La norma incorpora sanciones al Código de Convivencia para quienes ofrezcan estacionamiento, guarda, lavado o limpieza de vehículos sin autorización. En la ciudad, sin embargo, será necesario avanzar con una regulación local para que el nuevo régimen pueda aplicarse
El debate sobre los cuidacoches sumó este jueves un capítulo decisivo: el Senado de Santa Fe convirtió en ley el proyecto que establece sanciones para la actividad no autorizada en la vía pública. La iniciativa, impulsada por el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas, modifica el Código de Convivencia provincial, pero deja en manos de cada municipio la definición de las reglas que permitirán llevar la norma a la práctica.
La Cámara alta rechazó las modificaciones introducidas durante el tratamiento en Diputados y volvió a imponer el texto aprobado originalmente en marzo. La votación reunió los dos tercios necesarios para que el Senado pudiera insistir con su versión, cerrando así un trámite legislativo que se había extendido durante varios meses.
Qué contempla la nueva normativa
La ley incorpora tres artículos al Código de Convivencia provincial. El primero sanciona a quienes, sin autorización y cuando la actividad esté prohibida por la normativa local, ofrezcan lugares para estacionar o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de dinero u otro beneficio.
Las primeras sanciones contemplan entre dos y diez días de trabajo comunitario y la prohibición de concurrir al lugar donde se produjo la infracción. En casos de reincidencia, la norma establece arrestos de entre diez y veinte días. Las sanciones se agravan cuando existen violencia o amenazas, cuando la actividad se desarrolla en zonas de estacionamiento tarifado o en determinados sectores y horarios considerados especialmente sensibles.
También se incorporan agravantes cuando la actividad se desarrolla durante la noche, en zonas escolares, bancarias, comerciales o próximas a edificios públicos, así como durante eventos masivos. La normativa contempla además situaciones en las que exista un acuerdo previo entre dos o más personas y establece penas mayores para quienes sean identificados como organizadores o coordinadores.
Pero hay un punto central para Rosario: la sanción provincial no implica que desde ahora la prohibición comience a aplicarse automáticamente en toda la ciudad. La propia norma establece que los municipios deberán definir mediante sus regulaciones locales dónde y bajo qué condiciones queda prohibida la actividad.
El desafío que queda para Rosario
Ese aspecto traslada ahora la discusión al ámbito municipal. Rosario deberá determinar cómo adapta su normativa y cuáles serán los mecanismos de control, mientras que la Provincia podrá intervenir con sus fuerzas de seguridad cuando el gobierno local lo solicite.
La discusión también excede la cuestión estrictamente contravencional. Durante el debate legislativo, el propio Seisas planteó que el problema no podía abordarse únicamente desde la sanción y señaló la necesidad de generar alternativas para quienes llegaron a esta actividad por falta de oportunidades laborales. La ley establece, en ese sentido, medidas de prevención e inclusión social vinculadas con capacitación, formación en oficios e intermediación laboral, entre otras acciones.
En Rosario, donde los reclamos por cuidacoches forman parte desde hace años de las demandas vinculadas al uso del espacio público, el nuevo escenario abre una etapa distinta. Ya no se trata de discutir solamente si debe existir una regulación, sino de definir cómo se implementará, quién controlará su cumplimiento y qué alternativas tendrán quienes queden fuera de la actividad.
La sanción legislativa cierra una discusión en la Legislatura, pero no resuelve por sí sola el problema en las calles. Para Rosario, el próximo capítulo será municipal y pondrá a prueba la capacidad de transformar una norma provincial en una política concreta, con controles efectivos y herramientas que contemplen también la dimensión social del fenómeno.