La mesa política de la Casa Rosada reunió a los principales encargados de la estrategia oficialista antes del envío del proyecto de Presupuesto. Más allá de las proyecciones económicas, el debate pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para construir acuerdos parlamentarios y sostener su programa en un Congreso con una composición que obliga a negociar
La presentación del Presupuesto 2027 abrió una nueva etapa en la relación entre el Gobierno de Javier Milei y el Congreso. Antes del envío del proyecto a la Cámara de Diputados, la denominada mesa política de la Casa Rosada reunió a los principales referentes del oficialismo para ordenar la estrategia parlamentaria y analizar los principales lineamientos económicos que el Ejecutivo pretende convertir en ley.
El encuentro, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvo como uno de sus ejes centrales la iniciativa presupuestaria elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo. También estuvieron sobre la mesa otros proyectos que forman parte de la agenda oficialista, entre ellos la reforma electoral, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la iniciativa vinculada con la soberanía sobre las Islas Malvinas.
El Presupuesto finalmente ingresó a Diputados durante la noche del martes y plantea para 2027 un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno, una inflación promedio del 21,1% y un aumento del salario promedio del 25,4%. El Gobierno también proyecta mantener el superávit financiero por cuarto año consecutivo y alcanzar un resultado comercial favorable superior a los US$15.000 millones.
Una hoja de ruta económica que deberá atravesar la política
El valor del Presupuesto no se limita a las cifras macroeconómicas que contiene. En términos políticos, constituye una hoja de ruta para el último tramo completo de la administración antes de las elecciones presidenciales de 2027 y establece los parámetros con los que el oficialismo pretende administrar el gasto, sostener el equilibrio fiscal y profundizar su programa económico.
La continuidad del superávit aparece como uno de los pilares centrales. El Gobierno busca consolidar el equilibrio de las cuentas públicas como una política estructural y no como una herramienta transitoria, mientras proyecta al mismo tiempo una recuperación de la actividad y una desaceleración de la inflación.
Esa combinación será uno de los puntos que concentrará la discusión parlamentaria. Las proyecciones oficiales deberán ser contrastadas durante el debate con las estimaciones de los bloques opositores y con la evolución efectiva de las principales variables económicas. El Congreso no solamente deberá discutir cuánto y cómo se gastará, sino también los supuestos sobre los que se construyó la iniciativa.
El desafío de construir mayorías
La principal dificultad para el Gobierno aparece en el terreno político. La experiencia de los últimos meses mostró que La Libertad Avanza no puede trasladar automáticamente su agenda del Poder Ejecutivo al Congreso y que buena parte de sus proyectos requiere acuerdos con bloques que no integran formalmente el oficialismo.
El Presupuesto introduce una negociación particularmente sensible porque atraviesa prácticamente todas las áreas de la administración pública. Su tratamiento obliga a discutir partidas, prioridades y recursos, pero también puede convertirse en una negociación más amplia sobre las demandas de gobernadores y legisladores de las provincias.
La Casa Rosada llega a esta discusión después de atravesar distintas dificultades para reunir apoyos parlamentarios. En paralelo al Presupuesto, el oficialismo intenta avanzar con una agenda que incluye la reforma electoral y otros proyectos económicos e institucionales. La reforma electoral, en particular, ya comenzó a discutirse en el Senado y encuentra dificultades para reunir los votos necesarios.
Por eso, la reunión de la mesa política tuvo una dimensión que excedió la presentación de un proyecto económico. Funcionó también como una instancia para ordenar prioridades y establecer una estrategia frente a un Congreso donde la negociación será determinante.
El Congreso como escenario de una nueva etapa
El Presupuesto 2027 llega además en un momento político diferente al de los primeros años de la gestión libertaria. El oficialismo busca transformar la reducción del déficit y el equilibrio fiscal en políticas permanentes, mientras intenta ampliar su capacidad legislativa y consolidar alianzas que le permitan avanzar con reformas de mayor alcance.
El debate presupuestario será, en ese sentido, una prueba de funcionamiento político. Para el Gobierno, conseguir la aprobación significaría contar con una herramienta central para administrar el próximo ejercicio bajo los parámetros que considera prioritarios. Para la oposición y los bloques provinciales, el tratamiento será una oportunidad para discutir el impacto concreto de esas prioridades sobre las distintas áreas del Estado y sobre las economías regionales.
La negociación también pondrá en evidencia cuánto cambió la relación de fuerzas después de las últimas elecciones legislativas y hasta dónde el oficialismo logró convertir ese nuevo escenario en capacidad efectiva de decisión parlamentaria.
El proyecto ya está en manos de Diputados y el debate comenzará a desarrollarse en las próximas semanas. La discusión sobre las cifras será importante, pero detrás de ellas estará una cuestión política mayor: qué nivel de consenso puede construir el Gobierno alrededor de su programa económico y qué concesiones deberá aceptar para convertir su hoja de ruta en una política de Estado con respaldo parlamentario.