El exjefe de Gabinete había pedido suspender el plazo para responder 20 observaciones formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita. El juez Ariel Lijo finalmente le concedió una prórroga de 15 días para presentar la documentación
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni obtuvo una prórroga de 15 días para responder ante la Justicia por las inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti. El pedido había sido presentado por su defensa cuando estaba a punto de vencer el plazo original otorgado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
La investigación, que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, analiza el patrimonio del exfuncionario desde su ingreso al Gobierno nacional, en diciembre de 2023, hasta su salida del cargo en junio de 2026. La Fiscalía detectó una serie de movimientos, adquisiciones y gastos que, según sostuvo, todavía no encuentran una explicación suficiente en los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.
Veinte preguntas sobre el patrimonio
El requerimiento de Pollicita contiene 20 puntos que Adorni deberá responder. Entre ellos aparecen operaciones inmobiliarias, adquisición y refacción de propiedades, movimientos bancarios, utilización de efectivo, viajes al exterior, operaciones con criptomonedas y diferentes gastos realizados durante el período investigado.
Uno de los principales aspectos señalados por la Fiscalía surge de la comparación entre los ingresos y los gastos del matrimonio. Según el dictamen, ambos tuvieron ingresos comprobados por $229.752.283,20, mientras que los gastos registrados en pesos alcanzaron los $272.820.832,20. La diferencia asciende a $43.068.549.
A ese desfasaje se agregan gastos en moneda extranjera por US$402.578,12. La Fiscalía puso el foco, entre otras cuestiones, en fondos destinados a propiedades, obras de remodelación, mobiliario, alquileres temporarios y viajes.
Dólares, propiedades y criptomonedas
Entre las explicaciones requeridas aparece el origen de los dólares en efectivo declarados por Adorni, así como la documentación relacionada con préstamos familiares que el exfuncionario mencionó para justificar parte de sus movimientos patrimoniales.
También deberá aportar información sobre la compra de un vehículo Jeep y sobre el lote ubicado en el country Indio Cuá, cuya titularidad figura a nombre de su esposa.
Uno de los puntos que generó especial atención está relacionado con los aproximadamente US$245.000 que, según la investigación, fueron abonados al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación en esa propiedad. La Fiscalía pidió individualizar el origen de los fondos y aportar documentación que respalde las operaciones.
Otro capítulo está vinculado con las criptomonedas. Los investigadores buscan determinar el origen y la trazabilidad de fondos asociados a operaciones con activos virtuales y su correspondencia con las declaraciones patrimoniales presentadas por el exfuncionario.
La defensa pidió acceder a más elementos de la causa
El argumento central de la defensa de Adorni para solicitar la prórroga fue que todavía no había podido acceder a determinados documentos, archivos y conversaciones mencionados en el requerimiento fiscal.
En particular, sus abogados pidieron acceder a material relacionado con el teléfono del contratista Matías Tabar, cuyo contenido es considerado relevante para reconstruir las operaciones vinculadas con las obras realizadas en la vivienda.
La Justicia hizo lugar finalmente al pedido y concedió otros 15 días para que la defensa pueda revisar ese material y preparar la respuesta al requerimiento.
El próximo paso puede ser la indagatoria
La presentación de las explicaciones patrimoniales constituye una instancia clave de la investigación. Una vez que Adorni entregue la documentación, la Fiscalía deberá evaluar si las respuestas permiten despejar las inconsistencias detectadas.
Si los investigadores consideran que las explicaciones resultan insuficientes, Pollicita podría avanzar con un pedido de declaración indagatoria. La decisión final sobre una eventual convocatoria corresponde al juez Lijo.
Por ahora, la causa continúa en etapa de instrucción y Adorni no fue indagado ni condenado. La investigación busca determinar si las diferencias detectadas tienen una explicación patrimonial respaldada por documentación o si, por el contrario, existen elementos que permitan avanzar hacia una imputación formal.
Un frente judicial sensible para el exfuncionario
El expediente suma un nuevo frente de tensión para Adorni después de su salida del Gobierno. La dimensión política del caso está dada no sólo por el cargo que ocupó durante buena parte de la gestión de Javier Milei, sino también por el tipo de investigación: se trata de establecer si la evolución patrimonial de un exfuncionario puede ser explicada a partir de sus ingresos y operaciones lícitas.
El nuevo plazo otorgado por la Justicia posterga una definición inmediata y le permite a la defensa reunir documentación antes de responder las observaciones. El contenido de esa presentación será determinante para establecer si el expediente se encamina hacia el cierre de las sospechas o hacia una instancia judicial de mayor gravedad.
Contexto y antecedentes: La investigación comenzó a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y posteriormente incorporó distintas ampliaciones. El análisis patrimonial realizado durante la instrucción permitió a la Fiscalía formular 20 observaciones sobre operaciones y movimientos financieros del período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.