Organizaciones sociales, ambientalistas y dirigentes políticos pidieron la nulidad del proceso en Diputados por irregularidades, exclusión masiva de participantes y presuntos vínculos con intereses mineros en el debate de la reforma de la ley.
La audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares quedó envuelta en una fuerte polémica tras denuncias de irregularidades, restricciones en la participación y cuestionamientos al rol de funcionarios vinculados al sector minero.
Según distintas voces opositoras y ambientales, el proceso fue calificado como una “farsa” debido a la exclusión de miles de inscriptos —más de 120 mil personas— de las cuales sólo una mínima parte pudo exponer, mientras el resto fue relegado a formatos sin posibilidad de debate real. A esto se sumaron críticas por cambios en las reglas de participación, acceso limitado y falta de transparencia en el desarrollo de las jornadas.
En paralelo, se cuestionó la presencia y el posicionamiento de la senadora salteña Flavia Royón, a quien sectores denunciantes acusan de responder a intereses mineros más que a la representación provincial. En ese contexto, referentes como la autora de la ley original, Marta Maffei, advirtieron sobre la “profunda ilegitimidad” del proceso y alertaron que la reforma implicaría un retroceso en la protección ambiental, habilitando actividades extractivas en zonas sensibles y poniendo en riesgo reservas estratégicas de agua.