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Santa Fe acortó a seis meses los trámites ambientales y habilitó licencias de hasta 15 años

El Gobierno de Santa Fe presentó el balance del primer año de implementación de la Licencia Ambiental Digital (LAD), una herramienta con la que reformuló los procedimientos para las empresas que deben obtener autorizaciones ambientales. Según los datos oficiales, el sistema permitió reducir de hasta seis años a un máximo de seis meses los plazos de tramitación y multiplicar la cantidad de firmas incorporadas al registro.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático informó que más de 4.500 empresas fueron categorizadas durante los últimos doce meses, diez veces más que en 2023. En el mismo período se otorgaron 862 licencias ambientales digitales y otras 512 permanecían en trámite, lo que totaliza 1.374 expedientes emitidos o en proceso.

El balance se presentó en un encuentro con autoridades provinciales, legisladores y representantes del sector productivo. Allí también se anunció la Licencia Ambiental Extendida, una modalidad que permitirá llevar hasta 15 años la vigencia de las autorizaciones para las empresas que acrediten condiciones adicionales de sostenibilidad.

De los expedientes en papel a la gestión digital

La reforma se apoya en el Decreto 153/25 y sus resoluciones reglamentarias, que modificaron los procedimientos para obtener permisos ambientales. El esquema anterior contemplaba trámites presenciales, documentación en papel y circuitos administrativos que podían prolongarse durante años.

Con la digitalización, las gestiones de categorización ambiental, que podían demorar entre tres y doce meses, pasaron a resolverse de manera digital y automática en aproximadamente 20 minutos. Para las licencias, en tanto, el plazo máximo informado por la Provincia quedó establecido en seis meses.

El cambio apunta a reducir la incertidumbre administrativa que enfrentan las empresas al poner en marcha proyectos o adecuar sus instalaciones a la normativa. La agilización de los permisos puede facilitar decisiones de inversión, aunque los tiempos efectivos también dependen de las características de cada actividad y del cumplimiento de los requisitos ambientales correspondientes.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, sostuvo que la reforma permite resolver gestiones con mayor rapidez sin resignar las obligaciones de fiscalización. El desafío del nuevo esquema consiste en que la simplificación de los procedimientos no se traduzca en una reducción de las exigencias de protección ambiental.

Más empresas bajo seguimiento y auditorías en territorio

Uno de los resultados que destacó el Gobierno provincial fue el aumento de la capacidad de incorporación de establecimientos al sistema. Según el balance oficial, creció un 1.104% la emisión y tramitación de licencias ambientales digitales, mientras que la cantidad de empresas de mediano y alto impacto ambiental incorporadas formalmente al sistema aumentó un 564%.

También se otorgaron un 400% más de factibilidades ambientales para nuevos proyectos productivos y loteos. Estos indicadores reflejan una ampliación de la actividad administrativa vinculada con la evaluación ambiental, aunque por sí solos no permiten determinar el grado de cumplimiento de cada establecimiento ni el resultado ambiental de las autorizaciones otorgadas.

En paralelo, la Provincia informó que alcanzó un promedio de 150 auditorías de campo mensuales, dentro de una nueva planificación de los controles. Ese componente resulta clave para evaluar el alcance de la reforma: el sistema no solo debe procesar permisos con mayor rapidez, sino también verificar que las empresas cumplan las condiciones establecidas y actuar cuando se detecten incumplimientos.

La digitalización, además, evitó la circulación de unas 376.000 hojas de papel y más de 10.300 viajes presenciales que anteriormente realizaban profesionales para gestionar expedientes.

Licencias de hasta 15 años con condiciones adicionales

La principal novedad anunciada es la Licencia Ambiental Extendida, una modalidad destinada a reconocer a las empresas que superen los requisitos ambientales obligatorios mediante compromisos adicionales de sostenibilidad.

La vigencia general de las licencias ambientales será de diez años. Para acceder a un plazo de hasta 15 años, las firmas deberán contar con un Plan de Gestión Ambiental vigente, no registrar sanciones ni requerimientos pendientes y asumir compromisos ambientales adicionales.

La iniciativa fue desarrollada con participación de Cimpar, un espacio de articulación público-privada que intervino en el diseño de estas políticas. El objetivo es generar incentivos para que las empresas incorporen prácticas de gestión ambiental más exigentes, con beneficios administrativos asociados al cumplimiento.

La extensión del plazo no supone una exención de las obligaciones ambientales. Su aplicación estará vinculada a las condiciones previstas por el régimen y a los compromisos que asuma cada establecimiento.

La extensión del plazo no supone una exención de las obligaciones ambientales. Su aplicación estará vinculada a las condiciones previstas por el régimen y a los compromisos que asuma cada establecimiento.

El desafío de combinar producción y sustentabilidad

La reforma provincial se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo compatibilizar la actividad económica con la protección de los recursos naturales. Para las empresas, la previsibilidad de los permisos puede reducir costos y facilitar inversiones; para el Estado, el aumento de establecimientos registrados amplía el universo sobre el que debe desarrollar tareas de evaluación y fiscalización.

El resultado de la política dependerá, por lo tanto, de dos dimensiones que deben avanzar en conjunto: la capacidad de resolver trámites en plazos razonables y la eficacia de los controles sobre las actividades autorizadas.

El balance del primer año muestra un crecimiento significativo de las gestiones digitales y de las empresas incorporadas al sistema. La próxima etapa será consolidar ese funcionamiento, verificar los compromisos asumidos por las industrias y sostener las auditorías necesarias para que la agilización administrativa contribuya a la producción sin debilitar los estándares ambientales de Santa Fe.