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La Corte ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y le puso un límite al Gobierno

En un fallo de alto impacto político e institucional, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con los artículos principales de la Ley de Financiamiento Universitario, rechazando el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.

La decisión mantiene vigente la orden judicial que exige actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de recomponer las becas estudiantiles contempladas por la ley aprobada por el Congreso, una norma que el presidente Javier Milei había vetado y cuya aplicación posteriormente intentó condicionar mediante un decreto.

Aunque el máximo tribunal no resolvió todavía la cuestión de fondo, sí dejó claro que el Estado no puede suspender provisionalmente una ley sancionada por el Congreso mediante un recurso procesal que no reúne los requisitos para llegar a esa instancia judicial. De esa manera, la cautelar continuará vigente mientras avanza el expediente principal.

Un nuevo capítulo en la disputa entre poderes

La resolución vuelve a colocar en el centro del debate los límites de las facultades del Poder Ejecutivo frente a leyes aprobadas por el Parlamento.

El conflicto comenzó luego de que el Congreso insistiera con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario tras el veto presidencial. Una vez promulgada, el Gobierno dictó un decreto que supeditaba su aplicación a la existencia de recursos presupuestarios específicos, una decisión cuestionada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y por numerosas universidades nacionales.

La Justicia Contencioso Administrativa había considerado que esa decisión vulneraba el principio constitucional según el cual una ley vigente debe ser cumplida por el Poder Ejecutivo, y ordenó la aplicación inmediata de los artículos referidos a salarios y becas. Ahora, la Corte decidió mantener esa protección judicial.

Un respaldo institucional más allá del impacto económico

En términos presupuestarios, el fallo llega cuando parte del conflicto ya había sido parcialmente desactivado mediante un acuerdo firmado semanas atrás entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades nacionales, que contempla una recomposición salarial, incrementos en los gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios. Sin embargo, ese entendimiento no reemplaza la obligación legal establecida por el Congreso ni modifica el proceso judicial en curso.

Por ese motivo, especialistas consideran que el principal efecto de la decisión de la Corte es institucional. El tribunal evita pronunciarse aún sobre la constitucionalidad del decreto cuestionado, pero al mismo tiempo ratifica que la ley continúa produciendo efectos mientras la causa se resuelve definitivamente.

La universidad pública vuelve al centro de la agenda

La resolución representa un nuevo respaldo para las universidades públicas, que durante los últimos dos años protagonizaron multitudinarias movilizaciones en defensa del financiamiento del sistema educativo y denunciaron la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores, además del deterioro presupuestario de las casas de estudio.

Para el Gobierno nacional, en cambio, el debate continúa abierto. La discusión de fondo sobre la validez del decreto y sobre el alcance de la Ley de Financiamiento Universitario seguirá su recorrido judicial, pero con una señal política difícil de ignorar: por ahora, la Corte entiende que la ley debe cumplirse.

En un contexto de permanente tensión entre el Ejecutivo, el Congreso y distintos sectores del sistema universitario, el fallo suma un nuevo capítulo a una disputa que trasciende el presupuesto y se proyecta sobre el equilibrio entre los poderes del Estado y el alcance de las decisiones adoptadas por el Parlamento.