La ley de “modernización laboral” ya está vigente tras su publicación en el Boletín Oficial. Mientras el oficialismo la presenta como una herramienta para incentivar el empleo y reducir juicios laborales, sindicatos y especialistas advierten que inaugura una etapa de mayor flexibilización y pérdida de garantías históricas.
El gobierno de Javier Milei promulgó la reforma laboral aprobada días atrás por el Congreso y convirtió en ley uno de los cambios estructurales más significativos del mercado de trabajo argentino en décadas. La norma modifica aspectos centrales del régimen laboral: amplía el período de prueba, habilita esquemas más flexibles de organización de la jornada, redefine el sistema de indemnizaciones e impulsa mecanismos alternativos como los fondos de cese laboral.
Para el Ejecutivo, la reforma busca reducir la litigiosidad y promover nuevas contrataciones en un mercado golpeado por la informalidad. Sin embargo, organizaciones sindicales y sectores de la oposición sostienen que el paquete avanza sobre derechos históricos de los trabajadores y consolida un modelo de relaciones laborales más desregulado, en un contexto económico que ya muestra fuertes tensiones sociales.