El balance de la empresa de Marcos Galperin expuso un dato que vuelve a poner en discusión la política de subsidios y beneficios fiscales del Gobierno de Javier Milei. En seis meses, la compañía habría obtenido ventajas por unos $68.000 millones entre impuestos y contribuciones que dejó de pagar
El discurso oficial de reducción del gasto público y eliminación de subsidios vuelve a quedar bajo la lupa a partir de los números presentados por Mercado Libre. Según un análisis publicado por La Política Online sobre el balance correspondiente al primer semestre de 2026, la empresa fundada por Marcos Galperin recibió beneficios del Estado argentino por alrededor de $68.000 millones durante los primeros seis meses del año.
El dato adquiere una dimensión política particular por la relación pública entre Galperin y el gobierno de Javier Milei. El empresario se convirtió en uno de los principales respaldos del oficialismo en el ámbito privado y suele defender las políticas de desregulación, reducción del gasto y disminución de la presión tributaria impulsadas por la administración libertaria.
Sin embargo, el caso vuelve a instalar una pregunta incómoda para el Gobierno: qué entiende por subsidio y quiénes son los beneficiarios efectivos de las políticas de reducción de impuestos y cargas estatales.
Beneficios fiscales y un discurso en tensión
De acuerdo con la información difundida a partir del balance de Mercado Libre, durante el primer semestre la compañía se habría ahorrado unos $43.500 millones en el pago del impuesto a las Ganancias, mientras que otros beneficios vinculados con contribuciones sociales completarían el monto estimado de $68.000 millones.
No se trata necesariamente de una transferencia directa de dinero del Tesoro a la empresa. El concepto utilizado en el análisis refiere a beneficios fiscales y aportes que la compañía deja de afrontar debido al régimen vigente. La diferencia es relevante, pero no elimina el debate político sobre el costo que esas ventajas representan para las cuentas públicas.
La discusión cobra mayor fuerza en un contexto en el que el Gobierno sostiene como uno de sus principales objetivos alcanzar y preservar el superávit fiscal mediante el recorte del gasto y la reducción de distintas partidas estatales.
Galperin, un aliado del Gobierno
Mercado Libre y su fundador mantienen una relación especialmente cercana con el oficialismo. Galperin ha respaldado públicamente las reformas impulsadas por Milei y se convirtió en una de las figuras empresariales más identificadas con el proyecto libertario.
Esa cercanía vuelve particularmente sensible cualquier información relacionada con beneficios fiscales para la compañía. El interrogante político no pasa solamente por cuánto deja de recaudar el Estado, sino también por la coherencia entre el tratamiento otorgado a una de las empresas de mayor crecimiento del país y el ajuste aplicado sobre otros sectores de la economía.
El contraste resulta especialmente visible cuando se compara el discurso oficial sobre los subsidios destinados a sectores considerados ineficientes con los incentivos y beneficios que alcanzan a grandes compañías privadas.
El debate sobre quién paga el ajuste
El caso Mercado Libre vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa toda la política económica de Milei: quiénes absorben el costo del ajuste y quiénes quedan protegidos o beneficiados por las decisiones del Estado.
La administración libertaria sostiene que la reducción de impuestos y cargas contribuye a generar inversión, empleo y crecimiento. Desde esa perspectiva, los beneficios fiscales otorgados a empresas pueden ser presentados como incentivos para la actividad económica y no como subsidios tradicionales.
La cuestión política aparece cuando esos beneficios conviven con recortes en áreas sensibles, reducción de transferencias a provincias, menor inversión pública y una política de fuerte contención del gasto.
El dato de los $68.000 millones, por lo tanto, excede el balance de una compañía. Reabre la discusión sobre el modelo económico que impulsa el Gobierno y sobre una de sus principales promesas: reducir la intervención estatal. La pregunta que queda instalada es si el Estado realmente se retira de la economía o si, en determinados casos, cambia la forma de intervenir y decide a quién beneficia.


























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