La histórica cooperativa láctea atraviesa la etapa más crítica de su crisis. Mientras avanza la venta de plantas y marcas, más de 700 trabajadores fueron desvinculados y uno de los síndicos denunció ante la Corte Suprema de Santa Fe presuntas irregularidades en la conducción de la quiebra
La quiebra de SanCor entró en una nueva fase de conflicto. A la profunda crisis financiera y productiva que derivó en el cierre de buena parte de su actividad, se sumó ahora la desvinculación de más de 700 trabajadores y una denuncia contra el juez que interviene en el expediente, Marcelo Gelcich, titular del juzgado de Rafaela.
La cooperativa había solicitado su propia quiebra en abril, luego de no poder sostener un acuerdo con sus acreedores ni afrontar el creciente pasivo acumulado. La sentencia judicial consignó que la empresa tenía 914 trabajadores registrados al 31 de enero de este año, con deudas salariales, previsionales, comerciales e impositivas, además de una actividad reducida a niveles mínimos en sus seis plantas industriales.
Más de 700 despidos y seis plantas en venta
El proceso de liquidación dejó en funciones a un grupo reducido de 178 empleados, mientras que 736 trabajadores quedaron fuera de la estructura activa de la cooperativa. Las plantas de Sunchales, Gálvez, Devoto, Balnearia, San Guillermo y La Carlota forman parte del paquete de activos que la Justicia busca vender, junto con las marcas y otros bienes intangibles de la empresa.
La base fijada para una eventual oferta conjunta fue establecida en 52,1 millones de dólares. Sin embargo, distintos acreedores y sectores vinculados a la cooperativa cuestionan que ese monto no alcanzaría para cubrir el volumen de las deudas reclamadas y reclaman frenar o revisar el mecanismo de licitación y remate.
Una denuncia que escala a la Corte santafesina
En paralelo, uno de los síndicos independientes del expediente presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe contra el juez Gelcich. La presentación cuestiona presuntas decisiones que habrían limitado los controles de la sindicatura plural y concentrado el manejo de la liquidación de activos en una estructura paralela dentro del proceso.
Entre los puntos señalados aparecen cuestionamientos a la designación de una coadministradora, al manejo de ofertas comerciales y a operaciones vinculadas con mercadería que estaba bajo resguardo judicial. Se trata de acusaciones formuladas en el marco de una presentación judicial, que deberán ser analizadas por los organismos competentes y sobre las cuales el magistrado cuestionado deberá ejercer su derecho de defensa.
El final de una cooperativa emblemática
La quiebra de SanCor no sólo impacta sobre sus trabajadores. También golpea a productores tamberos, proveedores, transportistas y localidades que durante décadas estuvieron ligadas a la actividad de una de las cooperativas lácteas más importantes del país.
Mientras la Justicia avanza con la venta de los activos, un sector de acreedores, trabajadores y productores impulsa recursos para frenar los remates y explorar alternativas que permitan conservar parte de la capacidad productiva. Por ahora, el futuro de la marca y de sus plantas sigue abierto, pero el costo social de la crisis ya se mide en cientos de puestos de trabajo perdidos.