El máximo tribunal convocó a dos conjueces para avanzar con una nueva causa contra el artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras Rurales. La decisión reabre una discusión que la Corte había dejado deliberadamente sin resolver y vuelve a poner en tensión la vía judicial, el alcance de los decretos y el debate político sobre la propiedad de tierras en manos extranjeras
La discusión sobre la Ley de Tierras vuelve a escalar en el máximo nivel institucional. La Corte Suprema resolvió convocar a dos conjueces para intervenir en una causa promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que regían sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión llega apenas una semana después de otro pronunciamiento de la Corte que había generado fuerte repercusión política. En ese caso, el tribunal rechazó una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), pero lo hizo por una cuestión procesal: consideró que la organización no tenía legitimación suficiente para promover el reclamo. Por eso, aquella sentencia no definió si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o no.
Ese matiz resulta central para entender lo que ocurre ahora. La propia Corte aclaró después de aquel fallo que no había resuelto la controversia de fondo y que otros expedientes podían llegar al tribunal. El planteo de Árbol de Pie representa precisamente esa nueva oportunidad: la asociación ambiental sostiene su reclamo desde la protección del ambiente reconocida por la Constitución Nacional y cuestiona la eliminación de las restricciones a la propiedad rural extranjera.
La convocatoria de dos conjueces también muestra que el expediente encontró un punto de dificultad dentro de una Corte integrada actualmente por tres ministros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Al no alcanzar una posición común sobre el tratamiento de la causa, el tribunal decidió completar su integración mediante el sorteo de dos magistrados entre los presidentes de las cámaras federales.
El trasfondo excede, de todos modos, la discusión estrictamente judicial. La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, había establecido un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones vinculadas con la concentración por nacionalidad. El DNU 70/2023 eliminó esas disposiciones a través de su artículo 154.
La cuestión ya había intentado resolverse por la vía política. El Gobierno defendió la eliminación de las restricciones como una herramienta para facilitar inversiones y ampliar la llegada de capital extranjero, mientras que sus críticos sostienen que la tierra constituye un recurso estratégico cuya concentración puede tener implicancias económicas, ambientales y territoriales. El Congreso, por su parte, tampoco logró hasta ahora cerrar esa discusión.
Ahora el escenario vuelve a desplazarse hacia los tribunales. La Corte no anticipó cuál será su decisión ni fijó todavía una fecha para resolver el planteo de Árbol de Pie. Por eso, la convocatoria de conjueces no significa una definición sobre la constitucionalidad de la derogación, sino la apertura de una nueva instancia para que esa cuestión pueda finalmente ser analizada.
El caso adquiere así una dimensión política que excede a los actores directamente involucrados. Lo que está en discusión no es solamente el régimen de propiedad rural, sino también hasta dónde puede llegar un DNU para modificar una legislación vigente, qué controles institucionales deben operar sobre esas decisiones y cuál será el papel del Poder Judicial cuando el Congreso y el Ejecutivo mantienen posiciones enfrentadas sobre una cuestión de alto impacto económico y territorial.
La próxima definición de la Corte tendrá, por eso, consecuencias que pueden ir más allá del expediente puntual. Mientras el Gobierno sostiene una política de desregulación orientada a facilitar inversiones, la discusión sobre quién puede adquirir tierras rurales y bajo qué condiciones vuelve a plantear una pregunta de fondo sobre el equilibrio entre apertura económica, protección ambiental, soberanía territorial y controles constitucionales.


























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