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Después de $LIBRA, ¿se viene la absolución para Spagnuolo?

El caso ANDIS sumó un capítulo decisivo para la estrategia de las defensas y para el debate político alrededor del Gobierno de Javier Milei. El informe de Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible establecer la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, cuyas grabaciones describían un presunto circuito de sobornos vinculado con la compra de medicamentos y mencionaban a funcionarios cercanos al Presidente.

Los especialistas detectaron cortes, discontinuidades e indicios compatibles con procesos de regrabación o edición. También señalaron que no podían descartar una eventual manipulación mediante herramientas de inteligencia artificial. A esas limitaciones se sumó un problema fundamental: la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de que llegara a la instancia pericial, lo que impidió garantizar su integridad desde el origen.

El resultado, sin embargo, no equivale a certificar que los audios fueron fabricados ni permite concluir que las denuncias carecen de sustento. El alcance del informe es más acotado: los peritos no pudieron confirmar el origen de las grabaciones ni atribuir técnicamente las voces a las personas involucradas.

Una prueba cuestionada, una causa abierta

La repercusión del peritaje es inevitable porque las grabaciones se convirtieron en el detonante público de uno de los escándalos más sensibles para la administración libertaria. En ellas, una voz atribuida a Spagnuolo describía presuntas irregularidades en contrataciones de medicamentos y mencionaba supuestos pagos destinados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a otros integrantes del entorno oficial.

La dificultad para autenticar ese material representa un elemento favorable para las defensas, pero no determina por sí sola el desenlace judicial. La fiscalía sostuvo que los procesamientos se apoyan también en evidencia documental e informática independiente de las grabaciones. El juez federal Ariel Lijo deberá evaluar el alcance del informe y decidir sobre las medidas pendientes.

Spagnuolo continúa procesado en la causa. Por eso, hablar de una absolución anticipada supone ir más allá de lo que efectivamente estableció la pericia. La discusión judicial ahora pasa por determinar qué valor conserva cada elemento probatorio y si el resto de la evidencia permite sostener las acusaciones.

El antecedente de $LIBRA y el costo político

La comparación con el caso $LIBRA aparece en un contexto en el que el Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión y la respuesta institucional ante denuncias que involucran a personas de su entorno. Aunque se trata de investigaciones diferentes, ambas instalaron interrogantes sobre la responsabilidad política, los mecanismos de control y la capacidad de la Justicia para esclarecer hechos de alto impacto público.

En el caso ANDIS, la incertidumbre sobre los audios puede modificar el escenario de la investigación y ofrecer argumentos a quienes cuestionan la solidez de la acusación original. Pero el problema político no se reduce a la autenticidad de una grabación: también comprende el funcionamiento de las contrataciones públicas, los controles sobre los organismos estatales y la eventual existencia de irregularidades que puedan probarse por otras vías.

La cuestión central será si la investigación consigue reconstruir los hechos con evidencia verificable, más allá de las filtraciones y de la disputa política que rodeó al caso desde el comienzo.

Por ahora, el informe de Gendarmería no representa una absolución. Sí introduce una dificultad para establecer la autenticidad de una pieza que tuvo un peso central en la exposición pública del escándalo. La resolución judicial dependerá del conjunto de las pruebas y no de una interpretación aislada del peritaje. En un caso que compromete políticamente al oficialismo, esa diferencia será determinante tanto para la Justicia como para el debate público.