El sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados fue apelado por un inversor damnificado, mientras la Coalición Cívica anunció que denunciará al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano. Las presentaciones ponen en discusión las pruebas pendientes, el papel de las querellas y los fundamentos de una decisión que todavía puede ser revisada
La causa por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial y político. A pocos días de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispusiera el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve investigados, las críticas al cierre del expediente se tradujeron en recursos judiciales y en el anuncio de nuevas denuncias contra los funcionarios que intervinieron en la investigación.
El primer movimiento fue la apelación presentada por Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores damnificados, con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. El escrito solicita que se revoquen los sobreseimientos y continúe la investigación. En paralelo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anunció que su espacio denunciará al juez y al fiscal Eduardo Taiano por considerar que la resolución dejó sin esclarecer aspectos relevantes del caso.
Las dos iniciativas tienen alcances diferentes, pero convergen en un cuestionamiento central: si la investigación reunió elementos suficientes para cerrar definitivamente el expediente o si quedaron diligencias pendientes que debían completarse antes de desvincular a los acusados. Las críticas de los damnificados y de la oposición política constituyen planteos que deberán ser examinados por las instancias correspondientes; no equivalen, por sí mismas, a una comprobación de irregularidades ni de responsabilidades penales.
La discusión sobre las pruebas pendientes
En su apelación, Marchetto cuestionó la fundamentación de Martínez de Giorgi y sostuvo que el magistrado realizó una valoración fragmentaria de los elementos incorporados al expediente. Su argumento principal es que la resolución habría confundido la falta de pruebas suficientes para sostener una acusación con la conclusión de que los hechos investigados no constituyen delito.
El inversor también objetó el desempeño de Taiano, quien había solicitado los sobreseimientos. Según el recurso, la Fiscalía promovió el cierre mientras todavía había medidas de prueba pendientes, entre ellas ampliaciones de pericias telefónicas y declaraciones testimoniales que, a criterio del apelante, podían contribuir a reconstruir los acontecimientos.
Otro de los puntos señalados es que ninguno de los once investigados fue convocado a prestar declaración indagatoria antes de que se resolviera su sobreseimiento. Para Marchetto, esa circunstancia debe analizarse junto con las diligencias que aún estaban en curso y con los elementos vinculados a las comunicaciones entre el Presidente y Mauricio Novelli, uno de los organizadores investigados, durante los minutos previos a la difusión pública del criptoactivo.
La apelación sostiene que esos registros, sumados a las operaciones financieras efectuadas antes de la publicación presidencial y a los movimientos posteriores de fondos, requerían una evaluación integral. El planteo no demuestra por sí mismo la existencia de coordinación delictiva, pero reclama que se esclarezcan las relaciones entre los protagonistas y las operaciones antes de dar por concluida la investigación.
El frente político y las críticas a la Justicia
La controversia también se trasladó al Congreso. Ferraro, quien presidió la comisión investigadora parlamentaria sobre $LIBRA, anunció que la Coalición Cívica impulsará denuncias contra Taiano y Martínez de Giorgi. El legislador cuestionó que la causa avanzara hacia los sobreseimientos sin que los investigados fueran llamados a indagatoria y afirmó que todavía existían elementos que debían ser examinados.
El diputado también objetó el tratamiento que recibió la información reunida durante la investigación parlamentaria y cuestionó que se consideraran respuestas de organismos del Poder Ejecutivo mientras, según su interpretación, se relativizaban otros elementos incorporados al expediente. Además, criticó el apartamiento de los damnificados que buscaban intervenir como querellantes.
Las acusaciones formuladas por Ferraro expresan la posición de una fuerza opositora y deberán seguir los canales institucionales correspondientes. Su relevancia política reside en que el cuestionamiento no se limita a la conclusión judicial, sino que apunta al modo en que se desarrolló el proceso y a la posibilidad de que la decisión impida profundizar aspectos que los denunciantes consideran relevantes.
La intervención de la oposición, sin embargo, no reemplaza la evaluación judicial de las pruebas. La cuestión de fondo es si los fundamentos del sobreseimiento responden de manera suficiente a los elementos reunidos y a las medidas realizadas o pendientes, una discusión que deberá resolverse mediante los mecanismos procesales previstos.
La disputa por el derecho a recurrir
Uno de los aspectos decisivos del caso es la situación procesal de los damnificados. Marchetto fue apartado de la causa como querellante y aguarda que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva su planteo para recuperar esa condición. Por eso presentó la apelación como pretenso querellante, es decir, como una persona que reclama judicialmente el reconocimiento de su derecho a participar en el expediente.
El problema es relevante porque la resolución que dispuso los sobreseimientos podría quedar firme antes de que se defina si los inversores afectados pueden intervenir como parte acusadora. Si eso ocurriera, una eventual reincorporación posterior perdería eficacia práctica frente a una investigación ya cerrada.
La Cámara de Casación tendrá, por lo tanto, un papel importante en la definición del alcance de la participación de los damnificados y de las posibilidades de revisión de la decisión. El debate excede el interés individual de quienes perdieron dinero con la operación: también involucra el acceso de las víctimas a la Justicia y los mecanismos disponibles para cuestionar una resolución que consideran perjudicial.
Un caso que sigue proyectándose sobre el Gobierno
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió en sus redes sociales el criptoactivo $LIBRA. Después de una suba inicial, su valor se desplomó y numerosos compradores denunciaron pérdidas. La investigación buscó determinar qué ocurrió durante el lanzamiento, quiénes intervinieron en la operación y qué responsabilidades podían derivarse de esos hechos.
La controversia actual se desarrolla en dos planos. En el judicial, las presentaciones buscan impedir que el sobreseimiento se convierta en un cierre definitivo sin revisar los cuestionamientos planteados. En el político, la oposición utiliza el caso para exigir explicaciones sobre la actuación de los funcionarios judiciales y el papel del Presidente en la difusión del activo.
Para el Gobierno, la decisión de sobreseer a los investigados representa un desenlace favorable, aunque su alcance definitivo depende de la evolución de las impugnaciones. Para los damnificados, la discusión pasa por conseguir que se revisen las razones del cierre y se determine si corresponde completar nuevas medidas de prueba.
La resolución del caso tendrá consecuencias que van más allá de sus protagonistas. También pondrá a prueba la capacidad de los mecanismos judiciales para revisar decisiones controvertidas, garantizar la participación de los damnificados y ofrecer fundamentos verificables cuando una investigación de alto impacto público llega a su fin. Por ahora, la disputa está abierta: lo que resta determinar es si los recursos presentados modificarán el curso del expediente o si los sobreseimientos terminarán quedando firmes.


























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