Una inmobiliaria promocionó a compradores extranjeros un campo de casi 3.000 hectáreas en Chubut, con lago privado y costa sobre un río, durante el período en que un fallo de la Corte Suprema dejó sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras. Aunque el máximo tribunal restableció provisoriamente esos límites, el episodio volvió a poner en discusión la seguridad jurídica, la soberanía territorial y el alcance de la política de desregulación del Gobierno
La controversia por la propiedad extranjera de tierras rurales dejó de ser una discusión limitada a los tribunales y mostró sus consecuencias en el mercado inmobiliario. Un informe del Observatorio de Tierras detectó que una inmobiliaria promocionó un establecimiento de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico, Chubut, con un lago privado de 16 hectáreas, arroyos permanentes y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico. La oferta, difundida en castellano y en inglés, apareció durante los días en que las restricciones nacionales a la adquisición de determinados campos por parte de extranjeros habían quedado sin efecto.
La publicación fue retirada después de que el caso tomara estado público, según la investigación de La Nación. No hay confirmación de que la venta se haya concretado. Sin embargo, el episodio expuso una consecuencia concreta de la incertidumbre jurídica: durante un breve intervalo, las reglas que limitaban determinadas operaciones sobre tierras rurales quedaron sujetas a una situación judicial cambiante, con potenciales efectos sobre decisiones comerciales.
Una secuencia judicial que cambió las reglas en pocos días
El origen del episodio está en el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema revocó una sentencia que había declarado inconstitucional esa derogación. El argumento central fue procesal: el tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), impulsor de la demanda, no tenía legitimación para promover ese reclamo colectivo.
La decisión dejó sin efecto el freno judicial que impedía aplicar la derogación de la ley. Pero no significó que la Corte hubiera resuelto definitivamente la constitucionalidad de la medida del Poder Ejecutivo. La discusión de fondo continuó abierta.
El escenario volvió a cambiar el 9 de octubre, cuando el máximo tribunal dictó una medida cautelar interina que suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del decreto. La decisión respondió a otra presentación judicial, impulsada por organizaciones ambientales, comunidades indígenas y la dirigente rionegrina Magdalena Odarda. De esa manera, las restricciones de la Ley de Tierras volvieron a regir mientras se analiza la legitimación de los demandantes y la continuidad del proceso.
Entre ambas resoluciones transcurrieron diez días. Ese fue el período en el que, según el Observatorio de Tierras, se difundió la oferta del campo patagónico.
La secuencia revela una cuestión institucional relevante: una sentencia puede producir efectos inmediatos aun cuando no resuelva definitivamente el conflicto normativo que está detrás de ella. En este caso, la modificación temporal del escenario jurídico coincidió con una promoción inmobiliaria dirigida también a potenciales compradores extranjeros.
Qué protegía la Ley de Tierras
La Ley 26.737 no prohibía de manera general que ciudadanos extranjeros compraran campos en Argentina. Establecía un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental, junto con restricciones específicas vinculadas con la nacionalidad de los titulares, la superficie y la localización de los inmuebles.
Entre sus disposiciones figuraban limitaciones para la adquisición extranjera de tierras situadas en determinadas zonas de seguridad de frontera y de predios rurales que contuvieran cuerpos de agua permanentes y de importancia. Esas previsiones relacionaban el régimen de propiedad con cuestiones estratégicas, como el control territorial y la protección de los recursos naturales.
La oferta detectada en Chubut reunió precisamente características que explican la sensibilidad del caso: una extensión considerable, acceso a cursos de agua y ubicación en la Patagonia. No obstante, corresponde distinguir entre la promoción comercial de una propiedad y la concreción de una compraventa, así como entre los elementos denunciados por el Observatorio y las eventuales responsabilidades que pudieran determinar las autoridades competentes.
La discusión también se vincula con el acceso a las costas. El artículo 1974 del Código Civil y Comercial establece el camino de sirga para los supuestos contemplados por la norma, con una franja de 15 metros en las márgenes de determinados cursos de agua. La propiedad de un campo no implica adquirir el dominio privado de las aguas públicas, pero el acceso efectivo a esos espacios puede generar conflictos entre intereses particulares y derechos de uso colectivo.
Desregulación, seguridad jurídica y soberanía territorial
El Gobierno nacional impulsó la derogación de la Ley de Tierras como parte de su estrategia de desregulación económica y ampliación de las condiciones para la inversión. Desde esa perspectiva, reducir restricciones a la propiedad privada busca eliminar barreras para las operaciones inmobiliarias y productivas.
Quienes defienden la continuidad de la ley sostienen, en cambio, que la tierra rural tiene características que justifican una regulación específica. La ubicación de los predios, su extensión y la presencia de recursos hídricos pueden involucrar intereses ambientales, productivos y estratégicos que no se agotan en el precio de mercado.
El conflicto, por lo tanto, no se reduce a una oposición entre inversión extranjera y protección nacional. También plantea qué límites considera necesarios el Estado para determinadas operaciones, qué criterios utiliza para establecerlos y qué mecanismos institucionales garantizan que esas reglas sean claras y previsibles.
La sucesión de decisiones de la Corte dejó expuesta, además, la dificultad de sostener una política pública cuando su aplicación depende de litigios que avanzan por vías procesales diferentes. El tribunal no declaró definitivamente constitucional ni inconstitucional la derogación de la ley en esta secuencia de resoluciones: primero revocó una sentencia por la falta de legitimación de quienes habían promovido aquella demanda y, luego, suspendió provisoriamente los efectos del artículo cuestionado ante otra presentación.
Esa diferencia es importante para comprender el estado actual de la controversia. La vigencia provisoria de las restricciones no equivale a una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.
La definición pendiente es también política
El caso abre interrogantes que exceden a la inmobiliaria y a la propiedad ofrecida. ¿Se difundieron otras operaciones durante esos diez días? ¿Hubo reservas, compromisos de compraventa o transferencias que deban ser examinadas? ¿Qué información tienen los organismos nacionales y provinciales sobre los movimientos registrados durante ese período?
El Observatorio de Tierras reclamó mecanismos para conocer lo sucedido durante esa ventana temporal. La respuesta requiere información verificable y, en caso de detectarse operaciones potencialmente incompatibles con las normas aplicables, la intervención de las autoridades competentes. La publicación de un aviso, por sí sola, no permite afirmar que se haya concretado una transferencia irregular.
Al mismo tiempo, la controversia vuelve a colocar al Congreso ante una discusión de fondo sobre el régimen de propiedad rural. El Poder Legislativo puede debatir y establecer reglas generales dentro del marco constitucional, mientras que las provincias conservan competencias relevantes sobre el ordenamiento territorial y la gestión de sus recursos.
La cuestión central es cómo compatibilizar la inversión y la propiedad privada con la protección de territorios y recursos considerados estratégicos, mediante reglas estables y procedimientos transparentes. La oferta de Chubut no resuelve ese debate, pero muestra cómo una modificación normativa y sus efectos judiciales pueden trasladarse rápidamente al terreno comercial.
Mientras la discusión sobre la Ley de Tierras siga abierta, la seguridad jurídica dependerá tanto de la claridad de las normas como de la coherencia de los procedimientos para aplicarlas. Y la soberanía territorial seguirá siendo una cuestión que exige definiciones institucionales sostenidas, no solamente respuestas urgentes cuando una controversia llega a los tribunales.
Fuentes: La Nación, investigación sobre la oferta inmobiliaria en Chubut y La Nación, fallo cautelar de la Corte Suprema del 9 de octubre


























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