencia de una situación de necesidad y urgencia que impidiera el tratamiento legislativo de las reformas y remarcaron que el DNU alteraba derechos regulados por leyes nacionales.
El fallo también recordó que cuestiones vinculadas a la ciudadanía, la nacionalidad y el régimen migratorio tienen una estrecha relación con derechos políticos y garantías constitucionales, por lo que cualquier modificación sustancial requiere el debate parlamentario previsto por la Constitución Nacional. En consecuencia, la Cámara resolvió declarar la nulidad del decreto y restablecer la vigencia del marco legal anterior.
Un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y la Justicia
La decisión se suma a una serie de resoluciones judiciales que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, pusieron límites a distintas iniciativas impulsadas mediante decretos o decisiones administrativas. En los últimos meses, la Justicia también intervino en conflictos vinculados con el financiamiento universitario, aspectos laborales y otras medidas de fuerte impacto institucional.
Para el oficialismo, estas resoluciones forman parte de una resistencia de sectores del Poder Judicial a las reformas promovidas por el Gobierno. En cambio, quienes respaldan los fallos sostienen que representan el funcionamiento normal del sistema republicano de división de poderes y el control de constitucionalidad que corresponde ejercer a los tribunales.
La controversia también vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la política argentina: hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo mediante decretos de necesidad y urgencia y cuáles son los límites que establece la Constitución cuando se modifican leyes sancionadas por el Congreso.
Un fallo que trasciende la cuestión migratoria
Más allá de las consecuencias concretas sobre la política migratoria, la decisión judicial adquiere relevancia por su dimensión institucional. El pronunciamiento no implica necesariamente un rechazo al contenido de las medidas impulsadas por el Gobierno, sino al mecanismo elegido para implementarlas.
El fallo deja abierta la posibilidad de que las reformas sean debatidas en el Congreso, ámbito natural para discutir cambios que involucran derechos, obligaciones y políticas públicas de largo alcance. Al mismo tiempo, constituye un nuevo desafío para una administración que ha hecho de los decretos una de sus principales herramientas de gestión y que ahora enfrenta un escenario en el que la fortaleza de sus iniciativas dependerá, cada vez más, de su capacidad para construir consensos políticos e institucionales.