Un juez federal declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para mantener suspendida la Ley de Financiamiento Universitario después de que el Congreso rechazara el veto presidencial. La resolución ordena aplicar de inmediato la norma y vuelve a instalar en el centro de la escena la disputa por los límites entre los poderes del Estado
La Justicia Federal volvió a intervenir en el conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso definiera las partidas presupuestarias necesarias. También ordenó al Poder Ejecutivo garantizar su cumplimiento inmediato.
La particularidad del fallo está en el recorrido previo de la norma. La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025, luego vetada por el Presidente y finalmente ratificada por ambas cámaras con las mayorías necesarias para insistir con su sanción. El Gobierno, sin embargo, la promulgó mediante un decreto que dejó su aplicación condicionada a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
Una disputa que ya tiene antecedentes judiciales
Para Cormick, ese mecanismo excedió las facultades del Poder Ejecutivo. Según el fallo, el Gobierno terminó incorporando una suerte de instancia adicional de veto que no está contemplada por la Constitución, aun cuando el Congreso ya había insistido con la vigencia de la ley. El magistrado sostuvo además que la propia norma universitaria brindaba herramientas para que el Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.
La decisión no aparece aislada. El mismo juzgado ya había ordenado al Estado avanzar con la actualización de salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles. A fines de septiembre, Cormick volvió a intimar al Gobierno a cumplir esas obligaciones y advirtió sobre la posibilidad de aplicar sanciones económicas frente a un cumplimiento que consideró parcial.
El nuevo fallo amplía ahora el alcance de la discusión. Ya no se trata solamente de determinar si el Gobierno está cumpliendo una medida cautelar, sino de establecer si podía condicionar por decreto la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso.
El conflicto vuelve a cruzar al Ejecutivo con el Congreso
El argumento oficial se apoya en una cuestión que el Gobierno viene planteando desde el inicio de la disputa: las leyes que implican mayores gastos deben identificar los recursos con los que serán financiadas. Esa posición fue utilizada para justificar primero el veto y luego la suspensión de la aplicación de la norma. La Justicia, en cambio, consideró que el Ejecutivo no podía utilizar ese argumento para dejar sin efecto en los hechos una ley ya vigente.
El conflicto adquiere mayor dimensión porque se produce mientras el Gobierno define el Presupuesto 2027. Según la información publicada por La Nación, el proyecto oficial contempla alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, mientras que los rectores estiman que para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario deberían contemplarse unos $11 billones. La diferencia se acerca al 50%.
La discusión presupuestaria, por lo tanto, será ahora uno de los escenarios centrales del conflicto. El fallo judicial establece una obligación concreta para el Ejecutivo, pero la disputa por los recursos deberá atravesar también el debate parlamentario sobre las partidas para el próximo año.
Una nueva movilización suma presión al escenario
Mientras avanza la discusión judicial y presupuestaria, los gremios universitarios mantienen su reclamo y anunciaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. La convocatoria fue respaldada por el Consejo Interuniversitario Nacional y tendrá como uno de sus ejes la defensa del financiamiento de las universidades públicas.
La fecha, además, podría concentrar distintos conflictos políticos. Ese mismo día está prevista una sesión especial en Diputados impulsada por sectores de la oposición para intentar avanzar sobre el DNU 70/2023, que incluye entre otras medidas la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El escenario amenaza así con convertir la jornada en un nuevo punto de encuentro entre las disputas institucionales, las demandas sociales y el debate legislativo.
El fallo de Cormick todavía puede ser apelado por el Gobierno, por lo que la controversia no está cerrada. Pero incorpora un elemento relevante al escenario político: mientras el Ejecutivo sostiene que necesita margen para administrar los recursos públicos, la Justicia vuelve a señalar que ese margen tiene límites cuando se trata de una ley que el Congreso aprobó y luego ratificó frente a un veto presidencial.
Más allá del conflicto universitario, lo que queda planteado es una discusión de mayor alcance sobre el funcionamiento del sistema institucional. El caso vuelve a poner bajo examen hasta dónde puede llegar el Ejecutivo mediante decretos para condicionar una norma sancionada por el Congreso y qué ocurre cuando ambos poderes sostienen interpretaciones diferentes sobre la aplicación de una ley. En un año atravesado por fuertes disputas entre oficialismo, oposición y Justicia, esa tensión promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política.


























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