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Pullaro avanza en la construcción de una nueva Corte y consolida su peso sobre el Poder Judicial santafesino

La renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe entra en su tramo decisivo y representa uno de los movimientos institucionales de mayor trascendencia de la gestión de Maximiliano Pullaro. La oficialización de Aldo Mario Alurralde como nuevo integrante del máximo tribunal no constituye solamente la cobertura de una vacante: es otro paso concreto en una estrategia política que el gobernador convirtió en uno de sus principales objetivos desde que llegó a la Casa Gris.

El nombramiento quedó formalizado mediante el decreto 2393/2026 y establece que el exjuez federal de Reconquista asumirá el 1° de diciembre, cuando se haga efectiva la renuncia de Rafael Gutiérrez, quien además dejará la presidencia del cuerpo. La misma fecha marcará el recambio de Roberto Falistocco, cuyo lugar será ocupado por Jorgelina Genghini.

De esta manera, el Ejecutivo completa los trámites administrativos para incorporar a dos nuevos integrantes y profundiza una modificación que cambiará sustancialmente la composición del tribunal encargado de interpretar la Constitución provincial, resolver controversias jurídicas y ejercer el máximo control de legalidad en Santa Fe.

Una renovación que fue mucho más que un recambio de nombres

La transformación de la Corte no apareció de manera circunstancial en la agenda del gobernador. Desde sus primeras intervenciones públicas, Pullaro cuestionó el funcionamiento del sistema judicial santafesino y planteó la necesidad de introducir cambios estructurales para mejorar sus respuestas, acelerar los procedimientos y revisar las responsabilidades institucionales.

La relación entre el Ejecutivo y el máximo tribunal atravesó momentos de tensión. La discusión sobre la permanencia de algunos magistrados, los límites de edad y la necesidad de renovar una estructura que llevaba años consolidada formaron parte de un debate que excedió largamente las cuestiones administrativas.

Pullaro convirtió ese diagnóstico en una decisión política. El recambio debía concretarse durante su mandato y, con el paso del tiempo, el proceso fue avanzando mediante negociaciones, anuncios de retiro y acuerdos legislativos.

Uno de los episodios que permitió encaminar la renovación fue el diálogo que el gobernador mantuvo con integrantes de la Corte en septiembre de 2024. Las posteriores decisiones de retiro de magistrados históricos despejaron el escenario para avanzar con las nuevas designaciones.

El resultado comenzará a hacerse visible en diciembre: seis de los siete integrantes del tribunal habrán sido designados durante la administración de Pullaro. Se trata de una modificación de enorme relevancia política porque permitirá al actual gobierno influir de manera determinante en la integración del órgano judicial de mayor jerarquía de la provincia.

Los acuerdos políticos y el peso de la Legislatura

La designación de Alurralde ya había superado una instancia decisiva el 26 de febrero, cuando la Asamblea Legislativa aprobó su pliego con 56 votos afirmativos, uno negativo y nueve abstenciones.

En aquella misma sesión también recibieron acuerdo los nombramientos de Diego Maciel y Jorgelina Genghini, aunque con diferentes niveles de respaldo parlamentario. Los tres nombres habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes que se producirían en el máximo tribunal.

El mecanismo de designación muestra que la renovación no dependió exclusivamente de la voluntad del gobernador. Requirió construir los consensos legislativos previstos por el procedimiento institucional, en un escenario donde las fuerzas políticas tuvieron que fijar posición sobre los perfiles elegidos.

Sin embargo, la magnitud del recambio también plantea una cuestión política relevante: la capacidad de una administración para modificar profundamente la composición de un poder del Estado durante un mismo período de gobierno.

La independencia judicial no se define solamente por el procedimiento mediante el cual llegan los magistrados a sus cargos, sino también por la autonomía con la que ejercen posteriormente sus funciones. Allí estará una de las claves para evaluar el alcance de esta transformación.

Una Corte con nueva composición y desafíos pendientes

Con la incorporación de Alurralde y Genghini, el tribunal quedará integrado por siete miembros: Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder, Diego Maciel, Jorgelina Genghini y el propio Alurralde.

El nuevo esquema también introduce una particularidad territorial. Alurralde llega después de desempeñarse durante 18 años como juez federal en Reconquista y será el primer magistrado proveniente del norte santafesino que se incorpora al máximo tribunal provincial.

Su trayectoria y su procedencia amplían la representación geográfica dentro de una institución cuya integración históricamente estuvo concentrada en determinados espacios del Poder Judicial.

La perspectiva de género constituye otro de los aspectos a observar. Con Margarita Zabalza y Jorgelina Genghini, la Corte tendrá dos mujeres entre sus siete integrantes. La próxima vacante podría adquirir especial importancia en ese sentido, a partir de los criterios de paridad incorporados en la nueva Constitución provincial.

El poder de designar y la responsabilidad de garantizar independencia

La renovación del máximo tribunal le permitirá a Pullaro concretar una de las apuestas institucionales más importantes de su administración. Pero el verdadero resultado de ese proceso no se medirá únicamente por la cantidad de ministros que llegaron durante su gestión ni por la velocidad con la que se produjeron los reemplazos.

La Corte deberá demostrar que puede funcionar con autonomía frente a los poderes políticos, sostener criterios jurídicos propios y garantizar que sus decisiones estén respaldadas por el derecho y no por las expectativas del gobierno de turno.

En una provincia donde la reforma judicial, la seguridad y el funcionamiento de las instituciones ocuparon un lugar central en la agenda política, el máximo tribunal tendrá un papel determinante. Sus resoluciones pueden incidir sobre decisiones gubernamentales, conflictos entre poderes y derechos individuales y colectivos.

Pullaro consiguió avanzar en la modificación de una estructura que durante años mantuvo una composición estable. Ahora se abre otra etapa: la de demostrar que el recambio puede traducirse en una Justicia más eficiente, independiente y capaz de responder a las demandas de la sociedad.

La renovación de la Corte es, sin dudas, una victoria política para el gobernador. La calidad institucional del nuevo tribunal, en cambio, será una responsabilidad que deberá trascender a su propia gestión.