La Nación redujo de 128 a seis los principios activos contemplados en el programa de medicamentos gratuitos para la atención primaria. La decisión deja afuera tratamientos habituales para enfermedades crónicas, infecciones y salud sexual y reproductiva, y reabre la discusión sobre las responsabilidades del Estado y las desigualdades en el acceso a la salud
La reducción del programa Remediar marca un nuevo cambio en la política sanitaria del Gobierno nacional. Creado en 2002 para garantizar medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de todo el país, el sistema deja atrás su cobertura amplia y se reconvierte en el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, concentrado en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
La modificación, formalizada mediante la Resolución 1477/2026 del Ministerio de Salud, reduce de 128 a seis los principios activos incluidos en la distribución nacional. No se trata de la desaparición absoluta de toda asistencia farmacológica, sino de una transformación profunda de sus objetivos y de la cantidad de tratamientos contemplados. El cambio afecta a una política que abastecía a casi 6.000 centros de salud y que durante más de dos décadas funcionó como una herramienta para acercar medicamentos a personas sin cobertura suficiente.
Entre los fármacos que dejan de formar parte del listado se encuentran la metformina, utilizada para tratar la diabetes; la levotiroxina, indicada para trastornos de la tiroides; el salbutamol, empleado en afecciones respiratorias, y la amoxicilina, uno de los antibióticos de uso frecuente. También quedan afuera medicamentos pediátricos, anticonceptivos y tratamientos para otras enfermedades crónicas e infecciones.
De una política de cobertura amplia a una estrategia focalizada
El argumento sanitario del Gobierno nacional es concentrar los recursos en las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en Argentina. Sin embargo, la discusión no se limita a determinar qué patologías deben recibir prioridad, sino a evaluar qué sucede con las necesidades que dejan de estar cubiertas por la distribución federal.
La atención primaria cumple una función que va mucho más allá de resolver consultas de baja complejidad. Es el primer nivel de contacto de la población con el sistema sanitario y permite detectar enfermedades, sostener tratamientos, realizar controles y prevenir complicaciones que, cuando no se atienden a tiempo, pueden requerir internaciones y procedimientos más costosos.
En ese esquema, la disponibilidad de medicamentos esenciales es parte de la capacidad de respuesta de los centros de salud. Cuando una persona no puede acceder a un fármaco por su costo, la continuidad del tratamiento queda condicionada por sus ingresos o por la posibilidad de que otra jurisdicción se haga cargo de la provisión.
La organización Chequeado advirtió, además, que el presupuesto de Remediar cayó un 72% en términos reales respecto de 2023 y que la cantidad de tratamientos entregados disminuyó un 62% entre 2023 y 2025. Esos indicadores muestran que la reducción del listado se inscribe en un proceso de retracción que ya venía afectando el alcance de la política.
Santa Fe, ante una responsabilidad creciente
Para Santa Fe, el cambio implica revisar cómo sostener la provisión de los medicamentos que dejan de llegar a los centros de atención primaria por esta vía nacional. El impacto no será necesariamente uniforme: dependerá de los recursos provinciales y municipales, de las compras que puedan realizarse y de las necesidades concretas de cada territorio.
El concejal rosarino y exsecretario de Salud municipal Leonardo Caruana cuestionó la decisión y advirtió sobre sus consecuencias para la atención de los sectores más vulnerables. Según señaló, la disponibilidad de medicamentos permite que los equipos sanitarios resuelvan una proporción importante de los problemas de salud sin necesidad de derivar a los pacientes a niveles de mayor complejidad.
La cuestión también involucra a la producción pública de medicamentos. Santa Fe cuenta con capacidades de elaboración y con laboratorios que han participado en licitaciones para abastecer al sistema sanitario. Pero la existencia de esa infraestructura no elimina automáticamente las dificultades: reemplazar una provisión nacional masiva requiere financiamiento, planificación, compras y logística.
El riesgo es que la continuidad de ciertos tratamientos dependa cada vez más del lugar de residencia y de la capacidad económica de cada gobierno provincial. En ese escenario, dos personas con necesidades sanitarias similares podrían encontrar respuestas diferentes según la jurisdicción en la que vivan.
El costo de desatender la prevención
La reducción de la cobertura farmacológica también plantea una discusión económica. El ahorro inmediato que puede obtener el Estado nacional al disminuir las compras debe analizarse frente a los costos que podrían aparecer en otros niveles del sistema si los pacientes interrumpen tratamientos o llegan a los hospitales con enfermedades agravadas.
La falta de medicamentos para controlar la diabetes, tratar infecciones o atender afecciones respiratorias no garantiza que esas necesidades desaparezcan: puede trasladarlas a las familias, a los gobiernos provinciales y municipales o a los servicios de mayor complejidad. Es un riesgo sanitario y presupuestario que exige evaluar el impacto real de la medida, más allá del gasto que representa el programa.
El debate de fondo es qué modelo de salud pública busca construir el país. La focalización de recursos puede ser una herramienta válida cuando responde a criterios sanitarios claros, pero la reducción de prestaciones esenciales necesita contemplar cómo se atenderán las necesidades excluidas y qué mecanismos evitarán que la capacidad de pago se convierta en una barrera para el tratamiento.
La reconversión de Remediar deja así una pregunta central para el federalismo argentino: hasta dónde puede el Estado nacional modificar una política de alcance general sin comprometer la igualdad de acceso que buscaba garantizar. Para Santa Fe y sus municipios, la respuesta no será solamente presupuestaria. También estará en juego la capacidad de sostener una atención primaria cercana, preventiva y accesible, antes de que los problemas de salud se conviertan en urgencias más complejas y costosas.


























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