La Casa Rosada reconoció que recursos del impuesto a los combustibles son utilizados para contribuir al equilibrio de las cuentas públicas. La revelación profundiza las críticas contra Luis Caputo mientras crece el deterioro de las rutas nacionales
Una nueva controversia vuelve a poner bajo la lupa la política económica del gobierno de Javier Milei. Esta vez, el foco está puesto en el destino de los recursos que el Estado recauda a través del impuesto a los combustibles, un tributo vinculado al financiamiento de la infraestructura vial. En medio de cuestionamientos por el estado de las rutas nacionales, el propio oficialismo reconoció que una parte de esos fondos es utilizada para sostener el equilibrio fiscal.
La admisión fue realizada por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien confirmó que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no son destinados en su totalidad al mantenimiento y reparación de las rutas. Según explicó, una parte permanece dentro de la estrategia financiera del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
El argumento oficial es que la utilización de esos recursos forma parte de la estrategia general para preservar el equilibrio de las cuentas públicas. La explicación, sin embargo, abrió un nuevo frente de conflicto porque el fondo tiene un destino específico y porque la falta de inversión vial se volvió cada vez más visible en buena parte del territorio nacional.
El impuesto que pagan los automovilistas
El Sistema Vial Integrado se nutre, entre otros recursos, del Impuesto a los Combustibles Líquidos. El esquema fue creado para financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales, por lo que el destino de los fondos quedó en el centro de la discusión política.
El Gobierno sostiene que el manejo financiero de esos recursos permite contribuir al orden fiscal. Sus críticos plantean exactamente lo contrario: que el superávit se está sosteniendo mediante la postergación de obras que deberían financiarse con recursos ya recaudados específicamente para ese fin.
Informes y denuncias presentados en los últimos meses estimaron que más de un billón de pesos permanecen sin ejecutar en infraestructura vial y fueron colocados en instrumentos financieros. En abril, un grupo de diputados había calculado que la recaudación del impuesto a los combustibles había alcanzado $1,16 billones que no se habían traducido en obras viales.
Rutas deterioradas y obras que no llegan
La controversia adquiere mayor dimensión por el estado de las rutas nacionales. A la falta de mantenimiento se suma la paralización o demora de numerosas obras, mientras el Gobierno avanza con su esquema de concesiones de corredores viales y busca trasladar parte de las responsabilidades de infraestructura hacia otros actores.
Desde sectores opositores cuestionaron que el Estado recaude un impuesto asociado directamente al mantenimiento de los caminos y, al mismo tiempo, sostenga que no dispone de recursos para ejecutar las obras necesarias.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, fue uno de los dirigentes que salió a cuestionar públicamente la situación y sostuvo que los fondos que se cobran a través del impuesto a los combustibles deberían regresar a las rutas.
La oposición habla de un desvío de recursos
La revelación también generó una reacción política inmediata. Dirigentes opositores denunciaron que el Gobierno está utilizando fondos con asignación específica para sostener el resultado fiscal y reclamaron explicaciones sobre el manejo del SisVial.
La diputada Victoria Tolosa Paz, entre otros legisladores, apuntó contra Milei y Caputo y cuestionó que recursos destinados a infraestructura vial permanezcan colocados financieramente mientras las rutas atraviesan una situación crítica.
La discusión ya comenzó a adquirir además una dimensión judicial y parlamentaria, con pedidos de información y denuncias vinculadas al destino de los recursos.
Una contradicción que golpea al discurso oficial
El episodio expone una de las tensiones centrales del programa económico de Milei: el Gobierno reivindica el equilibrio fiscal como condición indispensable para estabilizar la economía, pero ese objetivo implica postergar gastos e inversiones que tienen consecuencias concretas sobre servicios e infraestructura.
En este caso, la discusión es particularmente sensible porque no se trata simplemente de decidir cuánto gastar. El cuestionamiento gira alrededor del destino de recursos que fueron recaudados bajo un impuesto asociado a una finalidad determinada.
La situación también plantea una pregunta política de fondo: si el Estado cobra a los usuarios de combustibles un impuesto para sostener las rutas, ¿puede utilizar esos recursos para otros objetivos mientras esas mismas rutas se deterioran?
El costo político del ajuste
El Gobierno apuesta a mostrar la disciplina fiscal como uno de los principales logros de su gestión. Pero cada vez que el costo de ese equilibrio aparece asociado a rutas deterioradas, obras paralizadas, hospitales con restricciones o servicios públicos debilitados, el discurso oficial enfrenta un problema adicional: explicar qué se está dejando de hacer para alcanzar ese resultado.
La polémica por los fondos viales vuelve a poner esa discusión sobre la mesa. La Casa Rosada reivindica el equilibrio fiscal; sus críticos sostienen que parte de ese resultado se consigue reteniendo recursos que deberían transformarse en infraestructura.
Mientras tanto, los usuarios continúan pagando el impuesto cada vez que cargan combustible y las rutas nacionales siguen esperando mantenimiento. Esa contradicción promete convertirse en uno de los nuevos frentes de disputa política entre el Gobierno y las provincias, especialmente a medida que avance el proceso de concesión de corredores viales y crezcan los reclamos por el deterioro de la red nacional.