Cuatro relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas expresaron su preocupación por los recortes en los programas destinados a comedores comunitarios y sectores vulnerables. La advertencia también alcanza a la desregulación del mercado de alimentos y al debilitamiento de las políticas de apoyo a la agricultura familiar. El Ejecutivo argentino no respondió dentro del plazo establecido
El alcance de las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei volvió a quedar bajo observación internacional. Cuatro mecanismos especiales de Naciones Unidas enviaron una comunicación al Estado argentino para advertir sobre las consecuencias que podrían tener los recortes en la asistencia alimentaria, los cambios regulatorios y la reducción de herramientas de intervención estatal sobre el acceso a los alimentos de los sectores de menores ingresos.
La carta, fechada el 9 de septiembre y conocida públicamente este 20 de noviembre, fue dirigida al presidente Javier Milei y lleva las firmas de especialistas de Naciones Unidas vinculados con el derecho a la alimentación, la vivienda adecuada, los derechos de los campesinos y la lucha contra la extrema pobreza. La comunicación llegó al país hace dos meses y, una vez vencido el plazo previsto para presentar explicaciones, trascendió que el Gobierno no había enviado una respuesta.
El planteo no se limita a cuestionar una partida presupuestaria. Los relatores advierten sobre un conjunto de decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 que, consideradas en su conjunto, podrían comprometer el cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada, especialmente entre mujeres, niños, hogares de bajos ingresos y comunidades rurales.
Los comedores comunitarios, en el centro de la preocupación
Uno de los principales puntos señalados es la reducción de los recursos destinados a programas de asistencia alimentaria. La comunicación menciona específicamente los cambios en Alimentar Comunidad, una iniciativa orientada a sostener el funcionamiento de comedores populares, y las modificaciones en proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destinados a financiar acciones alimentarias para grupos de bajos ingresos.
Los especialistas expresaron particular preocupación por la posible interrupción o reducción de la asistencia a comedores, familias y huertas familiares, comunitarias y escolares. Advirtieron que esas medidas pueden afectar de manera desproporcionada a quienes dependen de esos espacios y programas como una fuente importante de alimentación cotidiana.
La dimensión presupuestaria agrega otro elemento al debate. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción cercana al 10% en términos reales para el programa que abastece a los comedores comunitarios. De acuerdo con los datos publicados por El Destape, el recorte acumulado desde diciembre de 2023 alcanzaría el 47,6%.
A esa situación se suma la eliminación del programa Volver al Trabajo, que incluía entre sus beneficiarias a numerosas mujeres que cumplen tareas cotidianas de preparación y distribución de alimentos en organizaciones comunitarias. Se trata de una estructura de asistencia que combina recursos estatales con trabajo territorial y que, en muchos barrios, funciona como una respuesta frente a la emergencia social.
La desregulación y el derecho a la alimentación
La advertencia internacional también pone el foco en las transformaciones regulatorias impulsadas por el Ejecutivo. Entre las medidas mencionadas figura el DNU 70/23, que derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, además de eliminar el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.
Para los especialistas, la pérdida de herramientas de monitoreo y regulación puede debilitar la capacidad estatal para seguir la evolución de los mercados y proteger el acceso de la población a productos esenciales. La preocupación se extiende a las condiciones de producción y comercialización de alimentos, particularmente en relación con los pequeños productores y la agricultura familiar.
El documento también aborda reformas vinculadas con la tierra y los recursos naturales, y advierte sobre los posibles efectos de una mayor concentración de la propiedad y de los cambios en las condiciones de acceso y permanencia en los territorios rurales.
La presentación que dio origen a la intervención de Naciones Unidas había sido realizada en mayo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones. A partir de esa información, los mecanismos internacionales solicitaron precisiones sobre las políticas adoptadas y sus consecuencias para los sectores más expuestos a la pobreza.
Diez preguntas y una obligación que trasciende la discusión presupuestaria
La comunicación incluye diez preguntas dirigidas al Estado argentino sobre las decisiones adoptadas, sus fundamentos y los mecanismos previstos para garantizar el derecho a la alimentación. También solicita información acerca del diálogo que mantiene el Gobierno con las organizaciones de la sociedad civil afectadas por esas políticas.
La intervención de los relatores no constituye una sentencia ni una resolución judicial contra la Argentina, pero sí representa un pronunciamiento institucional relevante dentro de los mecanismos internacionales de seguimiento de los derechos humanos. Sus observaciones colocan al país ante la necesidad de explicar cómo compatibiliza su programa económico y sus decisiones presupuestarias con los compromisos internacionales asumidos.
El planteo adquiere mayor dimensión en un escenario donde la reducción del gasto público convive con una demanda persistente de asistencia social y alimentaria. Los comedores, merenderos y organizaciones territoriales continúan ocupando un lugar central en la atención de familias que no logran cubrir sus necesidades básicas mediante sus propios ingresos.
La discusión, por lo tanto, excede la magnitud del ajuste o la orientación económica elegida por la administración nacional. El desafío institucional consiste en determinar hasta dónde pueden modificarse las políticas de asistencia sin comprometer garantías fundamentales y qué mecanismos existen para evitar que los costos de la transformación recaigan sobre quienes cuentan con menos recursos. La advertencia de Naciones Unidas vuelve a instalar esa tensión en el centro de la agenda pública y plantea un interrogante sobre la responsabilidad del Estado frente a la seguridad alimentaria de su población.


























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